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El fiscal prevé pedir al menos 10 años de prisión para Cristina Kirchner
Mañana Diego Luciani también demandará su inhabilitación para ejercer cargos públicos; es por considerarla jefa de una asociación ilícita y cometer fraude contra la administración pública en sus intentos de beneficiar a Lázaro Báez
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LA NACIONHernán Cappiello
Al concluir su alegato en el juicio por corrupción más importante de los últimos años, el fiscal federal Diego Luciani pedirá el lunes que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión de cumplimiento efectivo de entre 10 y 12 años de prisión, según especularon jueces y fiscales federales, aunque otros llevaron esa cifra hasta los 14 años de cárcel, considerando la fama de “duro” del acusador.
El fiscal Luciani, consultado por La Nacion dijo que no iba a adelantar el pedio de pena y que lo iba a exponer en la audiencia por lo que se consultaron a jueces y fiscales de tribunal oral con larga experiencia (ajenos al proceso) que viene siguiendo el juicio.
Además del pedido de condena de cumplimiento efectivo, elevada, el fiscal pedirá su inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma que aún no está clara. El lunes, cuando se conozca el monto del perjuicio al Estado con el fraude por el que Cristina Kirchner es juzgada, se podrá tener una idea del monto de dinero que la fiscalía pretende incautar.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
La fiscalía acusa a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita, una banda constituida por su marido Néstor Kirchner en el Estado, e integrada como organizadores por el ex ministro Julio de Vido, y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, y del empresario Lázaro Báez y del delito de fraude contra la administración pública, ambos en concursos real, por lo que las penas que puede pedir el fiscal van entre los 5 y los 16 años de prisión.
El fiscal entendió que regía el “beneficio de la duda” para acusar a al primo de los Kirchner, Carlos Santiago Kirchner como integrante de la asociación ilícita, por lo que dijo que no lo iba a acusar por ese delito, aunque el lunes, seguramente lo acusará de ser partícipe del fraude al Estado.
Los jueces y fiscales consultados por La Nacion explicaron que el monto de la pena se fija por la escala penal con que castiga el Código Penal para cada delito pero que se calcula según una serie de agravantes y atenuantes que están previstos en los artículos 40 y 41 de ese texto.
De este modo si hay agravantes y casi ningún atenuante es más probable que la pena que pida el fiscal se acerque al máximo permitido para el delito (16 años) o por el contrario si hay atenuantes se baje el monto de la condena solicitado.
Se consideran atenuantes la falta de antecedentes penales. En el caso de Cristina Kirchner no los tiene. Si bien hay varias acusaciones abiertas, no hay ninguna condena y mucho menos una condena firme, por lo que ese es un atenuante importante, dado que difícilmente se pida o se aplique el máximo castigo a un imputado si no tiene antecedentes penales.
Los agravantes en este caso podrían ser varios: la naturaleza del delito, la extensión del daño al patrimonio del Estado y al sistema democrático derivados de los delitos de corrupción a los que la Argentina se obligó por tratados internacionales a castigar. También puede ser un agravante la condición de Presidente.
Y a partir de aquí ya juegan cuestiones de valoración personal que puede hacer el fiscal. La fiscalía suele ser dura en el pedido de condena, y Luciani tiene esa fama, y las defensas, al contrario, plantear elementos que lleven a pedir la absolución o en su defecto una pena de ejecución condicional.
A la hora del veredicto, el tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso deberán decidir entre uno y otro punto de vista. Deberían moverse en la escala penal con los máximos establecidos por el pedido del fiscal. Hubo algun caso donde jueces (sin que hubiera querellantes particulares) impusieron una pena por encima del pedido fiscal, pero es una decisión que generó controversia en los tribunales porque el fiscal es el dueño de la acción pública.
Los jueces y fiscales consultados observaron que, en una causa conexa, como la de la ruta del dinero K, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel, por blanquear estos fondos. Ahora en la condena por este caso, que se trata del delito precedente que generó los fondos a lavar, el fallo puede ser similar, proporcional, aunque en rigor, son dos delitos distintos: antes el blanqueo y ahora asociación ilícita y fraude. Otra hipótesis que ensayó una de las fuentes fue comparar el pedido de pena por este caso de corrupción con la escala penal para el homicidio, que se castiga con 8 a 25 años. Por lo que un indicio de la gravedad de esta conducta sería pedir una pena por encima de la mínima prevista para el homicidio.
Y finalmente un juez de tribunal oral de los más severos, dijo que el pedido de pena –en este escenario- podría llegar a los 14 años de prisión. No 16, que es el máximo, porque la imputada no tiene antecedentes.
Por el contrario, otro juez, con mirada crítica sobre las acusaciones contra el kirchnerismo, arriesgó en caso de una condena, la imposición de una pena de entre 6 y 8 años.
Luciani continuará el lunes con la parte final del alegato, que en esta etapa analiza la conducta de cada uno de los imputados, es decir si el hecho ocurrió, que pruebas hay de ello y si la persona es responsable o no por ese suceso. Si es así si es responsable primario o secundario. Se analizará lo que hizo cada uno, y si lo que hicieron tiene un encuadre penal y su responsabilidad como coautores o partícipes, es decir si esa conducta es castigada por el Código Penal.
