El Gobierno analiza negociar con el kirchnerismo la integración de la Corte después de las elecciones

El Gobierno no se sorprendió cuando el senador kirchnerista José Mayans ofreció negociar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 9 integrantes y que el oficialismo proponga tres nombres y la oposición otros tres.

De hecho, fuentes del oficialismo dijeron a LA NACION que están dispuestos a conversar luego de las elecciones de octubre para completar el máximo tribunal, actualmente solo con tres jueces, y negociar con el kirchnerismo una ampliación de la Corte Suprema.

Efectivamente, la nota de Gustavo Ybarra de LA NACION donde Mayans hizo pública su oferta no causó extrañeza en el Gobierno. El año pasado y este, en secreto, las negociaciones entre el kirchnerismo y el Gobierno habían avanzado hasta casi cerrarse.

Pero todo se frustró el 5 de abril pasado con la caída de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y se terminó de frenar el 10 de junio pasado cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Cristina Kirchner, dijo a LA NACION una fuente oficial.

Se trataba de un acuerdo amplio, reconstruyeron las fuentes consultadas, que incluía la designación de una Corte ampliada de entre 7 y 9 integrantes, donde la oposición podía aportar los nombres de dos o tres integrantes y otro tanto el oficialismo.

Entre los candidatos que proponen el Gobierno y la oposición “hay muchas mujeres”, pero no se conocen los nombres de quienes encabezan las listas de cada uno.

Las conversaciones incluía que el kirchnerismo iba a sugerir el nombre del Defensor del Pueblo, un cargo que está vacante desde hace 16 años, y el Defensor General de la Nación, ante la jubilación de la actual defensora general Stella Maris Martínez, que cumple 75 años el año próximo.

El acuerdo era tan amplio que se habían consensuado con la oposición las vacantes a cubrir de los jueces de primera instancia y camaristas de la justicia nacional y de la justicia federal del interior del país, con un 20 por ciento a definir.

Hoy hay 330 vacantes en la justicia nacional y federal y el Poder Ejecutivo tiene en sus manos 222 pliegos para elegir un candidato que cubre esas vacantes. El resto está en el Consejo de la Magistratura.

Cuando se negociaron estos nombres, las vacantes eran un poco mas de 150. De todos modos, los cargos siguen sin cubrir.

En aquellas negociaciones se dejó sin definir el nombre del procurador general de la Nación, dijeron las fuentes. Señalaron que no se avanzó porque los candidatos en danza, como el camarista Mariano Borinsky y el fiscal general de la Ciudad Juan Bautista Mahiques no eran potables para el kirchnerismo. En el caso del viceministro Sebastián Amerio, el funcionario no estaría dispuesto al cambio.

Tras el frustrado intento de Lijo y García Mansilla, funcionarios del Gobierno dijeron a LA NACION que seguían con conversaciones con el kirchnerismo para un nuevo intento.

Y aseguraron que tenían un plan para completar la Corte Suprema y que esperaban el visto bueno del presidente Javier Milei para avanzar. Pero nada ocurrió.

Si bien ahora no hay ninguna información oficial, en las últimas semanas circuló la versión de que se habían retomado los contactos entre Amerio, que reporta al asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, como representante de Cristina Kirchner.

Por ley, la Corte Suprema actualmente debe estar integrada por cinco jueces. Pero hay solo tres en funciones: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El nivel de enfrentamiento entre Lorenzetti y sus colegas bajó notoriamente en este año, en comparación con los anteriores.

Para dictar fallos debe haber unanimidad, ya que no puede haber una mayoría de dos jueces. Si hay alguna disidencia, entonces la Corte debe convocar por sorteo a conjueces, que son los presidentes de las Cámaras Federales, para que voten.

La Corte Suprema sostiene que este sistema es ágil y que así funciona muy bien, pero el Gobierno argumenta que el máximo tribunal está incompleto y que esto dificulta su funcionamiento.

En diciembre del año pasado, el juez Juan Carlos Maqueda renunció a su cargo, al cumplir 75 años sin que el Gobierno enviara su pliego al Senado para un nuevo acuerdo, con lo que se produjo una vacante más. Y años antes, en 2021, dejó el máximo tribunal Elena Highton, en otro cargo que nunca fue cubierto.

Mayans reconoció que “siempre hay negociaciones” y se mostró confiado en que “en agosto” deberían retomarse las conversaciones, al parecer interrumpidas por el receso invernal de hecho que suelen tomarse en ciertos sectores de la administración pública.

En el Gobierno no niegan las conversaciones pero dicen que se retomarán luego de las elecciones. De todos modos reconocen las fuentes oficiales que por más que el oficialismo haga en octubre una elección arrolladora no llegará a tener una mayoría de dos tercios en el Senado para imponer a sus candidatos, por lo que deberá negociar.

Ni siquiera con sus aliados de Pro y la UCR, y pese a que el kirchnerismo perderá muchas bancas en este recambio. Por eso el kirchnerismo retendrá más de un tercio de los 72 senadores, con lo que podrá bloquear cualquier designación que requiera el voto de los dos tercios de los presentes que no cuente con su anuencia. Esta mayoría agravada es la que exige la Constitución para nombrar a un juez de la Corte y al jefe de los fiscales.

Por eso es que la oposición conservará el poder de veto y e Gobierno necesitará de su apoyo si es que quiere completar o ampliar la Corte Suprema de Justicia.

Por Hernán Cappiello

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