El Gobierno cierra las corresponsalías de Télam en todo el país

Luego del cierre de Télam y en medio del conflicto con los trabajadores, el Gobierno anunció que cerrarán todas las corresponsalías que la agencia de noticias estatal tiene en todo el país. La medida se da dos meses después de que el presidente Javier Milei anunciara que el medio periodístico dejaría de funcionar.

“En función a las medidas que viene llevando a cabo el gobierno nacional, se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, dice el texto firmado por el interventor, Diego Martín Chaher.

La disposición alcanza a las sedes ubicadas en Resistencia, Chaco; Bahía Blanca y La Plata; provincia de Buenos Aires; Paraná, Entre Ríos; Santa Rosa, La Pampa; Posadas, Misiones; Viedma, Río Negro; Salta, provincia de Salta; Santa Fe y Rosario, provincia de Santa Fe; Córdoba, provincia de Córdoba; Corrientes, provincia de Corrientes y Mendoza, provincia de Mendoza.

“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes. Asimismo, deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”.

El mandatario había anunciado el cierre de la agencia, que el 13 de abril cumplió 79 años, durante el discurso que ofreció el 1° de marzo en la apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso. “Eliminamos agencias del gobierno como el Inadi, que cumplía el rol de la policía del pensamiento y mantenía militantes. Vamos a cerrar la agencia Télam que ha sido utilizada como agencia de propaganda kirchnerista”, dijo el mandatario en ese entonces.

La palabra del mandatario sobre el futuro del medio de comunicación fue publicada casi en simultáneo por la misma agencia a través de un cable alusivo al tema, así como también en su cuenta de la red social X, donde seguía el mensaje presidencial.

Un mes antes, la administración de La Libertad Avanza (LLA) había decretado la intervención de los medios públicos - entre los que figura la agencia de noticias fundada en 1945- por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Una semana después de haber efectivizado el cierre, concretado el 4 de marzo, el Gobierno dispuso extender la dispensa laboral para el personal y que además se abriera un programa de retiros voluntarios para todos los empleados.

Ante la situación, desde la Comisión Interna de SiPreBA de Télam informaron a través de un comunicado el rechazo a la propuesta y siguieron con su plan de lucha en contra de la decisión gubernamental, que continúa hasta la fecha.

La Sala número 5 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a un amparo presentado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en el que solicitaba la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 que decretó el presidente Javier Milei. La entidad gremial había pedido que se frene la aplicación del DNU en la parte referida a la derogación de la Ley de Sociedades del Estado y la transformación de Télam y de Radio y Televisión Argentina en sociedades anónimas.

En el fallo, los tres jueces (Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Fedriani) afirmaron que la transformación de Télam en sociedad anónima no afecta el derecho a la información de manera individual ni colectiva, uno de los argumentos centrales que había esgrimido FATPREN en la demanda.

Los tres camaristas, además, concluyeron que FATPREN “carece de la legitimación necesaria para que se configure un caso o controversia susceptible de ser dirimido por los tribunales del Poder Judicial de la Nación” y subrayó que el gremio, que nuclea varios sindicatos de prensa en todo el país, “no demostró que la transformación del tipo societario aquí en cuestión afectaba de manera concreta, directa, e inmediata los derechos de sus representados”.

La sentencia, no obstante, no cancela la posibilidad de que los trabajadores puedan reclamar por los eventuales efectos lesivos hacia ellos de la aplicación del DNU, pero reiteró que el decreto, en base al enfoque que realizó FATPREN, “no supone de por sí una lesión inmediata a sus derechos”, por lo que rechazó otorgar la medida de amparo que pidió el gremio y confirmó la sentencia del juez de primera instancia del juez Santiago Carrillo.

LA NACION

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