El Gobierno ratificó la denuncia sobre los “comedores fantasma” y presentó pruebas ante la Justicia

Luego de que el fiscal Ramiro González le solicitara al Ministerio de Capital Humano nuevos documentos que respaldasen el escrito que dio origen a la denuncia contra los “comedores fantasma”, la cartera que lidera Sandra Pettovello presentó ante la Justicia las certificaciones de los 1607 comedores y merenderos que recibían fondos del Estado para su funcionamiento pero jamás ofrecieron servicio. De esta manera, ratificó su acusación contra los movimientos sociales.

En la denuncia que Capital Humano presentó a mediados de mayo en tribunales federales, informaban que de los 3385 establecimientos relevados y que supuestamente operaban bajo el programa “Argentina contra el Hambre”, solo funcionaba la mitad (52,3%). El restante 47,7% no pudieron controlarse debido a que 32% no funciona más como tal; en 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores o merenderos) y en casi 16%, de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero.

En reciente documento al que accedió LA NACION, presentado ante la fiscalía por la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, el pasado viernes, se afirma: “Organizaciones sociales, levantando la bandera de la justicia social, lucharon con el hambre de los sectores más vulnerables. Muchas de estas organizaciones eran cooperativas creadas recientemente, sin historial alguno, y recibían la habilitación a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Una vez recibida la habilitación, se presentaban en el Ministerio de Desarrollo social para pedir líneas de créditos”.

“Esos comedores que estaban en el RENACOM -Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios- eran representados por organizaciones sociales, siendo estas las que recibían los alimentos o el dinero, según el caso. Una vez recibido cualquiera de los dos, no existía un control sobre si los comedores que estas organizaciones aducían representar recibían los alimentos. Tampoco había ningún control sobre algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal el otorgamiento. No se corroboró si los titulares de organizaciones sociales o los responsables de los comedores eran funcionarios públicos”, resalta.

Aclara además que “habiendo comedores que existían y estaban debidamente matriculados y respondían a una organización, en las auditorías de Capital Humano referentes de dichos comedores refirieron nunca haber recibido ningún tipo de alimento”. “Tampoco existía una base de datos sistematizada que nucleara toda la información. No se había controlado la cantidad de personas que asistían a los comedores que declaraban en las planillas de inscripción y que, en función de esa cantidad, la organización solicitaba al Estado kilos y de alimento y transferencia de dinero para adquirirlos”, acotan.

Y concluye: “Todo indica que parecía ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y los movimientos sociales

Esta última jugada se inscriben en una larga lista de golpes que el Ejecutivo le asestó a los movimientos sociales. Desde las primeras horas de gestión, Milei dejó en claro su intención de terminar con la “intermediación” ejercida por los movimientos sociales en las prestaciones sociales y deliñó una estrategia.

“Suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales“, anunció la ministra Pettovello, en un video grabado a los pocos días de asumir. Fue el primer gran golpe del oficialismo en su objetivo de reducir la injerencia de las movimientos sociales.

La sospecha del Gobierno, que encontró eco en parte de las pruebas recolectadas por la Justicia hasta el momento, es que el control del presentismo funcionaba como una de las herramientas de extorsión para que los beneficiarios, fundamentalmente los del exPotenciar Trabajo, se vieran forzados a asistir a las movilizaciones.

Otra de las herramientas que activó el Gobierno para contrarrestar el poder de fuego de las organizaciones es el protocolo antipiquetes que instrumentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Si bien el dispositivo, de fuerte acatamiento en suelo porteño, se mostró impotente frente a las movilizaciones más masivas, sí mostró eficacia para neutralizar, sin mayores incidentes, buena parte de las movilizaciones de menor volumen que se sucedieron desde el inicio de gestión.

Como respuesta a la embestida del Gobierno, las distintas organizaciones sociales se abroquelaron detrás del reclamo por los alimentos. En febrero, unificaron la agenda y lanzaron un gran frente de protesta que agrupó a los movimientos kirchneristas con los de la izquierda y un tercer sector independientes.

Pese a que activaron una serie de protestas callejeras en conjunto, ninguna de ellas fue de magnitud. El protocolo antipiquetes forzó a las organizaciones a realizar movilizaciones en puntos estratégicos, como los accesos a la capital federal, y terminó de apagar rápidamente muchas de ellas.

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