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El Gobierno pidió la devolución del edificio que se le había cedido a la Universidad de Madres que era usado como “boliche clandestino”
El Ministerio de Justicia hizo una denuncia que recayó ante la juez María Servini y el fiscal Carlos Stornelli; Pietragalla dijo que el inmueble pertenece al Estado
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LA NACIONCecilia Devanna
El Gobierno pidió hoy en la Justicia el desalojo y posterior entrega a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de dos pisos cedidos a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que habrían funcionado como “boliche clandestino”, local partidario y en el que, además, viven tres familias, según la denuncia que se impulsó desde el Ministerio de Justicia de la Nación.
Por sorteo, la denuncia realizada por la cartera recayó en el juzgado de María Servini y la fiscalía de Carlos Stornelli. Según pudo saber LA NACION, aún no llegaron las actuaciones policiales al juzgado, que una vez que lo reciba evaluará cómo proceder. En paralelo, agregaron las mismas fuentes que ya salió una nota comunicando a la organización de Madres de Plaza de Mayo la resolución del Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cuneo Libarona.
En la denuncia que el Gobierno presentó ante la Justicia federal por el caso se sostuvo: “Hemos tomado reciente conocimiento que un inmueble, cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.) al entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -hoy Ministerio de Justicia de la Nación-, concretamente al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres De Plaza De Mayo” para la instalación de una sede en el lugar, fue desviado del objeto social natural y destinado a un uso indebido por las personas a quienes había sido confiada su administración y custodia”.
La propiedad señalada está en la avenida Rivadavia al 2700, en la Ciudad de Buenos Aires, dividida en un segundo y tercer piso.
De acuerdo a lo denunciado por la cartera de Justicia, las figuras penales que eventualmente podrían aplicársele a quienes hayan participado de los hechos apuntados podrían ser la de “malversación de caudales públicos, sin que ello impida que, con el devenir de la investigación cuya instrucción aquí se solicita, los hechos resulten encuadrando en otras figuras penales más específica”, entre los que podrían estar fraude a la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.
La versión de un exfuncionario
Tras conocerse la denuncia del Gobierno el jueves cerca del mediodía, quien salió a dar explicaciones, unas horas después fue el exsecretario de Derechos Humanos del kirchnerismo Horacio Pietragalla. En su cuenta de la red social X, el funcionario sostuvo: “El edificio al cual hace referencia el ministro Libarona no pertenece a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo”, sostuvo. Y agregó: “Este inmueble es propiedad del Estado Nacional, el cual a través de la AABE cedió el uso de sus tres pisos para diferentes fines: la Universidad de las Madres dictó clases y cursos en un sector del segundo piso hasta el año 2021. A partir de ese año, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inauguró en esa parte del edificio que quedó desocupada el primer Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, parte de lo que luego se convertiría en una red nacional de Centros con apoyo de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los cuales funcionaron a lo largo y ancho del país”.
Consignó que, desde su apertura, el Centro de Integración de CABA, brindó atención, asesoramiento, acceso a trámites de regulación migratoria, capacitación y asistencia social a más de 31.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Y aseguró que “cabe destacar que las imágenes difundidas en los medios de comunicación por el actual gobierno corresponden a un espacio ubicado en el tercer piso del inmueble, en el que no funcionó ni la Universidad ni ningún organismo oficial. No sorprende que hoy el ministro oculte deliberadamente una política integral de gestión pública de Derechos Humanos para las poblaciones más necesitadas, toda vez que el pasado viernes 15 de noviembre decidió el cierre del Centro de Integración que funcionaba en el edificio del Estado Nacional que hoy denuncia públicamente”.
Como contrapartida a la palabra de Pietragalla, desde el Gobierno ratificaron la información difundida e hicieron alusión a su denuncia ante la justicia para que se investigue el caso y sus posibles responsables.
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