El fin de la pauta oficial está cambiando drásticamente el mapa de medios

Los medios de comunicación sostenidos con millones de pesos de la pauta oficial durante la década kirchnerista no sobrevivieron ni tres meses al cambio de gobierno. Su implosión está provocando una ola inédita de despidos y la desaparición de empresas periodísticas recientes que no lograron ser sustentables sin los fondos estatales y de antiguas marcas que en los últimos años habían sido adquiridas por empresarios kirchneristas. Detrás de las urgencias que plantea la crisis de los "pautadependientes" se esconden posibles hechos ilícitos que comprometen fondos públicos y que hasta el momento nadie parece dispuesto a investigar, ni la Justicia ni la nueva administración.

El gobierno del presidente Mauricio Macri prevé recortar a la mitad -y tal vez más- el gasto en publicidad oficial, decisión que se aplicará también en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal. Dadas las restricciones financieras que aquejan a todas las provincias y al hecho de que este no será un año electoral, el recorte también llegará a los gobiernos distritales y a los municipios. En concreto, habrá miles de millones de pesos menos en avisos oficiales. En 2015, entre los avisos cursados por la jefatura de gabinete, la Anses, la AFIP y la empresas estatales, se estima que el gasto total fue de más de 3214 millones de pesos. Sólo la jefatura de gabinete gastó el año pasado $ 2200 millones.

El cóctel se completa con un dato relevante: tanto la anterior administración nacional de Cristina Kirchner como la del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli dejaron $ 800 millones cada una de publicidad contratada impagos (es decir, un total de $ 1600 millones, que sumaba un atraso de varios años). Según informó LA NACIÓN el año pasado, entre julio de 2009 y julio de 2015, la jefatura de gabinete distribuyó $ 6578,9 millones en pauta oficial (a valores nominales, es decir sin considerar inflación), y sin incluir organismos descentralizados. De esos recursos, la mitad se concentró en quince grupos de medios, doce de los cuales pueden caracterizarse claramente como empresas kirchneristas.

"No creo en el relato: el único relato es la realidad. Lo otro es todo verso y toneladas de plata pública destinadas a eso. Nosotros recibimos casi $ 800 millones de deuda de publicidad, que dejó el gobierno pasado a los medios solamente en la jefatura de Gabinete; la dimensión de la locura de la publicidad estatal hay que pararla, después tratar de hacerla transparente. Hay que distribuir democráticamente en todos los medios los anuncios del Gobierno. No hay más periodistas financiados por el Gobierno", afirmó el jefe de gabinete, Marcos Peña, el lunes en el programa Animales Sueltos de América TV (empresa del grupo Manzano-Vila, uno de los más beneficiados en el reparto kirchnerista de los últimos años).

Desde la asunción del gobierno del presidente Mauricio Macri, la secretaría de Comunicación Pública, a cargo de Jorge Grecco, mantuvo reuniones con distintos actores para avanzar en un nuevo esquema de distribución de la publicidad oficial. Por esos encuentros pasaron los directivos de distintos medios, los responsables de las principales cámaras del sector y entidades profesionales, y hasta el relator de la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza. Tal como afirmó Peña, la deuda del estado nacional en concepto de publicidad oficial es de $ 800 millones y en algunos casos se trata de facturas viejas, de 2011 y 2012 en adelante. El año pasado, el presupuesto inicial para publicidad oficial fue de $ 800 millones pero mediante reasignaciones presupuestarias (gracias a los "superpoderes") terminó en $ 2200 millones sólo considerando el presupuesto de la jefatura de gabinete. Para 2016, el presupuesto que dejó aprobado el kirchnerismo se fijó en $ 1500 millones y el gobierno de Cambiemos espera descontar de allí los $ 800 millones adeudados. "Ahí está el recorte a la mitad", dijo una fuente oficial que trabaja en el área encargada de administrar esos recursos. No sólo son medios de comunicación quienes reciben publicidad oficial, también hay productoras, periodistas, intermediarios y entes a los que se subsidió con esos recursos, como federaciones deportivas.

