El Gobierno busca acordar con los gremios docentes un inicio de clases en fecha

El primer paso será reactivar por decreto la paritaria nacional docente, interrumpida por la gestión macrista en 2018. Después llegará el momento del debate salarial, aunque algunas primeras cartas ya están en la mesa: el Gobierno y los gremios negocian una suba del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un beneficio de $1210 que reciben todos los maestros, como la llave para destrabar los conflictos provinciales e intentar que el ciclo lectivo comience el 2 de marzo en los 24 distritos del país.

A través de dos funcionarios de jerarquía, Alberto Fernández les envió un mensaje a los dirigentes gremiales docentes. Les pidió garantizar al menos 180 días de clases y evitar la escalada de la conflictividad en el sector.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, convocará para la semana próxima a los cinco sindicatos docentes de alcance nacional para poner otra vez en marcha el ámbito de negociación. Las discusiones salariales en las provincias se paralizaron a la espera de las fichas que mueva la Casa Rosada. Es lo que sucedió, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tras una primera charla entre los gremios y la administración de Axel Kicillof, en la que se evidenció una sintonía que jamás hubo con María Eugenia Vidal, a quien le hicieron 29 huelgas en un año.

El monto del Fonid es de $1210 y no se actualiza desde 2016. Los gremios lo distinguen como el atajo para resolver los conflictos distritales ya que lo reciben todos los maestros del país, que son 1.000.000, aproximadamente. Se percibe por cargo y puede cobrarse hasta dos veces. En algunos casos representa entre el 6 y el 8 por ciento del salario total. Antes se percibía por 10 meses, pero desde 2019 se abona todo el año a partir de una concesión del macrismo para evitar una escalada de la conflictividad durante el año electoral.

"Aumentar el fondo de incentivo es una vía que podría resolver los problemas en las provincias, sobre todo en aquellas que no llegan a cubrir el salario mínimo docente, que es hoy de 20.250 pesos", dijo Sergio Romero, jefe de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de políticas educativas de la CGT.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió el martes pasado en la Casa Rosada a los sindicalistas Roberto Baradel, Eduardo López y Hugo Yasky. Baradel y López son los dirigentes fuertes en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Yasky, en tanto, mantiene su influencia sobre la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que representaría al 70% de los maestros de todo el país a través de diferentes gremios provinciales.

Cafiero les habría dejado en claro que la intención del Presidente es que las clases comiencen el 2 de marzo en todo el país a pesar de los cortocircuitos que ya salieron a la luz en algunas provincias, como en Tucumán, Chubut y Santa Fe. Les garantizó además que la reactivación de la paritaria nacional se dará en los próximos días. Testigos del encuentro aseguran que no se habló de un porcentaje de aumento, aunque sí se habría sugerido no incorporar este año la cláusula gatillo, que prevé un ajuste salarial automático por inflación.

"No hubo un pedido para que no hagamos paro. Nosotros estamos acompañando las medidas del Gobierno, como la suma fija de $4000. Si el Gobierno nos escucha y nos da respuestas, no habrá conflicto, como pasó con Cambiemos en su primer año de gestión", dijo Baradel, que también cree que una suba del incentivo docente facilitaría el acuerdo. Baradel espera el avance de la paritaria nacional para dar el segundo paso en la negociación bonaerense.

En sus primeras entrevistas, Trotta garantizó "al menos 180 días de clases en el año. Pero ahora evitó adelantar definiciones y desde su entorno se limitaron a decir que antes de fin de mes se convocará a los cinco gremios de alcance nacional. Se trata de la Ctera, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA.

Cuando se concrete el encuentro se producirá la restitución de la paritaria nacional tras el decreto 52/2018, que modificó la ley de financiamiento educativo, que obligaba al Poder Ejecutivo y a los gremios a discutir el salario mínimo de los trabajadores docentes. Desde entonces, el sueldo básico se estableció de manera automática en un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, cuya negociación se cierra en un ámbito tripartito con el Estado, las principales cámaras empresariales del país y las centrales obreras.

Las internas sindicales podrían incluso dificultar un acuerdo veloz, a pesar del alineamiento con la gestión de Fernández que exhiben los sindicatos y las centrales obreras.

"Por más voluntad que muestren dos o tres dirigentes que no representan a todo el colectivo docente, hacen falta recursos y reunirse en el ámbito de la paritaria. Nosotros no garantizamos nada", planteó Romero, de UDA. Se interpretó como un mensaje al Gobierno por haber privilegiado a Baradel, número dos de la Ctera, como su interlocutor principal.