1
El Gobierno inició el proceso para privatizar Intercargo y fijó un plazo límite para su realización
La resolución instruye vender el 100% del paquete accionario y rescindir el contrato de concesión del servicio de rampa en 8 meses
3 minutos de lectura'
LA NACION
El Ministerio de Economía puso en marcha el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de atención en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. Según la Resolución 1067/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la venta del 100% del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La medida forma parte de lo previsto en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que declaró la empresa “sujeta a privatización”.
La normativa instruye a la Secretaría de Transporte, de cuya órbita depende Intercargo, a iniciar las gestiones necesarias para concretar la venta y actualizar el inventario de bienes de la empresa.
Intercargo es una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado Nacional. Además, es la empresa que presta en exclusividad el Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves -conocido como servicio de rampa- en aeropuertos del país. Para avanzar con la venta, el Gobierno también dispuso rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión actualmente vigente entre la empresa y el Estado. La rescisión debe producirse antes de llevar a cabo la transferencia accionaria al futuro comprador.
La propuesta de privatización, elaborada por la Secretaría de Transporte y elevada al Poder Ejecutivo con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, no contempla mecanismos de participación preferencial ni planes de propiedad participada. El paquete accionario completo se venderá en una única operación, sin divisiones parciales ni ofertas reservadas para trabajadores.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será la responsable de coordinar las acciones del proceso. Tendrá un plazo de ocho meses para completar la privatización. También deberá solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación oficial de la totalidad del paquete accionario, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá realizar esa tarea en un plazo razonable.
A su vez, se instruyó a la Subsecretaría de Transporte Aéreo para que supervise la transición hacia el nuevo operador y que, de esa manera, el proceso no afecte la prestación del servicio de rampa ni comprometa la conectividad aérea nacional e internacional. El Decreto 198/2025 ya había dispuesto que uno de los objetivos principales de la privatización debía ser garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, también dispone que todo el procedimiento se realice a través de la plataforma CONTRAT.AR y asignó a los organismos involucrados la responsabilidad de garantizar el orden de este proceso.
LA NACION
