El Gobierno intimó a gremios y piqueteros a pagar por los gastos de las marchas contra Milei: les reclama $96 millones

El Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, intimó a sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos que protagonizaron marchas durante los primeros días de mandato de Javier Milei a pagar $96 millones para cubrir los “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras a mantener el orden público”. El sindicato de camioneros, que conduce Hugo Moyano, es una de las entidades notificadas, con un pedido de pago “solidario” de $40 millones por la protesta del 27 de diciembre frente a Tribunales. A la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras agrupaciones, el ministerio le reclama $56 millones por una movilización que se desarrolló en el Obelisco, Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Capital Humano, el 22 de diciembre.

Quienes tendrán que hacerse cargo del pago –que según la notificación deberán afrontarlo solidariamente– son “las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular”. La carta documento que recibió Camioneros enumera en la lista de deudores no solo a ocho gremios, sino también a agrupaciones de izquierda, como el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) o el Polo Obrero, y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organización gremial de los movimientos sociales. La multa se establece por la marcha frente a Tribunales que se realizó el 27 de diciembre, para exigir que la Justicia frente el megadecreto desregulador de Milei.

Firma las comunicaciones Martín Siracusa, responsable de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad. El funcionario intimó al apoderado de camioneros a que efectivice el pago “en el plazo perentorio de diez días hábiles” y le dijo que quedaba notificado “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.

Llama la atención que la intimación enviada por el Gobierno no cita como fundamento para el cobro ninguna ley u orden judicial, sino dos resoluciones ministeriales de Bullrich: la 943 y la 949, de diciembre pasado. La primera es la que se conoce como protocolo antipiquetes. La segunda es la que manda a las fuerzas de seguridad a calcular sus gastos luego de cada protesta. Resta ver cómo hará el Gobierno para obligar el pago de gremios y piqueteros sobre estas dos decisiones administrativas.

En el sindicato que conduce Hugo Moyano hay un fuerte malestar. Responderán la carta documento, cuyo contenido rechazan. “Vamos a contestar la carta documento enviada. Pero este Gobierno ha llegado a lo más alto del ridículo: enviar una carta documento firmada por Siracusa queriendo cobrar 40 millones de pesos. Es un gobierno que no tiene rumbo y atropella a los gremios. Actuaremos a través de nuestros abogados”, afirmó a LA NACION Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros. “Si creen que con esto van a asustar a 14 días del paro, solo van a lograr más movimiento en las calles. Se va a movilizar el país, la gente tiene un gran descontento”, agregó el dirigente sindical.

En la lista de las agrupaciones gremiales intimadas están el Sindicato del Neumático, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el gremio de los judiciales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), entre otros.

En otra carta documento, el Ministerio de Seguridad les reclama $56 millones a organizaciones como ATE, y también a algunas que están incluidas en la intimación que recibió camioneros. En este caso, es por una marcha realizada el 22 de diciembre que tuvo varios puntos de concentración, como el Obelisco, la Plaza de Mayo y el Ministerio de Capital Humano. La fórmula utilizada en la carta, también firmada por Siracusa, es idéntica a la que llegó al gremio de los Moyano: “Intimo a usted [se lee en la notificación que recibió la Federación Nacional Territorial] al pago solidario de $56.760.282,58 en el plazo perentorio de diez días hábiles de recepcionada la presente, en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”.

El Gobierno había anunciado el mes pasado su plan de cobrarles los gastos generados a los manifestantes que incumplieran el protocolo antipiquetes. Lo advirtió el 22 de diciembre y difundió una lista de agrupaciones que, según la Casa Rosada, habían estado “involucradas” en la marcha realizada dos días antes, el 20, en recuerdo de la movilización de 2001 que terminó con represión y muertes.

La marcha del 27 de diciembre fue en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que estableció, entre otras cosas, una fuerte desregulación de la economía, una reforma laboral, la derogación de múltiples normativas y medidas para la privatización de empresas públicas.

Ese día, el gobierno nacional desplegó su flamante protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad y advirtió que serían utilizadas “todas las medidas de disuasión” disponibles para evitar cualquier afectación al tránsito. Sin embargo, hubo cortes de calles y la zona de los tribunales estuvo parcialmente bloqueada.

En paralelo con la movilización, la CGT y la CTA iniciaron acciones judiciales contra el DNU. Las dos agrupaciones gremiales tuvieron éxito porque la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a pedido de ellas, dictó medidas cautelares que mantienen suspendida la reforma laboral incluida en el decreto de Milei.

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