El Gobierno avanza con la ley de acceso a la información
Macri anunció ayer el envío del proyecto al Congreso, en medio de la conmoción que provocaron los Panamá Papers; era una demanda largamente postergada
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LA NACIONJaime Rosemberg
Llegó de su breve paso por Misiones con una obsesión: dejar en claro que está en la Casa Rosada "para mejorarle la vida a la gente" y no para "enriquecerse en su gestión".
Con ese objetivo en mente, pero también con la imputación que el fiscal Federico Delgado le hizo por la mañana en relación con su vínculo con dos sociedades offshore en Panamá, el presidente Mauricio Macri anunció ayer el envío al Congreso del proyecto de ley de acceso a la información, demorado durante décadas por las distintas administraciones.
Pero no sólo eso: rodeado de funcionarios en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri reiteró que pondrá todos sus bienes personales en un "fideicomiso ciego" que los administrará mientras ejerza la primera magistratura, algo que "no hizo ningún presidente".
"Venimos a saldar una enorme deuda de años que tiene el Estado con los argentinos: la deuda de la transparencia", dijo Macri al anunciar el proyecto de acceso a la información, trabajado desde el Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio, y el de Modernización, con aportes de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
En su discurso, que duró nueve minutos, Macri destacó el artículo 11 de la norma, que fija en 15 días el plazo para que un funcionario responda al pedido de información de cualquier particular o entidad.
El plazo se podrá extender por otros quince días "de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada". Para Macri, "el Estado no es de los que gobiernan y los dineros que administramos son de la gente", dijo el Presidente.
El proyecto también establece la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, un órgano autárquico e independiente, que según el Presidente "va a velar para que los funcionarios contesten".
El director de esa agencia, cuyo nombre aún no fue definido, durará en su cargo cinco años, con la posibilidad de ser reelegido.
La norma también propone la creación del Consejo Federal para la Transparencia, con un representante de cada provincia, que se reunirá periódicamente para evaluar la evolución de los pedidos en el ámbito provincial. Se invitará también a los poderes Legislativo y Judicial para que se sumen a la iniciativa.
Todos los pedidos de información, afirmaron a LA NACION funcionarios que participaron del proyecto, serán pasados a una plataforma digital y podrán seguirse vía Internet a través del sistema de gobierno abierto, que puso en marcha semanas atrás el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Algunas reparticiones estarán exceptuadas de responder por manejar información "sensible", como la Unidad de Información Financiera (UIF); información secreta vinculada a la defensa y las relaciones exteriores, y aquella "que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero o bancario".
"Confiamos en el acompañamiento de los bloques opositores", afirmó al terminar el acto a LA NACION Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior y a cargo de las conversaciones con el bloque massista y el que responde a Diego Bossio, entre otros.
"Es un proyecto que va a generar una diferencia sustancial con respecto a lo que podemos saber hoy", afirmó el diputado Fernando Sánchez, que responde a Elisa Carrió (CC-ARI).
El martes el proyecto ya será tratado en comisión en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tiene mayores chances de acelerar el trámite legislativo.
Luego del decreto 1172 de acceso a la información firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003, todos los esfuerzos para aprobar una nueva ley fracasaron.
Entre ellos uno del entonces senador Samuel Cabanchik, aprobado por el Senado en 2010 y que se trabó en la Cámara baja por las modificaciones que implementó el Frente para la Victoria.
De aprobarse la norma, la Argentina saldría del grupo que hoy integra junto a Costa Rica, Cuba y Haití, únicos países de América que todavía no cuentan con una ley de acceso a la información del Estado.
Las claves de un plan ambicioso
Qué prevé el proyecto oficial de acceso a la información
Plazos
El proyecto establece en 15 días el plazo para que los ministerios y los organismos respondan a las solicitudes de acceso a la información. Es prorrogable por otros 15 días si la información es difícil de conseguir
Organismos
Se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano autárquico e independiente que, según señaló ayer el presidente Mauricio Macri, "va a velar para que los funcionarios contesten" a los pedidos de información
Consejo Federal
Se creará también el Consejo Federal para la Transparencia, con un representante de cada provincia, que se reunirá periódicamente para evaluar la evolución de los pedidos en el ámbito provincial. Estaría dentro de la órbita de los ministerios del Interior y de Modernización
Digitalizado
Cada pedido será digitalizado, y el solicitante podrá seguir el trámite a través del sistema de gobierno abierto, que puso en marcha semanas atrás el ministro de Modernización, Andrés Ibarra
Excepciones
Algunas reparticiones estarán exceptuadas de responder, por manejar información "sensible", como la Unidad de Información Financiera (UIF). Tampoco se revelará información secreta vinculada a la defensa y las relaciones exteriores, y aquella "que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero o bancario"
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