5 minutos de lectura'La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantiene el reclamo por la reciente reducción de personal en distintas dependencias de la administración pública. Ayer, el punto más caliente se concentró en el Hospital Laura Bonaparte, en el barrio porteño de Parque Patricios, para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos y frenar lo que consideran un intento del Gobierno nacional de cerrar el centro de salud mental.
“La irresponsabilidad que muestra el Poder Ejecutivo es muy grave. Es el Estado el que debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho a la salud y no lo está haciendo”, sostuvo Rodolfo Aguiar, jefe nacional del sindicato estatal al encabezar la protesta. “Está claro que detrás de estas cesantías se esconde la decisión de vaciar y cerrar los hospitales”, cuestionó el avance del ajuste.
Bajo las consignas “Vaciar es cerrar” y “sin trabajadores no hay salud mental”, dirigentes del gremio estatal realizaron un “abrazo” simbólico al centro de salud y los empleados desvinculados. La semana pasada, la gestión de Javier Milei decidió no renovar 200 contratos de trabajadores del Hospital Bonaparte, que se suman a otros 1200 despidos en el sector de la salud.
“El miércoles pasado, a 200 compañeros de diferentes dispositivos, sean asistenciales o no asistenciales, les llegó vía GDE una notificación de la no renovación de sus contratos, es decir que los despidieron”, explicó una trabajadora del centro de salud. Según indicó a LA NACION, más allá de estas desvinculaciones, el resto de los trabajadores de la institución tienen su contrato vencido desde el 31 de diciembre y, actualmente, continúan sin novedades. “Estamos trabajando, cumpliendo con nuestros horarios y responsabilidades laborales sin ninguna relación contractual”, dijo uno de los trabajadores sobre la situación de incertidumbre.
Según averiguó LA NACION, los despidos denunciados por ATE y otras organizaciones abarcan múltiples áreas del Hospital Bonaparte. Desde Atención a la demanda espontánea y el área de niñez y adolescencia, hasta el 0800, los consultorios externos y el plantel administrativo. Todos los sectores se han visto afectados por la reducción de personal.
“En las áreas asistenciales, estos despidos implican no poder cumplir con la atención como se venía brindando. Hay momentos en donde la guardia por una cuestión de falta de profesionales, de psiquiatras, no puede atender”, detalló la misma trabajadora a LA NACION. “Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. A veces, de un paciente, tanto su psicólogo, su trabajador social o su enfermero han sido despedidos, con lo cual no puede seguir sosteniendo su tratamiento”, agregó.
Por este motivo, los gremios vienen presionando por la apertura de una instancia de negociación y diálogo con las autoridades nacionales para que se normalice la situación de los centros de salud. “Estas cesantías masivas en Salud vulneran derechos individuales y colectivos de todos los usuarios del sistema sanitario público en el país. Si está afectando la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud”, afirmó Aguiar. “Esta medida debe ser revisada de manera inmediata, si eso no ocurre los prejuicios posteriores serán irreparables. Se están afectando también derechos sociales de grupos de extrema vulnerabilidad”, dijo el gremialista.
A pesar de la baja de los contratos, algunos de los trabajadores de la institución de salud mental continúan presentándose en el establecimiento. Algunos realizan una permanencia ante el temor de un cierre definitivo del hospital, mientras que otros siguen con sus tareas habituales para mantenerlo operativo. “Más allá de los motivos personales, obviamente un trabajador despedido no puede brindar tratamiento porque estaría infringiendo la ley. Es una situación muy compleja”, explicaron fuentes del Hospital Bonaparte.
La reducción de personal en el Hospital Bonaparte no es un episodio aislado. Esta mañana, 50 trabajadores del PAMI no pudieron ingresar a la sede central del organismo, ubicada en la Avenida Corrientes 650. Desde los gremios estatales, presumen que se trata de 250 nuevos despidos que aún no han sido debidamente notificados.
Ya en diciembre de 2024, ATE había llevado adelante medidas de fuerza en la provincia de Buenos Aires frente a despidos en las unidades de atención local de este organismo público en San Martín y Lanús. “No podemos acostumbrarnos a ver el llanto de nuestros jubilados y jubiladas, de nuestros pibes y pibes. Estamos enfrentando a un Gobierno nacional que se caracteriza por la crueldad, la precarización y la persecución. El Gobierno quiere imponer un sistema de evaluación. No van a capacitar para garantizar la política pública, sino que buscan despedir”, sostuvo en aquella oportunidad Eliana Aguirre, secretaria adjunta de ATE bonaerense, en relación al examen de idoneidad con el que la administración libertaria busca evaluar a todos aquellos que se desempeñen en organismos públicos.
A todos estos recortes, la semana pasada, se sumaron también otras 1200 desvinculaciones en el sector sanitario. Así, según informó LA NACION, en el Hospital Nacional Baldomero Sommer (General Rodríguez, provincia de Buenos Aires), se rescindieron 122 contratos, mientras que en el Instituto Nacional del Cáncer (INC) no se renovaron otros 56.
