El gobierno de Río Negro denunció en la Justicia a la gestión de Milei por la falta de obras en la ruta nacional 151
El gobernador Weretilneck presentó una acción de amparo colectivo junto con la Defensoría del Pueblo, intendentes y empresarios; denuncia abandono
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PARA LA NACIONPaz García Pastormerlo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo, intendentes de diversos municipios y entidades empresariales presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el “deplorable estado” de la Ruta Nacional 151.
“Agotamos todas las instancias, solo nos quedó la vía judicial. El estado calamitoso de la Ruta Nacional 151 es un símbolo del abandono del Gobierno Nacional hacia el interior productivo del país”, afirmó el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. Y agregó: “Basta de abandono. La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no“.
La acción de amparo colectivo, presentada ante el Juzgado Federal de General Roca, fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, los intendentes de Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti, así como por cámaras empresariales de las localidades afectadas.
“Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se quedan en Buenos Aires, no hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas”, añadió Weretilneck.
Tal como indicaron, la presentación “busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional”. El objetivo es que la Justicia exija a Vialidad Nacional un plan inmediato de mantenimiento, señalización y bacheo, y ordene la reparación completa de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa. Se trata de una ruta muy utilizada también por los turistas que viajan a la Patagonia, especialmente en verano.
Según informaron desde el gobierno de Río Negro, el Juzgado Federal de Roca ya requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de 11 días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de 5 días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial. El escrito presentado también exige campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
Entre los puntos centrales del amparo se detalla que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial: advierten que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, “esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso”.
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449).
“Esta demanda representa un paso firme del Gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional, que tiene la competencia exclusiva sobre las rutas nacionales y el deber de mantenerlas en condiciones seguras. A su vez, podría constituir un precedente judicial que abra la puerta a que otras provincias exijan judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones estructurales del Estado central“, señalaron desde el gobierno provincial.
Impulsada por la provincia de Río Negro, la presentación fue realizada por la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.
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