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Sorpresa del Gobierno por el cuestionamiento de Estados Unidos a la avanzada sobre la Corte Suprema
El Departamento de Estado había reclamado “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”; en la Cancillería y en la Casa Rosada plantearon que al no ser oficial el planteo no requiere una contestación
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LA NACION
El gobierno nacional decidió no responder al mensaje de Estados Unidos que llamó a “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes” en el país, luego de que el presidente Alberto Fernández avanzó en su pelea con la Corte Suprema con el pedido de juicio político en el Congreso a todos los integrantes del máximo tribunal. El mensaje de la administración de Joe Biden se conoció ayer a través de las declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado estadounidense en declaraciones al diario LA NACIÓN.
“Nunca se recibió una queja en forma oficial”, dijeron fuentes de la Cancillería a LA NACIÓN. “Es raro, no tenemos constancia de que sea oficial, no podemos responder sobre eso”, completó un estrecho colaborador de Fernández en Casa Rosada. “No queremos hacer especulaciones sobre algo que no sabemos quién lo dijo. Pensamos que si tienen algo por decir es por los canales oficiales, de otro modo es inchequeable saber quién lo dijo”, completaron. “Fue una sorpresa cuando lo leímos porque nadie nos hizo saber nada de nada a nosotros”, agregó un tercero que se mostró desconcertado por lo sucedido.
“Las conversaciones con EE.UU. son cotidianas y por los carriles habituales con las temáticas bilaterales de interés mutuo, y no hubo mención alguna con respecto a este tema”, agregaron. Tras lo que recalcaron que “el vínculo bilateral es el correcto y se demuestra por ejemplo en los cuatro encuentros que el canciller Cafiero mantuvo con su par, Antony Blinken, durante 2022″.
De ese modo evitaron referirse a las declaraciones entre las que se consignaba desde el Departamento de Estado norteamericano: “Estamos al tanto de estos informes. Hacemos un llamado a todos los actores en la Argentina a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”.
La postura de la administración de Biden sobre la avanzada de Fernández y once gobernadores se conoció a última hora de ayer. Fue luego de que un vocero del Departamento de Estado respondiera ante una consulta de LA NACION que el gobierno de Biden estaba al tanto de las reacciones que había desatado la decisión del Presidente.
El mandatario anunció el primer día de este año, en un mensaje difundido en Twitter, su intención de convocar a los gobernadores a que acompañen al gobierno nacional en la disputa contra la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación y a impulsar el juicio político a la Corte para que se investigue “las conductas” de los miembros del máximo tribunal. El Gobierno busca poner en marcha el juicio político este mismo mes durante un período de sesiones extraordinarias en el Congreso convocado por la Casa Rosada.
La ofensiva cuenta con el respaldo de un grupo de gobernadores y de figuras del Frente de Todos, pero que a su vez fue duramente criticada por la oposición, organizaciones civiles y de derechos humanos y asociaciones empresarias. Con nulas posibilidades de avanzar al recinto, en el Gobierno se ilusionan con un “desfile” de los cuatro ministros del máximo en la Comisión de Juicio Político.
La respuesta del gobierno de Biden a la ofensiva contra la Corte Suprema es la última reacción luego de una serie de rechazos que recibió el gobierno nacional en varios frentes por su intención de destituir a los magistrados del máximo tribunal.
La escalada del oficialismo contra los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se agudizó tras el fallo por la quita de la coparticipación decidida por Fernández contra el gobierno porteño. La decisión judicial conocida en diciembre pasado de beneficiar a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta fue seguida de un ida y vuelta que incluyó desde una primera declaración de que la decisión era de “imposible cumplimiento” a una opción de pagarla en bonos y por último, el pedido de juicio político.
Fernández contó para eso con el apoyo de menos de la mitad de los gobernadores de todo el país. Así como sufrió la dilación del comienzo de sesiones extraordinarias para el tratamiento del tema, al tiempo que saben que el proyecto tiene escalas a nulas posibilidades de sobrevida.
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