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El Frepaso insiste en diferenciarse
Sólo el mes próximo la Alianza presentará el juicio contra la Corte; respuesta radical a la ofensiva.
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LA NACIONLaura Serra
El Frepaso anticipó ayer la decisión de pedir el juicio político a cinco miembros de la Corte Suprema y con ello avivó los resquemores del radicalismo acerca de su socio en la Alianza. Si bien se resolvió que la embestida contra un sector del máximo tribunal se realizará en forma conjunta, aún sobrevuela un insoslayable clima de tensión en la coalición opositora.
El pedido de juicio político había sido elaborado por diputados de ambas fuerzas hace unos tres meses, pero la UCR tomó como un desaire el hecho de que el Frepaso saliera la semana última a anunciarlo, sin un previo acuerdo de todos los sectores internos de la Alianza sobre la oportunidad para presentarlo. La arremetida del frente que lidera Carlos "Chacho" Alvarez es para reivindicar la cuestión ética como principal bandera, lo cual exacerbó a varios radicales. En soledad, Alvarez anunció ayer que la semana próxima (el martes quizá) los diputados de su fuerza y de la UCR darán a conocer el pedido de juicio político contra "la mayoría oficialista" de la Corte. Pero el informe se presentará en Diputados a principios del mes próximo.
El Frepaso presentó anteayer su código de ética, uno de cuyos ejes es la limitación de fondos para la campaña electoral. Se trata de un tiro por elevación al candidato presidencial de la UCR, Fernando de la Rúa, a quien el Frepaso critica por haber gastado 1.500.000 pesos en la Capital.
En el radicalismo no se oculta la molestia ante la seguidilla de acciones solitarias del Frepaso. "Es puro oportunismo político, cuando aún repercute el escándalo que se generó por las escuchas telefónicas que afectan a los hijos de De la Rúa (que los involucran en un supuesto tráfico de influencias en la universidad)", masculló un diputado de la UCR.
Ante la situación que atraviesa De la Rúa algunos radicales hubieran preferido contar con más tiempo antes de arremeter contra la Corte Suprema. Pero el Frepaso no estaba dispuesto a concederlo. "Hace tres meses que teníamos demorado este asunto", aducen.
En el partido de Chacho Alvarez observan que el menemismo pretenderá impulsar la reelección del presidente Carlos Menem a través de "la mayoría oficialista" de la Corte Suprema. Sin embargo, nadie oculta que el lanzamiento frepasista tiene como claro trasfondo la competencia interna, con miras a las elecciones abiertas de noviembre, en la que se enfrentarán la frepasista Graciela Fernández Meijide con el radical De la Rúa.
Ante el apuro del Frepaso, un diputado radical trasladó anteanoche la inquietud a Raúl Alfonsín. El ex presidente, si bien no rechaza la posibilidad de enjuiciar a un sector de la Corte, los radicales recibieron señales suyas en el sentido de que no aprueba la premura.
Dirigentes de la UCR aducían que una ofensiva contra la Corte en esta etapa provocaría un abroquelamiento de los ministros cuestionados en favor del menemismo. Los hombres del radicalismo relativizan la importancia de apurar las cosas, porque entienden que la Alianza no tendría el número necesario para promover el juicio en el Congreso. Para impulsar esa iniciativa se necesita el voto de los dos tercios de los miembros de Diputados, la cámara acusadora.
Redoblar la apuesta
Mientras digieren las arremetidas del Frepaso, los radicales esperan ahora redoblar la apuesta. Con el código de ética elaborado por sus socios en las manos, anticiparon que sugerirán algunas reformas. Algunas de ellas prometen controversias.
La UCR propondría que se incorpore al código un artículo que establezca que ningún funcionario de la gestión de Menem sea incluido en un eventual futuro gobierno de la Alianza. La sugerencia no es casual; el radicalismo resiste los intereses del Frepaso de sumar al eventual gabinete de la coalición a dirigentes cavallistas como Juan Llach o el propio Domingo Cavallo, que ocuparon cargos cruciales durante la actual administración.
Otra cláusula por incorporar tiene que ver con uno de los ejes fundacionales de la Alianza. "En el código de ética debería quedar claro que quien gane la elección interna sea el candidato a presidente de la Alianza, y quien pierda, el vicepresidente", enfatiza Rafael Pascual, mano derecha de De la Rúa, en directa alusión a los intereses del Frepaso de impulsar a su candidata, Graciela Fernández Meijide, a la gobernación bonaerense si llegara a perder en la elección interna.
Las imputaciones más severas
La acusación es simple: "Mal desempeño en sus funciones". Sin embargo, el pedido de juicio político que alienta la Alianza contra el sector oficialista de la Corte Suprema abunda, en el detalle de su iniciativa, en severas imputaciones.
A juicio de los ocho diputados opositores que elaboraron el informe (alrededor de 200 carillas) Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López, Adolfo Boggiano y Adolfo Vázquez incurrieron "en mala conducta por no dar ejemplo de obediencia a la Constitución y por su falta de independencia del Poder Ejecutivo y por el abandono del control de la supremacía constitucional".
Para la elaboración del documento, los diputados de la UCR Melchor Cruchaga, Elisa Carrió y Guillermo Aramburu y del Frepaso Nilda Garré, Horacio Viqueira y Héctor Massei recibieron el aporte de reconocidos juristas, entre ellos Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, Félix Loñ, Carlos Garber, Hugo Germano y Arturo Ravina.
En la primera presentación del informe, Carlos "Chacho" Alvarez y la diputada Garré despotricaron en fuertes términos contra lo que denominan la "mayoría automática" de la Corte. "Para favorecer al Presidente, se va desde frenar la ejecución de la sentencia contra uno de sus amigos que debía pagar indemnizaciones a sus ex empleados hasta el permiso para concentrar el poder y legislar mediante decretos", coincidieron.
Nueve fallos considerados "paradigmáticos" fueron la base de la acusación de la Alianza contra los cinco ministros cuestionados de la Corte. Entre ellos:
- Caso aeropuertos: declinó el control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia sin esperar la respectiva aprobación parlamentaria.
- Caso Chocobar: desconoció los derechos adquiridos de los jubilados con anterioridad a la reforma del sistema, anteponiendo el criterio económico sobre el jurídico.
- Caso Miara: hizo lugar a un recurso de hecho "inadmisible" y consideró la conducta de quienes cometieron los delitos de retención y ocultamiento de menores de 10 años -en el contexto de la sustracción de hijos de desaparecidos- haciendo caso omiso de las circunstancias agravantes.
- Caso Gauna: negó al Gobierno de la Ciudad Autónoma su facultad de convocar a la elección de sus autoridades, en expresa violación de la Constitución.
- Caso Hippopotamus: se empeñó en detener la ejecución de la sentencia que obligaba al pago de indemnizaciones por parte de Guido Parisier, amigo personal de Menem.
