El Gobierno analiza sanciones para empleados del PAMI que cerraron una filial por la marcha en apoyo de Cristina Kirchner

El Gobierno nacional evalúa despidos y sanciones a responsables de la delegación El Bolsón del PAMI, que el último miércoles 18 cerraron el local en esa ciudad en adhesión a la marcha que en Buenos Aires se realizaba para reclamar contra la confirmación de la condena a Cristina Kirchner.

La situación de lo sucedido escaló a nivel nacional una vez que las autoridades tomaron conocimiento y este martes llegó incluso a la propia Casa Rosada, en la que por estas horas se evalúa la situación y las sanciones a aplicar, que podrían darse a conocer mañana.

Fuentes cercanas al caso explicaron que el malestar con lo sucedido es “total” en las más altas esferas libertarias. En especial, porque ese día las temperaturas en El Bolsón fueron bajas y los afiliados a PAMI que llegaron al lugar no fueron atendidos. Pese a que se encontraban dentro del local, los funcionarios no abrieron las puertas.

“Gente mayor que llegó al lugar y no fue atendida en todo el día. Un desastre”, dijeron a LA NACION fuentes al tanto del expediente interno que se abrió en la institución.

La denuncia llegó a PAMI, dirigido por Esteban Leguizamo, a través de la sede local de La Libertad Avanza (LLA) y escaló a medida que se fueron conociendo detalles de lo sucedido.

El caso pasó entonces al área de Legales de la obra social de los jubilados y las sanciones podrían alcanzar al menos seis empleados, incluida la dirección de la sede, que podrían correr con las sanciones más duras, como los despidos.

Entre el material que se analiza en el marco de la denuncia hay fotos que muestran el frente del local de PAMI cerrado y con carteles de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en los ventanales, convocando al paro ese miércoles 18.

Ese día, en la Plaza de Mayo, convergieron distintas columnas para reclamar por la situación de la exmandataria, que había quedado en prisión domiciliaria. Fue luego de que, una semana antes, la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena en el caso “Vialidad”, en el está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

La situación de Cristina Kirchner derivó en una marcha a la que acudieron diversos sindicatos, como ATE, y distintas facciones del justicialismo.

En la previa a la movilización, desde el Gobierno habían dejado trascender que descontarían el día a aquellos empleados estatales que no fueran a trabajar. Y lo que pasó en el PAMI de El Bolsón “superó todo” lo que la administración libertaria suponía que podía suceder, dijeron las fuentes consultadas.

“Ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica, y a los ciudadanos como rehenes de su militancia. No solo es un acto de profunda irresponsabilidad sino también un desprecio absoluto por el deber que tienen con la comunidad”, dijo la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza-Río Negro).

LA NACION

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