El Consejo de la Magistratura rechazó tratar la nulidad de un concurso de jueces y dijo que está en manos de la Justicia y el Gobierno

El Consejo de la Magistratura rechazó tratar un pedido para anular un concurso de jueces en lo civil ante una denuncia que realizó la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que entendió que hubo irregularidades en el proceso para elegir a los candidatos.

Ezequiel Nino, titular de ACIJ, una organización que brega por una Justicia transparente, realizó una presentación dirigida al presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, en la señaló irregularidades y casos de presuntos plagios en los exámenes de ese concurso.

Si embargo, la presidenta de la Comisión de Selección, la consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Universidad de Lomas de Zamora, afirmó que el concursos se efectuó con todas las previsiones legales, que lo mismo ocurrió con la corrección, que luego se votó en audiencia pública la terna en plenario y que los candidatos fueron elevados al Poder Ejecutivo. Por lo que interpretó que el asunto ya no está en manos del Consejo de la Magistratura y que, a lo sumo, el único órgano que puede anular un concurso es la Justicia, donde ya hay una presentación.

En una nota dirigida a Rosatti, Vázquez rechazó que hubiera existido plagio en los exámenes y recordó que los postulantes cuando van a rendir ya saben el temario posible y que está permitido que acudan al examen con fallos de doctrina y jurisprudencia, los que pueden citar y utilizar para fundamentar su caso. El Consejo reenvió esa nota como respuesta a la denuncia de ACIJ.

En el caso del Concurso 420, que es el cuestionado, el Consejo dijo que todos los jurados Juan Carlos Martín, María Carolina Fabre y Juan Pablo Orquera, participaron en la redacción de la consigna y que la corrección fue suscripta por el juez Juan Martín Alterini –que falleció durante la pandemia– y a la que adhirieron sus colegas. Aclaró el Consejo que no surge del acta lo que denuncia ACIJ acerca de que algunos postulantes advirtieron que el caso sorteado era uno real, que habría sido resuelto por el propio Alterini como magistrado, y que por eso pidieron un nuevo sorteo.

Los exámenes se basan en casos imaginarios o reales y, desde la modificación del reglamento de concursos, los postulantes pueden concurrir a los exámenes con bibliografía, legislación, doctrina y jurisprudencia. Llevan, de hecho, abultadas valijas y numerosos biblioratos. Una vez publicado el temario, los candidatos llevan material de esos tópicos y usualmente se trata de fallos de los mismos jueces que son jurados.

Por eso es que el Consejo rechazó que hubiera existido plagio, pues lo que ocurre es que se cita esa jurisprudencia o se acude a esos casos para resolverlos de la misma manera. Lo contrario implicaba memorizar las citas y el Consejo quiso acabar con esa tendencia y priorizar el análisis jurídico.

“En numerosos concursos ha ocurrido y ocurre que, cuando se trata de la resolución de situaciones de gran especificidad técnica, o bien que han resultado de tratamiento puntual en un antecedente del fuero al que pertenecen las vacantes concursadas, algunos postulantes coinciden en la utilización del precedente jurisprudencial, lo que genera que en los exámenes haya citas y párrafos similares (e incluso idénticos). Todo lo cual resulta valorado por el jurado”, dijo Vázquez.

Por eso el Consejo enumeró todo el trámite de este concurso y dijo que “se trata de una resolución del Plenario, adoptada a partir de las competencias que le asigna la Constitución Nacional, la ley reglamentaria y los reglamentos administrativos que el Cuerpo ha dictado en consecuencia, y dada en el marco de una sesión pública habilitada con el quorum legal y orden del día anunciado, cuyos efectos se encuentran en plena ejecución”.

Por eso mencionó que “los efectos actuales de la resolución cuestionada se corresponden con competencias de los otros dos poderes del Estado Nacional, lo que evidencia el total agotamiento de la competencia de este Consejo”. Es decir, que la terna está en manos del Poder Ejecutivo, que debe enviar sus candidatos al Senado y, eventualmente, la justicia es la única habilitada a anular el concurso.

“La privación de efectos o modificación de la resolución dictada por este Consejo sólo podría resultar producto de una intervención jurisdiccional”, dijo la consejera Vázquez. Y señaló que hay una causa iniciada por María Laura Prada Errecart cuestionando el trámite.

“Todo el procedimiento se ajustó a las pautas legales y reglamentarias vigentes”, insistió Vázquez y enumeró que fue un concurso público, controlado por los interesados, que las sesiones de la Comisión de Selección se transmitieron en vivo por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura, que las entrevistas personales de los postulantes fueron públicas, del mismo modo que las audiencias públicas de los ternados con el Plenario.

El concurso bajo sospecha fue impulsado para cubrir los cargos en los Juzgados Nacionales en lo Civil Nº19, 22, 44, 62, 66, 69, 80 y 110 de la Capital Federal, y aprobado en abril del año pasado. Las ternas se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo para que eventualmente sean enviadas al Senado.

Por eso mismo, además de solicitar al Consejo de la Magistratura que declare nula la resolución 5/2023 que fue dictada tras el concurso, la organización elevó otra presentación dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, en la que se solicita que el expediente sea remitido nuevamente al Consejo, para que se inicie una investigación interna.

Por Hernán Cappiello

• Consejo de la Magistratura
• Justicia Federal
• Mariano Cúneo Libarona

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