En el caso de Cristina Kirchner ya argumentó sobre ella como la jefa de la organización, “porque era la que gobernaba, la que daba las órdenes, la persona a la que se sirve”, dijo Luciani. Como presidenta, según la Constitución Nacional comentada por María Angélica Gelli “conserva la jefatura de la administraión y el cntrol de los actos que emita en tanto no haya desviación del poder. La finalidad honesta del acto administrativo proporciona una pauta de control de la desviación de poder”.
Luciani basó su afirmación de que era la jefa de la organización en su rol de Presidenta, en la indicación de seguir adelante con la política de construcción de obra vial en Santa Cruz que había iniciado su marido, en mantener 12 años en sus cargos a los funcionarios de la organización, en la constitución del presupuesto, en dotarlo de fondos para las obras de Lázaro Báez, el privado de la organización.
Pero también en lo que fue la gran sorpresa de este juicio, en los mensajes de WhastApp de uno de los dos teléfonos de José López, el ex secretario de Obras Públicas, que estuvo preso y fue condenado cuando escondía 9 millones de dólares en un convento, que aluden a que esperaban indicaciones de Cristina Kirchner relacionadas con que no quedara ni un certificado de obra sin pagar a Báez.
Pero vinculadas también con cómo se iba a ejecutarse el plan “limpiar todo” o “retirada” , como lo denominan en los mensajes, que consistía en cómo se debía desmantelar Austral Construcciones una que Cristina Kirchner perdió las elecciones a manos de Mauricio Macri. Se despidieron a miles de trabajadores, pero la indicación era “no dar sensación de fuga”.
Luciani argumentó que, desde ese rol de jefa, mantuvo la estructura que montó su esposo, cuando se aseguró inventar a Lázaro Báez, ex empleado bancario, sin experiencia en la construcción, como el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos y luego que parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresara en parte al patrimonio presidencial.
Dijo Luciani que la asociación ilícita estaba integrada por “funcionarios y privados con entidad para coromper todos los estamentos del poder, para perjudicar no solo el erario, sino la probidad de la función pública”. Y eso es también un agravante.
Asimismo entendió que verificaba la lista de persoans que debían cobrar en primer lugar los certificados, asegurándose que Báez los percibiera antes que los otros empresarios.
En su evaluación Luciani explicó el rol de la jefa de la organización y la relacionó con las otras causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta: Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero de estos fondos que reingresaron en parte a su patrimonio y la ruta del dinero K donde Báez fue condenado a 12 años de cárcel por lavar dinero de la corrupción producto de estas obras públicas fraudulentas con sobreprecios y de la evasión fiscal. La sospecha que se investiga en esa causa es si la fortuna de Báez (miles de millones de pesos con los que compró estancias equivalentes a 20 veces la ciudad de Buenos Aires) es en realidad de los Kirchner.
El testamento de Báez, exhibido el viernes en el juicio, manda que sus hijos no pueden disponer de sus bienes pro 30 años y que deben mantener los contratos que tienen en vigor. Como si él no controlara su fortuna y como si quisiera asegurarse que siga el flujo de fondos entre sus empresas y los Kirchner.
El fiscal también vinculó el caso de los Cuadernos de la Corrupción, donde también la acusación es la de una asociación ilícita comandada por Cristina Kirchner, que recaudaba coimas, que eran una parte de los contratos que recibían los privados.
Dijo Luciani que en el caso de los cuadernos de la corrupción pedían a los empresarios de obra pública entre el 5 y 10 % de los anticipos de obra y que, en el caso de Vialidad, no tenían que pedir nada porque ellos, Cristina y Néstor Kirchner, habían construido a Báez como el empresario.
El resto de los organizadores de la asociación ilícita son para el fiscal son Julio de Vido, de quien ya el fiscal Sergio Mola se ocupó el viernes pasado para afirmar que era como el “gerente” encargado de poner en marcha las decisiones de Cristina Kirchner
La pena de jefes u organizadores de la asociación ilícita cabe para Cristina Kirchner, De Vido y López. En el caso del resto de los acusados la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.
Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala penal para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
El fiscal Luciani y Mola se referirán a cada uno de ellos en la audiencia del lunes, describirán sus conductas y decidirán si acusan a todos o dejan afuera a alguno de ellos.
En el caso de acusados que ya fueron condenados en otras causas, como Lázaro Báez y José López, esos fallos aún no están firmes ya que están siendo revisados por la Casación, por lo que no pueden considerarse como antecedentes.
Una vez que el fiscal pida las penas para los acusados será el turno de los alegatos de las defensas. Desde el martes alegarán y podrán usar tres jornadas cada uno para defenderse de las acusaciones que realizó la fiscalía. Con lo que es probable que el juicio termine con un veredicto a fin de año.
El orden de los abogados defensores de los acusados para alegar es: Lázaro Báez Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio de Vido, Abel Fatala, Cristina Kirchner, Héctor Garro, Héctor René, Carlos Kirchner, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibáñez y José Villafañe.
Los jueces decidieron que todos los acusados deben estar presentes o tramitar un nuevo permiso especial en cada caso.
Se trata del juicio por la causa que se conoce como Vialidad Nacional, donde la vicepresidenta está acusada de ser la jefa de la organización criminal y de administración fraudulenta al favorecer a Lázaro Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas en la provincia Santa Cruz y cobrar parte de ese dinero blanqueado mediante contratos con el empresario.
