El Gobierno apuesta al silencio para bajar la tensión con Venezuela por el avión retenido en Ezeiza

Con la causa judicial estancada, el avión aún retenido en Ezeiza y sus tripulantes venezolanos e iraníes sin permiso para retornar a Caracas, el gobierno de Alberto Fernández evitó hoy criticar a la gestión de Nicolás Maduro y a los congresistas venezolanos que insultaron al Presidente y al Poder Judicial, y que piden-cada vez con mayor énfasis-la “liberación” de la nave de la empresa estatal Emtrasur.

“Entendemos que son expresiones de diferentes actores de la vida venezolana, como muchísimas veces actores de la vida argentina han tenido expresiones muy fuertes con respecto a Venezuela y eso no implica un incidente diplomático”, contestó hoy la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en una respuesta de sólo doce segundos y durante la conferencia de prensa semanal en Casa Rosada.

La decisión del Gobierno, corroboraron desde la Cancillería, es la de no responder los agravios, que incluyen un video oficial venezolano en el que define el atentado a la sede porteña de la AMIA, en el que murieron 85 personas, de “falso positivo”; la definición de “ladrona” del presidente del parlamento venezolano hacia la fiscal Icardona, y el calificativo de “blando”, lanzado por el número dos del régimen, Diosdado Cabello, sobre el propio Presidente. ¿Por qué no responder? Desde la diplomacia argentina vinculada con Venezuela apuntan a las “internas” en el propio chavismo y a la “presión” de Irán sobre el régimen de Nicolás Maduro para que consiga ayuda de sus aliados regionales.

“Ellos tienen protestas sociales fuertes, demandas que atender. La presión de Irán sobre ellos también es fuerte y Diosdado es Diosdado”, sugieren fuentes de la diplomacia para justificar la escalada, distinguiendo entre la supuesta “belicosidad” de Cabello y la pretendida “moderación” de Maduro.

La indefinición de la situación del avión y sus 19 tripulantes (una apelación de la fiscal Cecilia Incardona trabó ayer el regreso de 14 de ellos, ya autorizados por el juez federal Federico Villena) complicó el vínculo con Venezuela, que el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la cancillería, Gustavo Martínez Pandiani, definió ayer como “normalizados” a través de la reciente instalación de Oscar Laborde como embajador en Caracas y de Stella Lugo como cabeza de la diplomacia chavista en Buenos Aires. Ayer, Martínez Pandiani afirmó a LA NACION que Venezuela, Cuba y Nicaragua “también son democracias” y evitó cuestionar sus regímenes políticos.

En ese mismo contexto, la presidencia argentina de la Celac recibirá a funcionarios venezolanos que llegarán a Buenos Aires el jueves próximo para un seminario internacional organizado por esa comunidad de naciones en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). “Nosotros apostamos a la Celac, esa reunión va a ser muy importante, con la posibilidad de que participen (Luis Inacio) Lula da Silva y (Andrés) Manuel) López Obrador. La quieren empañar pero nuestro negocio es seguir adelante con eso”, agregaron fuentes diplomáticas nacionales en referencia implícita a Estados Unidos y “medios afines”.

De inmediato, como es de suponer, surgieron críticas desde la oposición venezolana y argentina. “Insólito. Gabriela Cerruti avaló los ataques e insultos del chavismo contra Argentina y que se califique como “falso positivo” el atentado de la AMIA”, afirmaron desde las oficinas de Elisa Trotta, delegada en el país del presidente encargado Juan Guaidó. “Resulta inaceptable la tolerancia y el silencio del gobierno argentino ante la actitud negacionista del dictador venezolano respeto del atentado a la AMIA. Calificar de falso positivo a un atentado que costó la vida de 85 personas es una burla a las victimas, sus familiares y el pueblo argentino en su conjunto”, agregó Mariano Caucino, ex embajador en Israel durante la gestión de Cambiemos.

Por Jaime Rosemberg

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