En gobierno prorrogó en diciembre pasado los decretos que permiten el canje de deudas previsionales e impositivas por pauta oficial. Esa prórroga ("la última", según prometen en el gobierno), vence el 31 de marzo. Entonces, el que no se haya inscripto ya no podrá reclamar. La situación es tan irregular que hay medios que se adhirieron a ese canje con la jefatura de gabinete -es decir, pagan sus deudas con pauta- pero que siguieron ingresando pauta oficial -en efectivo- a través de otros organismos públicos, como la Anses o el Banco Nación. A todo esto se suma el factoring o cesión de facturas, algo habitual en las relaciones comerciales con el Estado -que habitualmente demora sus pagos-. Conglomerados como el Grupo Veintitrés, tienen la mayor parte de sus facturas cedidas -y por eso, en el Gobierno afirman que aún no se le pagó "ni un peso" a Sergio Szpolski, pero que antes del recambio había $ 80 millones en pagos ya devengados-. En el caso de la pauta oficial nacional, el descuento por cesión de factura es del 30%.

Los restos menores del extinguido grupo Veintitrés se fusionaron en Indalo Media, la división de medios del conglomerado que encabeza Cristóbal López, que recogió otros restos de la maquinaria comunicacional kirchnerista: sumó a Sergio Szpolski y sus presuntos "inversores" -el abogado Darío Richarte y el auditor Javier Fernández, aunque este último lo niega-, e integró a la productora la Corte, Pensado Para Televisión (PPT) y el grupo Ámbito Financiero, entre otras empresas que tuvieron al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner como principal cliente.

"Lo que está en estudio es cómo hacer rentables todos los medios que se compraron", dicen en el grupo Indalo, frase que explica por qué la semana pasada la empresa decidió despedir 118 de los 160 empleados de CN23, la señal de noticias fundada por Sergio Szpolski -que fue candidato kirchnerista a intendente de Tigre en la última elección, en la misma boleta que llevó al entonces presidente de la Afsca Martín Sabbatella como postulante a vicegobernador-. En ese caso, el ministerio de Trabajo aplicó la conciliación obligatoria y el conflicto quedó congelado hasta esta semana, pero la empresa sostuvo que no habrá reincorporaciones. Una curiosidad: quien se presentó como presidente de CN23 en Trabajo es Roberto Flores, un empleado administrativo que figura como accionista en varias empresas de Szpolski y que colecciona miles de cheques rechazados con su firma.

Indalo ya operaba la señal informativa C5N -comprada a Daniel Hadad en 2012- en un mercado en el que hay no menos de ocho canales de ese tipo. Ningún país de la región tiene más de cuatro señales de noticias. Ahora dicen que ese canal se convertirá en una señal enfocada en el conurbano bonaerense, y en la propaganda política y necesidades comunicacionales de los intendentes kirchneristas. Malas noticias para QM Noticias, señal informativa con sede en La Plata que también creció al calor de la pauta oficial y que se enfocaba en el mismo nicho. También disputado desde siempre por Crónica TV.

El estallido del conflicto laboral en CN23 frenó otra decisión de ajuste en Indalo: despedir 80 empleados de PPT, la productora que inventó la propaganda kirchnerista 678 (hecha por privados pero difundida hasta diciembre pasado por el canal estatal). También trascendió que López analiza discontinuar la edición impresa del periódico Buenos Aires Herald justo en el año de su 140° aniversario (antes de pertenecer a Indalo, el diario pasó por las manos de Szpolski y Orlando Vignatti, anterior dueño de Ámbito). El periódico, que por años supo tener casi como único anunciante a la Anses y cuya dirección tuvo un papel polémico en el tratamiento inicial de la noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman -su periodista Damián Pachter terminó yéndose a vivir a Israel-, podría recluirse a su edición web y reducirse a un semanario en papel. Esta semana, el ex titular de la Anses y diputado nacional Diego Bossio, afirmó que el organismo previsional sólo destinaba un presupuesto a cada empresa de medios y que luego era la jefatura de gabinete o la propia presidenta Cristina Kirchner quienes decidían en qué periódico o programa se incluían los avisos.

La racionalización en Indalo Media alcanzó incluso a los medios que Cristóbal López tiene en su pago chico, Comodoro Rivadavia. El domingo pasado, el diario Patagónico no se publicó y la empresa anunció el pago en cuotas de los salarios. La crisis alcanza a todos los medios que López -que hasta 2012 se resistió a tener empresas de comunicación propias- tiene en esa ciudad petrolera y que incluyen FM Radio del Mar y Canal 9 de TV abierta. En total, unos 90 empleos están afectados.

