El Gobierno recalcula y ahora analiza completar la Corte recién después de 2027

El Gobierno analiza aplazar definitivamente la integración de la Corte Suprema de Justicia hasta 2027, cuando espera lograr la reelección de Javier Milei y sumar al menos una docena de senadores propios que le den más fuerza en una negociación para imponer a sus candidatos.

Quienes opinarán sobre los postulantes son el nuevo eje de poder para resolver en las designaciones del Poder Judicial: Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Santiago Caputo, el asesor presidencial, quedó fuera de estas decisiones, al igual que el exviceministro Sebastián Amerio, ahora Procurador del Tesoro por ofrecimiento de Mahiques, en cumplimiento de un pedido de Milei que quiso amortiguar su salida.

Ese es el gran cambio que se impuso con la llegada de Mahiques: nada se firma en el Ministerio sin la mirada de Lule y Karina.

Así lo dijeron a LA NACION altas fuentes del Gobierno que mencionaron que en 2027 el Presidente evalúa que ante una eventual reelección podría sumar 12 senadores más y entonces designar a los dos jueces que le faltan, al Procurador General de la Nación y al Defensor General.

“Después del frustrado proceso de la Corte con el fracasado en la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Milei no quiere ni hablar del asunto ahora, hasta que no esté recontra seguro”, dijo una fuente del Gobierno a LA NACION.

Con 12 senadores más, La Libertad Avanza quedaría de todos modos lejos de los 48 propios para llegar a los dos tercios, mayoría necesaria para elegir a los jueces de la Corte y al Procurador General de la Nación.

Hoy, el oficialismo tiene 21 senadores propios y puede llegar a 44 senadores si alinea los votos de sus aliados. Si logra convencer a los tres peronistas díscolos que se apartaron de su bloque, alcanzaría 47 senadores y quedaría a solo un voto de llegar a 48, que es el número mágico que le da el control de los dos tercios del Senado.

Con este escenario, la relación con la Corte Suprema de Justicia, que atraviesa un muy buen momento con la llegada de Mahiques como ministro de Justicia, está allanada.

Mahiques ya tenía una larga relación con Ricardo Lorenzetti y fue quien recibió en el cargo a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cuando fungió como viceministro de Justicia en la presidencia de Mauricio Macri, hace 10 años. Apenas se haga un hueco en la agenda de los cortesanos, la próxima semana, el ministro Mahiques será recibido en el Palacio de Justicia.

Este buen diálogo es fundamental de cara a los asuntos que tiene el Gobierno en la justicia y los que vendrán. Por ejemplo: los cuestionamientos a la ley de reforma laboral (ya un juez federal cordobés declaró inconstitucional los topes a los cálculos de intereses en las indemnizaciones) y los amparos que se interpusieron contra la Ley Bases y el DNU 70 de 2023.

Mahiques ya recibió la visita de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, con una gruesa carpeta donde estaba la lista de los amparos que tienen frenadas iniciativas del Gobierno en la Justicia.

Son decretos referidos a la Marina Mercante −que en su interior incluía una reforma laboral sobre otros sectores−, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a Vialidad, al sistema previsional del fútbol y al financiamiento de las cámaras gremiales empresariales.

Que la designación de los jueces de la Corte se aplace para 2027 no frena los otros nombramientos. Tal es así que la semana próxima el Poder Ejecutivo enviará al Senado una lista de conjueces para que les den acuerdo.

Los conjueces son abogados de la matrícula que necesitan acuerdo del Senado y que se designan cuando las vacantes impiden las subrogancias entre los magistrados designados. En el fuero de familia, en la justicia civil, esta necesidad es acuciante. Hay funcionarios judiciales, con causas de resonante impacto, que no tienen ese acuerdo del Senado.

Todo esto es para impedir la inmovilidad del Poder Judicial, hoy jaqueado con el 30 por ciento de las vacantes.

La mayoría de estos cargos se concursaron y los nombres de los candidatos están en el Poder Ejecutivo, que debe elegir uno de cada terna para cada cargo. Pero en sus dos años como presidente Milei no nombró ningún juez.

El problema se arrastra desde hace 10 años, pues cada presidente, cuando asumió, retiró pliegos del Senado y envió con cuentagotas candidatos solo para algunos cargos estratégicos. Pasó con Macri, con Cristina Kirchner, con Alberto Fernández y ahora con Milei.

El Gobierno promete que enviará antes de fin de mes al Senado los pliegos de unos “30 o 40 jueces” para los juzgados vacantes en los fueros más despojados.

Así, se enviarán al Senado la lista de candidatos elegidos por Mahiques (no la lista que hizo su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, o el exviceministro Sebastián Amerio) a jueces civiles, comerciales, penales ordinarios. Patricia Bullrich es la encargada de conseguir los votos. Basta una mayoría simple de senadores.

