El Consejo de la Magistratura prepara el cierre de la investigación contra el juez federal Luis Rodríguez, acusado de haber cobrado un soborno

El Consejo de la Magistratura cerrará una de las investigaciones de presunta corrupción judicial más resonantes de 2019. Si no se presentan cambios de última hora, el kirchnerismo votará mañana la desestimación de la denuncia contra el juez Luis Rodríguez, acusado de haber recibido un soborno de Daniel Muñoz, valijero de la familia Kirchner, para beneficiarlo en un expediente.

La desestimación, que está prácticamente lista desde hace meses, será tratada mañana en la reunión virtual que hace el Consejo y no tendrá inconvenientes en ser aprobada, según pudo reconstruir LA NACION. El kirchnerismo ya reunió mayoría simple para aprobarla, un número que alcanza holgado tanto en la comisión como en el plenario. A pesar de que dentro de la oposición hay quienes dicen que la investigación fue "superficial", la idea entre los consejeros no oficialistas era anoche abstenerse.

El dictamen será presentado por el académico Diego Molea, un consejero que ingresó al organismo cerca del macrismo pero que tras la victoria electoral del kirchnerismo se acercó a ese espacio. La investigación que presenta Molea, que se basó en las declaraciones juradas que presentó Rodríguez ante el Consejo, no permitieron constatar, en 15 meses de búsqueda, la presencia de un incremento patrimonial del juez Rodríguez. "En base a la prueba solicitada y producida se concluye que ninguno de los cargos ha quedado acreditado", afirma el proyecto.

A ese argumento se le agregó, en marzo pasado, una decisión de la Justicia sobre la que se apoyó la investigación de Molea. El juez Sebastián Casanello sobreseyó a Rodríguez en la causa penal por la acusación del supuesto soborno, a instancia del fiscal Gerardo Pollicita, que sostuvo que no había delito para continuar con la investigación que involucraba al magistrado. Sin impulso fiscal, ya no había investigación posible.

Tal como reveló LA NACION en febrero de 2019, Pochetti había asegurado ante el juez Claudio Bonadio que Muñoz, su marido, le contó que ella no debía preocuparse por la investigación que desarrollaba el juez Rodríguez porque él le había pagado un soborno de US$10 millones para que lo beneficiaran en ese expediente.

El juez Rodríguez investigaba a Muñoz y Pochetti por el presunto lavado de US$60 millones de dólares. Durante el trámite de la causa, el magistrado tomó decisiones que beneficiaron a los acusados, como cuando concedió la eximición de prisión para Pochetti y cuando se negó a congelar sus fondos en el exterior. Tras esa decisión, la viuda —acusada de ser prestanombre de los Kirchner- movió el dinero en paraísos fiscales y, así, evitó la confiscación de buena parte de sus bienes.

Pochetti fue un paso más allá en su declaración y dijo que, siempre según le había contado su marido, el juez Rodríguez pactó el allanamiento de su domicilio y que, además, le recomendó vender las propiedades que tenía en el exterior. "[Muñoz] me dijo que unos abogados amigos, con llegada al juez Rodríguez, nos podían dar una mano. Cuando salió lo de los Panamá Papers, mi marido les pagó a [el abogado, Miguel] Plo y al juez Rodríguez una suma importante de dinero. Me dijo que le había pagado 10 millones de dólares para arreglar al juez y a los abogados para que ellos me defiendan", dijo la viuda ante la Justicia.

La acusación se transformó en escándalo y se presentaron cuatro denuncias en el Consejo, entre ellas, de diputados de la Coalición Cívica y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para investigar la situación patrimonial del juez. A pesar de estas afirmaciones, que constan en el acta judicial, el Consejo cerrará la investigación sin haber escuchado a Pochetti como testigo, ya que nunca fue citada como parte de la investigación.

El Consejo también rechazó analizar las decisiones que tomó el juez Rodríguez en el expediente judicial que terminaron por beneficiar al matrimonio Muñoz-Pochetti al entender que no tiene potestades para evaluar la conducta de los magistrados dentro de un expediente. En cambio, el Consejo decidió avanzar sobre su patrimonio.

Rodríguez declaró un patrimonio de $5.8 millones en 2018, los últimos datos disponibles. Informó la mitad de una casa con pileta construida sobre dos terrenos en un barrio privado de Escobar cotizada en $1.7 millones y es titular, además, de la mitad de un departamento de 215 m2 sobre la avenida Santa Fe. El juez incluyó este año la camioneta Audi Q5 adquirida durante 2018 con un valor de casi $1.5 millones.