Según información a la que accedió LA NACIÓN, en 2015, el Estado nacional le adeuda al grupo Indalo $ 27 millones al 2 de marzo en concepto de pauta oficial. Según un relevamiento de este diario sobre información oficial, los medios que actualmente pertenecen a Indalo sumaron pauta oficial por $158,6 millones entre julio de 2009 y junio de 2015. A eso hay que sumarle los 106,6 millones que en el mismo período sumó el grupo Ámbito Financiero, empresa adquirida por López en 2015. Pero otras cifras que circulan entre empleados de los medios que ahora son de Indalo indican que esas empresas sumaron sólo en 2015 más de 150 millones de pesos en publicidad del Estado nacional.

Al 2 de marzo, el Estado federal tiene una deuda con el grupo Szpolski-Garfunkel de $ 82 millones. El diario Tiempo Argentino no recibe pauta oficial desde septiembre pasado. Pero desde antes, muchas facturas emitidas por las empresas del grupo Veintitres habían sido cedidas en favor de varios bancos. En sus negocios siempre controvertidos, Szpolski ha recibido un trato privilegiado de los bancos Macro, Mariva y Credicoop, tal como narra Alejandro Alfie en su biografía del empresario, "Los agentes de Néstor y Cristina".

En el período julio 2009-junio2015, el grupo Szpolski-Garfunkel recibió al menos $ 814,9 millones. Se aclara "al menos" porque esos ingresos se dieron por siete empresas que ese conglomerado sui generis reconce como propias pero existen fuertes indicios de que ese grupo ingresó pauta oficial a través de terceras empresas.

Las hilachas del grupo Veintitrés -donde también crece la puja entre los antiguos dueños- dejaron a la intemperie a los empleados del diario Tiempo Argentino y Radio América. Movilizados por el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), esos trabajadores reclaman la intervención del gobierno de Mauricio Macri. "Nadie nos echa, nadie nos paga", resumió a LA NACIÓN un periodista del diario. Son no menos de 400 personas las afectadas en la radio y el diario. Por fuera del sindicato, algunos de ellos avanzan en una demanda colectiva contra los dueños. Para eso, están tratando de confirmar quiénes son. En enero se informó de la venta de esos medios a Mariano Martínez Rojas, que prometió pagar los sueldos y reconstruir las empresas pero resultó ser sólo un fantasma dispuesto a dar entrevistas. Szpolski ya le confirmó a algunos empleados que busca otro comprador, lloró (o eso parecía) y acusó a Martínez Rojas de haberlo estafado. Tiempo Argentino ya no se imprime y AM América sólo emitió durante 20 días su señal portadora y ahora transmite música y comunicados gremiales. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) analizó el caso pero descartó intervenir por el momento. En el análisis técnico jurídico se llegó a la conclusión de que una intervención podría terminar beneficiando a los anteriores propietarios.

La disputa entre los socios del grupo Veintitrés entró en fase de cartas documentos cruzadas. Garfunkel desconoció todas las ventas y se lo hizo saber por ese medio a quienes considera sus socios: Szpolski, Darío Ricarte (ex N° 2 de la Side, ex vicerector de la UBA y actual vice 3ero de Boca Juniors, lo que lo vincula al actual gobierno a través de Daniel Angelici; y Javier Fernández, auditor general de la Nación y apodado "operador judicial del kirchnerismo"). Richarte no aceptó las cartas documento alegando que no era su domicilio el que figuraba en ellas y Fernández las aceptó, nombró apoderado a Jorge A. Mazzaglia -vinculado en el pasado con Alfredo Yabrán- y las rechazó enfáticamente. Szpolski, Fernández y Richarte tendrían otros negocios en conjunto, como los alfajores Balcarce, según dijeron a LA NACIÓN dos fuentes, una empresaria del ex grupo Veintitrés y otra periodística de la misma empresa.

Quien también salió a explicar su posición en los últimos días es Mario Pergolini, que en 2011 acordó con el grupo Veintitrés la capitalización de su proyecto FM Vorterix a cambio de la mitad de la empresa. Ese 50% es el que Szpolski aportó a Indalo Media (junto con el diario gratuito El Argentino y CN23) para quedar como socio minoritario (él y "sus inversores", como los llama) de los medios de López. Ante una consulta sobre el conflicto por Twitter, Pergolini explicó "Vorterix está al día con sus deudas. No hubo paro y luchamos por la independencia administrativa e ideológica. Intenté crecer dentro de lo correcto. Yo soy el aval de que eso pase y doy la cara todos los días. De más está decir que hubo cambios societarios y que esa independencia sigue existiendo y que se quiere replicar lo bueno que hicimos". En las últimas semanas, el ex grupo Veintitrés transfirió FM Rock & Pop a Fenix Entertainment Group, que seguramente hará sinergia con su negocio de organización de espectáculos tal como en su momento hicieron Daniel Grinbank (creador de la emisora) y el grupo mexicano CIE (que en 2009 fue obligado a desprenderse de las radios que operaba en el país). Es incierto el panorama en AM Splendid, una de las emisoras históricas que también operaba Szpolski.

