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El fiscal rechazó que la investigación contra la AFA vaya al juzgado que pidieron los acusados y busca llevar el caso a la Corte
Mario Villar calificó de “arbitraria” la decisión de la Casación de enviar el caso a Campana, y habló de “juez elegido por la defensa” y “manipulación”; investigan una maniobra de lavado de dinero
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LA NACIONHernán Cappiello
El fiscal general ante Casación Mario Villar calificó de “arbitraria” la decisión de enviar la investigación por la compra de una lujosa quinta en Pilar atribuida a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al juzgado federal de Campana.
Villar advirtió que esa resolución podría “sembrar la duda acerca de la imparcialidad” de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, que habían tomado esa decisión.
También planteó que detrás de la disputa por la competencia puede existir un “forum shopping”. Es decir, la búsqueda de un tribunal que proporcione una solución más favorable a los intereses de los acusados, como si pudieran elegir al juez más conveniente.
Para el fiscal, la decisión de Casación podría implicar una “arbitraria asignación de competencia al juez elegido por la defensa” de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.
Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos. Su madre, Ana Conte, es jubilada. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Ambos figuran como propietarios de la mansión, que entre sus prestaciones tenía un haras, una gran colección de autos -muchos de alta gama- e incluso un helipuerto propio. La sospecha es que, en realidad, la quinta pertenece a dirigentes de la AFA.
Ahora la Cámara Federal de Casación debe decidir si admite el recurso de Villar y le abre el camino a la Corte Suprema de Justicia para que defina qué juez debe investigar a la AFA.
O si, por el contrario, los jueces Borinsky, Barroetaveña y Alejandro Slokar rechazan el recurso extraordinario. Si esto ocurre, el único camino que tiene Villar para ir a la Corte es mediante un recurso de queja ante el máximo tribunal.
El 14 de agosto pasado, en un controvertido giro del caso, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelva a tramitar en la Justicia de Campana, como pretendían los investigados.
Fue un fallo dividido. La mayoría la conformaron los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El otro integrante del tribunal, Alejandro Slokar, votó en disidencia.
“Conclusiones dogmáticas”
Villar cuestionó con inusual dureza los fundamentos de la resolución de Borinsky, Barroetaveña. Dijo que el fallo incurrió en “exceso jurisdiccional”, contradicciones, un análisis “fragmentado y aislado” de los hechos y las pruebas y llegó a “conclusiones dogmáticas e inferencias sin base fáctica y jurídica”.
La intervención de Barroetaveña en esta causa fue cuestionada porque el camarista ocupó un cargo dentro de la AFA: hasta noviembre pasado fue presidente del Tribunal de Ética del organismo.
El expediente se inició a partir de una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte por la adquisición, a través de Real Central SRL, de la mansión de Pilar supuestamente de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Para Villar, ese inmueble es apenas una pieza de una investigación mucho más amplia y la evidencia del supuesto lavado de dinero de un fraude anterior.
El fiscal entiende que una red internacional de intermediarios financieros habría operado entre 2021 y 2025 y habría canalizado fondos obtenidos por la AFA fuera del circuito bancario argentino.
El escrito menciona sociedades radicadas en Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay y otros países y sostiene que algunas de ellas carecerían de actividad comercial comprobable.
La hipótesis investigativa también incluye la utilización de esos fondos para adquirir propiedades, vehículos y otros bienes; entre ellos, el fiscal menciona la quinta de Villa Rosa, en Pilar, y casas en el barrio privado Ayres del Pilar, además de 54 vehículos registrados a nombre de Real Central SRL.
Para el fiscal, no alcanza con mirar dónde está situado uno de los bienes presuntamente adquiridos, en Pilar, jurisdicción judicial de Campana, sino que la investigación debería concentrarse en el lugar donde se habrían tomado las decisiones y organizado las operaciones inmobiliarias.
Villar sostiene que es la Ciudad de Buenos Aires, pues la sede social de Real Central SRL está en Paraná 861, la sede de su antecesora Central Park Drinks SRL y la sede de AFA en la calle Viamonte.
También señaló que la escritura de Villa Rosa se habría firmado en la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal agregó que la mayor parte de las sociedades involucradas tenía domicilios en la Capital y que allí se habrían producido actos centrales de la operatoria investigada.
Por eso sostiene que Pilar aparece vinculada principalmente por la ubicación del inmueble y no porque haya sido el centro de administración, decisión u organización de las operaciones.
Para Villar, mandar el caso a Campana “no solo es [una decisión] equivocada”, sino que “sembraría la duda acerca de la imparcialidad” de los jueces Barroetaveña y Borinsky por haber atribuido la competencia al juez elegido por la defensa de Pantano y Conte.
Según Villar, las reglas de competencia sirven para garantizar la objetividad y la transparencia y evitar cualquier apariencia de “arbitrariedad, manipulación o direccionamiento” en la asignación de causas.
El fiscal utiliza además la expresión “forum shopping” para advertir sobre el riesgo de buscar un tribunal “amigo”, pues bastaría con comprar un inmueble en una determinada jurisdicción para definir qué juez investigará un delito, con lo que se elegiría al tribunal del caso.
Asimismo, el fiscal entendió que hay una contradicción de Borinsky con una resolución anterior.
Pues había sostenido que una cuestión de competencia no constituía una sentencia definitiva ni habilitaba el recurso de casación. Sin embargo, posteriormente, el tribunal admitió el planteo de la defensa.
Para Villar, esa diferencia configura una violación del “principio de no contradicción” y constituye otro argumento para considerar arbitraria la resolución.
El fiscal agregó que hay otros expedientes relacionados con los dirigentes de AFA que ya llegaron a la Corte Suprema y esa cantidad de causas refuerza la necesidad de que el máximo tribunal intervenga para determinar definitivamente qué juez debe investigar.
Con todos estos argumentos, Villar reclama que la Corte Suprema admita el recurso extraordinario, deje sin efecto la resolución de la Sala I de Casación y ordene que la investigación quede en la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Tipo de trabajo:noticia original
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