Luego se enviará el resto de los candidatos para completar las vacantes en al menos un año. “Se enviarán aquellos perfiles que estén alineados con las ideas del presidente, no se va a promover a ningún ultrakirchnerista”, dijo una fuente del Gobierno.

Se necesitará una negociación política más profunda para cuando se envíen los pliegos de los jueces federales y camaristas del interior del país, donde los gobernadores buscan imponer a sus candidatos.

Estaba previsto enviar un candidato para completar la Cámara Penal Económico (hay solo dos jueces de seis que debería haber en funciones), pero como la Sala A del tribunal es la que debe decidir sobre la causa AFA, y está vacía, para evitar suspicacias se aplazó esa designación, al menos por ahora. No sea cosa que digan que el juez fue nombrado para decidir en ese caso.

Mahiques ya dijo que quiere desentenderse del caso AFA, al punto que los veedores que designó la gestión de la Inspección General de Justicia en la AFA se mantendrán y también el plan de trabajo que contempla que investiguen los libros, documentación y movimientos económicos y financieros de la AFA de los últimos años.

Uno de los puntos sobre los cuales deben pronunciarse los veedores es la creación de la Universidad de la AFA, Unafa, donde Mahiques fue designado vicerrector, al menos en la presentación oficial, cargo que nunca llegó a ejercer. La Unafa no prosperó, pues no estaba autorizada como universidad.

Las vacantes atrasadas son el desvelo del Gobierno. Jueces que piden por sus concursos y los de sus amigos hacen fila en el Ministerio de Justicia. Sin ponerse colorados, dejan en los escritorios ministeriales listas de nombres de varias hojas con sus candidatos para los distintos cargos.

Otros visitan las oficinas con la intención de recordar sus postulaciones, algunas que llevan más de 10 años y fueron enviadas desde el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo por el propio Mahiques, cuando era viceministro de Macri.

En el fuero del Trabajo, congelado por la nueva ley de reforma laboral, se analiza que a fin de año quedarían nueve camaristas, el resto se jubilaría, lo que permitiría dejar un tribunal de tres salas para definir asuntos que hacen a los gremios.

Las causas laborales residuales quedarán con los jueces nacionales que no se jubilen y las nuevas serán tratadas por la Justicia de la Ciudad. Los concursos laborales −aún los ya corregidos− quedarían en la nada.

Mientras, el viceministro Santiago Viola se prepara para jurar el martes como nuevo representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Aun adaptándose a su primer cargo en la función pública, tiene dos despachos: uno gigante, como nunca tuvo, en el Ministerio de Justicia, y otro en el Consejo.

Viola debutará el 25 de marzo en el plenario del Consejo, donde está prevista la aprobación de 25 ternas de jueces para cubrir otras tantas vacantes. Le aseguraron un exitoso debut en sintonía con los jueces, que hoy controlan el organismo con la presidencia de Rosatti.

Las vacantes son la prioridad de la Corte y del Gobierno en esta nueva etapa de la gestión judicial.

Si Mahiques, fiscal general de la Ciudad −bajo licencia− y exviceministro, le aportaría al ministerio su expertise en administración de Justicia, Viola le sumaría una “maestría” en La Libertad Avanza.

Abogado del riñón de Karina Milei, es apoderado del partido y los ojos de Lule, Martín Menem y la secretaria general de la Presidencia en el ministerio.

El Código Procesal Penal acusatorio no se pondrá en marcha en Comodoro Py 2002 el 20 de abril, como estaba previsto.

Ya funciona en 17 provincias, impulsado por Cúneo Libarona, pero ahora en el Gobierno evalúan que no hay ni suficientes fiscales, ni tecnología, ni edificios como para que arranque en Comodoro Py 2002. Es lo que plantean jueces y fiscales hace meses.

Se trata de un triunfo de los jueces federales, ya que la mayoría no estaba dispuesta a ceder el control de las causas a los fiscales.

Otro asunto que quedó en suspenso, por ahora, es el nuevo Código Penal, producto de una comisión coordinada por el camarista de la Casación Mariano Borinsky.

Pero ese Código Penal primero deberá ser revisado por la Corte y, además, no pasó por la mirada de los Milei y Lule Menem. A pesar de que el Presidente en campaña lo presentó junto a Patricia Bullrich, le falta una lectura política fina.

Antes de avanzar, el ministro revisará el texto porque hay asuntos que tal vez no pasen el filtro del Presidente: delitos contra la mujer, femicidio, aborto, por ejemplo.

El proyecto de Código Penal tiene 912 artículos. Borinsky es fanático de River y el número coincide con el 9 de diciembre de 2018, día en el que River le ganó a Boca la final de la Copa Libertadores en Madrid. ¿Casualidad?

Por Hernán Cappiello

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