El Gobierno apuesta a conseguir la designación de Lijo en el Senado y apelar a un decreto para García-Mansilla

Los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia entraron en instancias decisivas. En Casa Rosada aseguran que la decisión está tomada y que, si la semana próxima (la última de las sesiones extraordinarias) alguno de los dos candidatos no consigue acuerdo en el Senado, el Poder Ejecutivo lo nombrará en el máximo tribunal por decreto, en comisión, por un año.

El Gobierno quiere jugar las últimas fichas para tratar de que uno o los dos postulantes sean votados en el Senado. Caso contrario, utilizará la última semana de febrero -la única en la que el Congreso estará de receso- como “ventana” para completar el máximo tribunal vía decreto.

Pero las chances de Lijo y de García-Mansilla en el Senado son dispares. El primero está un paso más cerca de cosechar los dos tercios de los votos de los senadores presentes, si efectivamente la semana próxima su pliego es tratado en la sesión prevista para el 20 de febrero en la Cámara alta. Tiene las firmas necesarias en el dictamen y el peronismo podría llegar a aprobarlo, algo que no pasa con el segundo.

Chances dispares

En este sentido, el Gobierno movió este miércoles una ficha importante. El oficialismo presentó este miércoles el dictamen de Lijo con las firmas que obtuvo en la Comisión de Acuerdos. En rigor, las firmas estaban desde noviembre, pero el despacho no se había oficializado. Ahora está listo para pasar al recinto.

“Empujamos el tema”, dijo un colaborador del Presidente para dar a entender que se buscó sentar las condiciones para que el pliego sea tratado en el recinto. No dejó constancia, en cambio, que fuera parte de una negociación reactivada con el kirchnerismo que garantice su aprobación en el recinto.

García-Mansilla está más lejos de juntar las voluntades que necesita para conseguir el acuerdo. De hecho, el catedrático -fuertemente rechazado por el kirchnerismo- nunca consiguió las nueve firmas necesarias para salir de comisión.

Pese a que el Gobierno siempre dijo que en el Senado se tenían que votar “los dos candidatos o ninguno”, ahora la estrategia cambió: en Balcarce 50 ahora sí están dispuestos a que Lijo salga con acuerdo de la Cámara alta y que García-Mansilla sea nombrado vía decreto. Es un cambio sustancial en la estrategia.

A partir de ahora, entonces, los tiempos son clave. El posible tratamiento del pliego de Lijo (si se incluye en el temario de la sesión) sería el próximo jueves 20, un día antes de que culmine el período de extraordinarias. A partir de allí habrá una semana de receso parlamentario, tiempo en el cual el Gobierno podría firmar por decreto la designación de García-Mansilla. Por eso el Gobierno nunca tuvo pensado extender las extraordinarias: necesitan que el Parlamento esté inactivo para que el presidente pueda firmar el decreto en comisión.

En la Casa Rosada están convencidos de que pese a la advertencia del senador kirchnerista José Mayans, que en noviembre pasado le entregó una carta en mano al jefe de ministros, Guillermo Francos, donde advirtió que el kirchnerismo pedirá “inmediatamente” la “destitución” de los jueces nombrados por decreto, desde la Casa Rosada redoblaron la apuesta: “El Senado no puede voltear un nombramiento por decreto en comisión”.

En las últimas horas volvieron a hacer hincapié en ese punto. “Ni el Presidente puede ir para atrás si los designa así: una vez designados por decreto, están nombrados hasta el fin del período legislativo de ese año. No importa lo que pase en el Senado”, aseguraron cerca de Milei con un planteo que puede abrir una gigantesca discusión institucional.

Tal como contó LA NACION, la intención del Gobierno es mostrar, en el plano discursivo, que Milei buscó -y aún busca- agotar la vía parlamentaria antes de resolver la o las designaciones por decreto para llevarlos a ambos a la Corte Suprema de Justicia. “No pueden decir que Javier no lo está intentando. Si hubiera querido, ya podría haber firmado por decreto, pero no lo hizo. Está agotando la vía del Congreso antes de que sea por decreto, que es algo que también contempla la Constitución Nacional”, insistieron en las últimas semanas las fuentes consultadas por este diario. “Desde el 21 de diciembre –cuando terminó la actividad ordinaria– el Presidente podría haber sacado los decretos y sin embargo no lo hizo”, insisten en Casa Rosada.