Tras el recorte en la pauta oficial, en las radios tradicionales porteñas el panorama es desolador. Un relevamiento de la organización Intersindical Radial da algunas pistas. A pedido de los gremios, el Ministerio de Trabajo advirtió a los empresarios Sergio Szpolsky, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas de que usará la fuerza policial para garantizar su presencia en las audiencias. En Radio Rivadavia -propiedad de Luis Cetrá pero vinculada a Enrique Coti Nosiglia desde los tiempos de Raúl Alfonsín- se pagan los salarios en cuenta gotas, dejó de emitirse del Rotativo del Aire, el más tradicional informativo radial del país. A fines del año pasado, Cetrá le avisó a la entonces Afsca su intención de devolver la licencia de la emisora, algo que ya debería haber ocurrido si se tiene en cuenta que la empresa licenciataria está en concurso de acreedores desde hace años y está en disputa quiénes son sus verdaderos dueños. Cetrá ingresó entre 2009 y 2015 $ 45,6 millones en pauta oficial.

La crisis de la radio alcanza a las emisoras de la Iglesia Católica, cuyos obispos apoyaron en 2009 la sanción de la ley de medios audiovisuales precisamente porque les aseguraba la tenencia de las emisoras que ya operaban y les permitía acceder a nuevas frecuencias a simple demanda y sin vencimiento.

Los socios de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, están intentado superar su experiencia en medios porteños (en Córdoba les está yendo un poco mejor, luego de conquistar a Sergio Zuliani y Omar Pereyra, que perfilaban para ser los sucesores de los legendarios Mario Pereyra y Rony Vargas en Cadena 3, probablemente la radio más escuchada del país).

El canal 360 TV, en cuya creación participaron los ex Telefe Claudio Villarruel y Bernarda Llorente, está en venta. Aunque no tiene licencia para emitir en TV abierta digital -como lo hace desde 2011- ni está en la grilla analógica del cable -porque Cablevisión rechazó incluirlos con el argumento de que ya no hay espacio-, sus dueños piden US$ 9 millones. En Radio del Plata, la emisora que le compraron a Marcelo Tinelli en 2008, y de la que rápidamente eyectaron a Nelson Castro, los salarios se están pagando en cuotas semanales. Los medios de Electroingeniería ingresaron pauta oficial por 57,1 millones entre 2009 y 2015.

En Twitter, red social en la que es muy participativo, Ferreyra lamentó que los propios empleados de Radio Del Plata convoquen a huelgas.

La situación de Página 12 es más prolija, en parte porque hizo una previsión de pauta oficial que le permitiese sobrevivir al menos seis meses. Tal como anticipó LA NACION en diciembre pasado, Editorial La Página SA se fusionará con la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios, entidad del sindicato de encargados que lidera Víctor Santa María. Será toda una novedad tanto para el derecho como para los negocios la fusión de una empresa privada con una entidad sin fines de lucro. Octubre, cuyo CEO es Francisco Meritello, opera las radios AM 750 y FM Malena 89.1, las revistas El Planeta Urbano y Caras y Caretas, el semanario Diario Z, dos salas de artes escénicas y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet). En una entrevista con Perfil, Santa María prometió "no intervenir en la línea editorial del diario", pero sí se espera una reestructuración y modernización de la empresa, que requiere una transformación digital urgente. No se habla por el momento de despidos, pero sí de jubilaciones: en el diario habría no menos de 80 personas en situación de jubilarse. En diciembre pasado, Octubre fue acusado por el Sipreba de cerrar las revistas PIN (infantil) y Pichuco (de tango) y despedir a cuatro empleados. Directivos de Octubre ya pasaron por la Casa Rosada para pedir publicidad oficial, y la respuesta que llevaron no les satisfizo: habrá, pero será mucho menos de lo que venían recibiendo.

Entre 2009 y 2015, Página 12 ingresó $ 248,1 millones y ocupó el 5to puesto entre los más beneficiados. La Fundación Octubre recibió $ 33,5 millones en el mismo período.

