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El Gobierno cerró un polémico fideicomiso con Venezuela
Ese fondo fue creado por Chávez y Kirchner en 2004; llegó a manejar con escasa transparencia US$ 2000 millones y ahora se dejará de usar
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Fin de un ciclo. El Gobierno argentino decidió cerrar el fideicomiso bilateral que el kirchnerismo operó con Venezuela durante la última década, ante las sospechas crecientes de corrupción por cientos de millones de dólares, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.
La decisión implica, en la práctica, una nueva señal de distanciamiento entre la Casa Rosada y el régimen bolivariano de Nicolás Maduro, que ya registró cortocircuitos en el Mercosur y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El cierre del Fideicomiso Financiero Serie II (más conocido en Buenos Aires como Pdvsa II), que llegó a manejar unos US$ 2000 millones, quedó a cargo de las autoridades de Nación Fideicomisos que asumieron en diciembre, quienes ya comunicaron su decisión a los responsables de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa.
Nación Fideicomisos le comunicó a Caracas que también le devolverá unos US$ 120 millones remanentes para de ese modo cerrar una operatoria que le aportó a la Argentina un canal de financiamiento cuando no podía salir a los mercados internacionales y le abrió las puertas de Venezuela a empresarios locales. Pero que también acumuló sospechas al punto que puertas adentro califican algunos contratos como "turbios" o, incluso, "un escándalo". Desde la petrolera venezolana, por su parte, adelantaron a Buenos Aires que utilizarán esos fondos remanentes para capitalizar su filial local, Pdvsa Argentina. Pero antes pidieron que se completen los tres últimos pagos, según reconstruyó LA NACION.
Esos pagos abarcan a dos empresas argentinas -la firma láctea Sancor, por unos US$ 2,5 millones, y la compañía de equipamientos médicos, Medix, por unos US$ 20 millones a raíz de una deuda que comenzó a generarse hace años-, y la venezolana Parámerica, por otros US$ 20 millones.
Con cobros acumulados por más de $ 2800 millones entre septiembre de 2014 y junio de 2016, Paramérica es uno de los casos más llamativos del fideicomiso. Entre otros motivos, porque mientras otras empresas debieron esperar años para cobrar sus facturas, Paramérica siempre estuvo al día. También, porque en cuanto Venezuela comunicó que ya no recurriría al fideicomiso para pagar "bienes", esa firma cosechó una instrucción de cobro por un monto elevado pero por "servicios". Y, por último, por el interés ministro de Alimentación venezolano, Rodolfo Marco Torres, por los avatares de la compañía y sus cobros.
Las sospechas también alcanzaron a varias firmas argentinas. Entre ellas, Bioart (de la familia Vignati) y lasvinculadas a Juan José Levy, quien acumuló operaciones por más de US$ 550 millones con Venezuela durante los últimos años. Entre otras, a través de Laboratorios Esma, Grupo Núcleo, Corporación Gulfos y Farmamed. En algunos de ellas, junto a la familia Rubio y Maximiliano González Kunz.
Señalado por sus supuestos vínculos con un eslabón clave de la "diplomacia paralela", José María Olazagasti -el ex secretario privado del ministro Julio De Vido-, Levy afronta varias causas penales en el país; entre otros motivos, por presunto contrabando y lavado de activos. Venezuela también lo investiga para determinar el destino de millones de dólares girados para la compra de medicamentos.
Las sospechas sobre el comercio con Venezuela comenzaron a aparecer casi desde la firma misma del Convenio Integral de Cooperación que suscribieron los entonces presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez en abril de 2004. Apenas nueve meses después, el entonces embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, emitió el cable CA-EVENE 020096/2005. Titulado "Grave situación", reclamó "la intervención de las más altas autoridades" de la Cancillería y recomendó "hacerle un planteo serio y preciso" al presidente Chávez durante su visita al país. ¿El motivo? Los "serios problemas" que afectaban "los intereses argentinos" en los negocios bilaterales manejados a través del primer fideicomiso, de la mano del primer rostro visible de la diplomacia paralela, Claudio Uberti. También aportó detalles e incluyó una palabra por demás incómoda en un cable diplomático: "corrupción".
En vez de tomar el cable para corregir lo que ocurría, la Casa Rosada castigó a Sadous. Lo convocó a Buenos Aires, donde lo mantuvo sin funciones hasta su retiro. Luego le retaceó el pago de su jubilación mientras que De Vido le inició una causa por falso testimonio. Pero las alarmas sonaron también en Venezuela. En 2007, fue el defensor del Pueblo venezolano, Germán Mundaraín, "cuestionando presuntos pagos de sobreprecios en la operatoria [del fideicomiso] por parte del Estado venezolano". Y ya en enero de 2014 trascendió que Pdvsa detectó otro presunto sobreprecio por al menos US$ 17 millones en el fideicomiso bilateral, que ahora es auditada.
Actores de un convenio cuestionado
El fideicomiso bilateral involucró a funcionarios de alto nivel de ambos países
Julio de Vido
Ex ministro de Planificación
El ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo es investigado en la Justicia por irregularidades en la transparencia de las actividades vinculadas al Convenio Integral de Cooperación, al que suscribieron la Argentina y Venezuela en 2004.
José María Olazagasti
Ex secretario privado de Julio de Vido
El ex secretario privado de Julio De Vido es señalado como el hombre clave de la "diplomacia paralela" entre la Argentina y Venezuela. También se lo vinculó con el empresarió José María Levy, que hizo negocios por más de US$ 550 millones con Venezuela en los últimos años.
Rodolfo Marco Torres
Ministro de alimentación de Venezuela
El ministro de Alimentación venezolano se mostró muy interesado en los cobros de Paramérica, uno de los casos más llamativos del fideicomiso bilateral porque, a pesar de que otras empresas tardaban años en cobrar, esa compañía estuvo siempre al día.
Eduardo Sadous
Ex embajador argentino en Venezuela
El ex embajador argentino en Caracas había alertado sobre los "serios problemas" que el convenio generaba para los intereses locales. Luego de ese aviso, la Casa Rosada lo obligó a volver a Buenos Aires y lo mantuvo sin funciones hasta que se retiró.
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