El Gobierno defendió su propuesta para regular el lobby y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces
El director de Reforma Política sostuvo que es “un debate que el Congreso se debe”; desde varios bloques reclamaron precisar la definición de gestión de intereses y extender los controles a los tres poderes del Estado
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La discusión sobre la regulación del lobby comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un amplio consenso respecto de la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, aunque también con diferencias sobre el alcance que debería tener la futura ley.
Mientras el Gobierno defendió su proyecto como una herramienta para dar “mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad” a una práctica que ya existe, legisladores de distintos bloques reclamaron incluir al Poder Judicial y advirtieron sobre definiciones que podrían abarcar actividades de organizaciones civiles, académicas o periodísticas.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Allí expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política, quien presentó la iniciativa enviada por Javier Milei y respondió preguntas sobre los siete proyectos alternativos que también se encuentran en discusión.
“Intenta regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se seguirá haciendo, que es el lobby”, sostuvo Marías. Según explicó, hoy esas gestiones suelen producirse “en un café o en un despacho”, bajo criterios informales, mientras que la propuesta busca crear un marco “formal, legal, previsible y público”.
El funcionario defendió además la creación de registros para funcionarios y gestores de intereses. “Hoy los funcionarios tenemos la obligación de publicar nuestras audiencias. Esto viene a ordenar ese sistema y también alcanza a empresarios o representantes de intereses nacionales y extranjeros”, argumentó.
Uno de los principales reclamos surgió en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el régimen a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Marías evitó pronunciarse sobre una eventual incorporación del Poder Judicial, pero varios legisladores insistieron en ese punto.
“En la Argentina hay algo que se repite, que es la gestión de negocios especialmente con el Estado”, sostuvo Miguel Pichetto. El jefe de Encuentro Federal defendió la necesidad de identificar quién representa cada interés y cuestionó que el proyecto oficial utilice una definición “muy ambigua” sin hablar expresamente de lobby. También marcó diferencias con su propia iniciativa, que establece una autoridad de aplicación específica y fija restricciones para exfuncionarios y sus familiares que pretendan desempeñarse como lobbistas.
Karina Banfi coincidió en que una futura ley debería complementarse con reformas en materia de acceso a la información pública, ética pública y conflictos de interés. Además, consideró que el régimen debería abarcar a los tres poderes del Estado.
La diputada radical también advirtió sobre uno de los puntos que más preocupan a organizaciones especializadas en transparencia: la posibilidad de que la norma equipare la defensa de intereses particulares con actividades de interés público. “Tenemos que dilucidar claramente la diferencia entre gestión de intereses y gestor de intereses porque, si no, vamos a crear un problema”, planteó. Y agregó: “Las ONG no tienen intereses particulares, sino intereses comunes”.
“Cuánto nos hubiésemos ahorrado en la estafa $LIBRA si hubiésemos tenido una ley de lobby”, ironizó Maximiliano Ferraro al tomar la palabra. El diputado de la Coalición Cívica reclamó avanzar primero con esa discusión antes que con iniciativas como el Súper RIGI o la reforma de la ley de sociedades y pidió evitar que la futura regulación termine afectando derechos constitucionales. “¿Cómo garantizamos la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a peticionar?”, preguntó. “Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que falta precisión”.
El exdiputado por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño también pidió delimitar con claridad qué tipo de comunicaciones quedarán alcanzadas por la ley y sostuvo que la regulación debería extenderse a los tres poderes del Estado.
Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador dentro del peronismo, propuso un esquema más amplio de integridad pública que incluya declaraciones juradas, control de conflictos de interés y la creación de un organismo autónomo con competencia sobre todos los poderes.
También de Unión por la Patria, Agustina Propato reclamó conocer con mayor precisión los objetivos de la iniciativa. “Espero por favor que empecemos con la Comisión Bicameral de la Hidrovía que me parece un tema sustancial para el futuro de la Argentina”.
Los detalles del proyecto
El Gobierno aspira a dictaminar la iniciativa en las próximas semanas y discutirla junto con otros siete proyectos que abordan la misma temática. En el oficialismo confían en que existe margen para construir un texto consensuado.
La denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en representación de quién y sobre qué asuntos. Para ello crea un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar reuniones, contactos y asuntos abordados.
La iniciativa también obliga a identificar clientes o beneficiarios finales, detallar los temas sobre los que se busca incidir y declarar cuando la gestión se realiza en representación de intereses extranjeros.
Uno de los puntos más controvertidos es la definición de “gestión de intereses”. Aunque el proyecto excluye actividades académicas, científicas, periodísticas y de difusión general, aclara que esa excepción deja de regir cuando dichas actividades tengan por objeto influir sobre una decisión pública determinada. Esa redacción despertó reparos tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre asociaciones vinculadas al ámbito judicial.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen ocultando información relevante, con multas que pueden escalar hasta 2000 salarios mínimos en los casos más graves.
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