El grupo Crónica, liderado por los hermanos Alejandro y Raúl Olmos, tenía también la situación medianamente bajo control. Su cercanía con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros gremios de la CGT kirchnerista, liderada por Antonio Caló, no estaría siendo suficiente para sostener su estructura y la semana pasada anunció 12 despidos en Crónica TV, y ofreció retiros voluntarios en sus diarios Crónica y BAE, con una advertencia sobre su posible cierre. Además de esos medios, Olmos también opera la señal musical CM, el semanario Democracia, y controla el 30% de Underground, la productora de Sebastián Ortega. A fines del año pasado, la ex Afsca le adjudicó al grupo una frecuencia para emitir en televisión digital terrestre. El grupo Crónica ingresó por pauta oficial $ 140,3 millones entre 2009 y 2015.

Miradas al Sur, semanario que dirigió el periodista Eduardo Anguita, que aseguró su continuidad en horario central en LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, dejó de salir hace ya varios meses. El semanario había sido lanzado por el grupo Szpolski-Garfunkel y luego vendido al Movimiento Evita,cuyos referentes son Fernando Navarro y Emilio Pérsico y cuyo principal dirigente es el presidente del Parlasur, Jorge Taiana. El "movimiento" fue quien tomó la decisión de cerrarlo apenas ocurrió la "tragedia electoral". El conflicto laboral por los despidos se mantuvo solapado y las indemnizaciones podrían empezar a pagarse porque el Evita tiene aún acceso a recursos públicos a través de los dirigentes que ocupan cargos legislativos. Por eso, en los últimos días se especuló con su regreso.

El panorama de los diarios anticipa cierres masivos, sobre todo en el interior del país, donde en los últimos años muchas empresas editoriales tradicionales pasaron a manos de empresarios cercanos al poder provincial. Una reciente reunión de los editores agrupados en Asociación Federal de Editores de la República Argentina (Afera), entidad que el kirchnerismo promovió para rivalizar con la histórica Adepa, fue contundente. "Van a cerrar la mitad de los diarios", le advirtió un empresario periodístico al secretario de Comunicación Pública y encargado de la distribución de la pauta oficial, Jorge Grecco. En el gobierno son conscientes de esa situación pero consideran que el Estado no puede sostener artificialmente medios que no tengan un modelo de negocio viable por sí mismos.

El diario La Mañana, de Córdoba, que está retrasado en el pago de los salarios, podría dejar de imprimirse. El periódico fue fundado en los años 90 por Julio Ramos, creador de Ámbito Financiero, pero en los últimos tiempos estuvo vinculado al ex ministro de Planificación Julio De Vido y su secretario de Transporte Ricardo Jaime, a través de distintos empresarios.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea), una entidad profesional no sindical que promueve la calidad del oficio periodístico, manifestó días atrás su "enérgico repudio" a los despidos y pidió "a los empresarios que asuman su responsabilidad en tanto que esta situación afecta los derechos laborales de los trabajadores pero, además, afecta la libertad de expresión en la Argentina". Además, señaló: "Durante los últimos años, estos medios fueron privilegiados en el reparto de la publicidad oficial y otros subsidios estatales, e integraron un sistema político-empresario perverso que contribuyó al deterioro del periodismo profesional. Muchas de esas empresas, además, incurrieron en una verdadera estafa previsional porque, a pesar de que la Anses fue uno de sus auspiciantes más destacados y de descontarles las cargas previsionales a los trabajadores, no les hicieron los aportes correspondientes, algo que constituye un delito".

En muchos países existen ayudas a los medios de prensa desde hace muchos años. Esas ayudas han consistido en tarifas postales especiales, IVA reducido o nulo, y distintos tipos de subvenciones. Estados Unidos, Escandinavia, Australia, Gran Bretaña y Francia, entre otros países y regiones, tienen todos o algunos de esos incentivos, pero -según el libro "Salvar los medios de comunicación", de la economista francesa Julia Cagé, recientemente publicado- en ningún caso esas ayudas representan más del 10% de los ingresos de los diarios, y en general ese porcentaje está por debajo del 5%.

En Argentina, la pauta oficial representó para algunos medios más del 90% de todos sus ingresos. Ninguno de todos esos casos puede verse de manera aislada porque todos tienen en la base un rasgo común: su pautadependencia. El mapa de medios, que la ley audiovisual no logró modificar en seis años de puja judicial, política y económica, está cambiando drásticamente por el cierre del grifo de los fondos públicos. Sin pauta, no hay paraíso.

Por José Crettaz

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