El Gobierno ajusta con aliados el cronograma de extraordinarias y empieza el trabajo formal en Diputados

El oficialismo avanza con las negociaciones en Diputados y ya fijó un calendario tentativo de tratamiento de los proyectos en extraordinarias. Apunta a tener la media sanción de las cinco propuestas que conciernen a la Cámara baja en la semana del 11 de febrero. En paralelo, trasmitió a los referentes de los dialoguistas que están dispuestos a conversar las iniciativas, en especial la que apunta a derogar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): reconocen que los votos para eliminarlas no están y que podrían apoyar su suspensión por este año.

El cronograma empezó a circular por los bloques cercanos: UCR, Pro, Encuentro Federal y MID. El mensaje se da en línea con lo conversado en la reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que esta semana dio el puntapié inicial con los diferentes espacios de la Cámara.

El próximo encuentro está previsto para el martes que viene. Se reunirán los referentes del dialoguismo junto al titular de Diputados, Martín Menem. Tras ello, se esperan conversaciones informales para definir la letra chica de los proyectos y buscar puntos en común.

Se pautó la primera semana de febrero para comenzar la discusión en comisiones y emitir los dictámenes correspondientes. Será un momento clave para ajustar los textos que terminarán en el recinto. Se especula con la posibilidad de realizar dos sesiones separadas. Una primera con las reformas electorales, entre las que se incluye la derogación de las PASO. Y una segunda, en la semana posterior, para llevar al recinto el resto de las iniciativas propuestas: la modificación del régimen de reiterancia delictiva, la compensación e índice de actualización de quebrantos y la implementación del juicio en ausencia. No está claro en cuál de estas dos sesiones se podría tratar el nuevo proyecto de ficha limpia.

Del cronograma se desprende que la prioridad del Gobierno es la eliminación de las PASO. En el oficialismo reconocen que están lejos de la mayoría necesaria para derogarlas y ya manifestaron a los dialoguistas que están abiertos a aceptar cambios. Si bien apostarán por sancionar el proyecto original, podrían conformarse con la suspensión de las primarias por este año. Será una solución intermedia: en 2027, cuando se pongan en juego los cargos ejecutivos, se volverá a evaluar la conveniencia de este cambio.

Es probable que sus aliados de Pro se inclinen por la suspensión, en línea con la propuesta de Jorge Macri, que envió a la Legislatura porteña una iniciativa para suspender las primarias locales.

En Unión por la Patria, un bloque clave para que prospere la iniciativa que debe aprobarse con 129 votos positivos –la normativa electoral requiere esa mayoría especial–, también hablan de “suspensión”. Reconocen el pragmatismo que reina en el PJ mientras miran la fragmentación que impera en el resto de los espacios políticos. Aceptan la invitación de Milei a polarizar electoralmente. En territorio bonaerense, donde gobierna Axel Kicillof –en tensión con Cristina Kirchner–, la vicepresidenta descansa en que su hijo todavía retiene la jefatura del partido local. Es decir, Máximo Kirchner conserva la lapicera para armar las listas en caso de que se elimine la herramienta para dirimir las internas.

Los radicales son los más incómodos con esta discusión. Saben que necesitan de las PASO para ordenarse y superar la debilidad partidaria por la que transitan. No obstante, no militarán el sostenimiento de las primarias ante la certeza de que serán señalados por el Gobierno como los que se rehúsan a ajustar a “la casta”.

El proyecto de reforma electoral también busca cambiar el sistema de financiamiento de los partidos políticos al reducir significativamente el aporte estatal y no delimitar un tope al aporte privado. Este es otro de los puntos que podría generar resistencia, fundamentalmente entre los espacios más chicos. La iniciativa busca condicionar la supervivencia de los espacios pequeños y apunta a matar a los “sellos de goma”, aquellos con poca representación que hacen negocios al prestar su existencia formal.

Si el cronograma planteado por el Gobierno se cumple, los proyectos sancionados en Diputados deberán reunir luego el aval del Senado para convertirse en ley. Los plazos estipulados prevén una agenda ajustada: las sesiones extraordinarias están convocadas hasta el 21 de febrero y el reglamento del Senado define que debe pasar una semana desde que un proyecto obtiene dictamen y es discutido en el hemiciclo. Es decir, se necesitan como mínimo dos semanas de tratamiento en la Cámara alta para que un proyecto se discuta en comisiones y obtenga la sanción.

Para sortear esta regla y llevar al recinto un proyecto sin dictamen, es necesario reunir los dos tercios de los presentes, un número difícil para un oficialismo que solo cuenta con seis senadores.

En paralelo, la Cámara baja podría avanzar en la sanción del proyecto de ley conocido como “antimafia” –que busca abordar de manera integral el crimen organizado–, y ya cuenta con el aval de Diputados.

El otro tema de materia exclusiva del Senado es el debate sobre los pliegos de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Tal como contó LA NACION, las nominaciones para el máximo tribunal de Justicia siguen frenadas. Tras la celebración de las audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos, en agosto pasado, ambos pliegos permanecen estancados.

Por Delfina Celichini

• Cámara de Diputados

---

Conforme a