Dudas por la estrategia

La oficialización del dictamen de Lijo en el Senado se dio en simultáneo al tratamiento del proyecto de ficha limpia en Diputados ¿Fue una señal al kirchnerismo? En el Instituto Patria dicen que el proyecto de ficha limpia “es una ley con nombre y apellido para disciplinar y domesticar al peronismo” y que “le tienen miedo a Cristina y la quieren sacar de la cancha”. La iniciativa, impulsada originalmente por Pro, impide que se presenten a elecciones las personas con condena por corrupción confirmada en segunda instancia.

Distintas fuentes políticas y judiciales aseguran que Lijo tiene juntados los votos en el Senado para conseguir acuerdo. Pero, al mismo tiempo, hay que ver si el kirchnerismo está dispuesto a tratar este tema en un andarivel distinto a los demás. Si se trata en simultáneo el proyecto de ficha limpia, el kirchnerismo podría estar menos predispuesto a aportar los votos para nombrar al juez federal que Milei candidateó para el máximo tribunal. Será una decisión política que correrá por el Instituto Patria.

Los nombres de Lijo y García-Mansilla como candidatos a cubrir las vacantes de Elena Nolasco y Juan Carlos Maqueda se anunciaron el 20 de marzo pasado. Sus pliegos fueron enviados al Senado dos meses después. Los pliegos para completar la Corte Suprema fueron motivo de conversación entre los laderos del Presidente y las espadas judiciales de Cristina Kirchner durante todo el segundo semestre de 2024. Hubo tanteos, “cuartos intermedios” y nuevos intercambios sin que el Gobierno pudiera avanzar con una estrategia clara.

En el interín, el pliego de Lijo consiguió las nueve firmas en la Comisión de Acuerdos para poder pasar al recinto, donde requiere, a su vez, dos tercios de los presentes para conseguir su aprobación. La candidatura de García-Mansilla no logró siquiera despacho de comisión.

Ninguna de las dos partes cedió en sus posturas, porque en el Instituto Patria no quieren votar a García-Mansilla y en la Casa Rosada no quieren bajar al catedrático. Además el kirchnerismo condicionó cualquier progreso con Lijo a que se abriera una discusión más amplia que incluyera la incorporación de una mujer, la ampliación de la Corte, la designación del procurador General de la Nación y jueces federales.

Ante ese escenario comenzó a crecer la posibilidad de las designaciones por decreto. Mayans advirtió públicamente que si el Presidente avanzaba por esa vía, el Senado iba a voltear las designaciones. Desde el corazón del Ejecutivo no retrocedieron y alardearon: “Si se hacen los guapos hacemos nombramientos en comisión en los 150 juzgados vacantes. También al Procurador general, al Defensor general, y el Defensor del Pueblo”.

En la sede del Gobierno aseguran que el próximo 1° de marzo, cuando Javier Milei inaugure el año legislativo, sus dos candidatos a la Corte ya habrán sido designados y “estarán sentados” en el Congreso para escuchar el discurso presidencial junto a los demás cortesanos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Esos tiempos requieren un esfuerzo y sincronización que debe contemplar que, después de la eventual aprobación del pliego de Lijo se notifique al Ejecutivo y que desde allí, Milei firme el decreto con su nombramiento. Y eso luego sea remitido al máximo tribunal para que se le tome juramento. Todo en seis días hábiles.

Por su parte, el caso de García-Mansilla es visto por fuentes judiciales, como aún más complejo. Su posible designación por decreto anticipa una posible judicialización por parte de la oposición. Algo sobre lo que ya hay antecedente en la Corte por lo que pasó en 2015 con Rosatti y Rosenkrantz y que constituye un escenario sobre el que el máximo tribunal podría mostrar cautela y no avanzar con la toma de juramento.

Por Maia Jastreblansky y Cecilia Devanna

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