El Gobierno se resiste a cerrar seis empresas de Lázaro Báez

Siete meses atrás, bajo acusaciones de que protegía a la sociedad presidencial Hotesur, la Inspección General de Justicia (IGJ) anunció la creación del Registro de Entidades Inactivas (REI). Y prometió que para fines de abril de este año abarcaría a todas las firmas paralizadas o fantasmas bajo su órbita, las que procedería a liquidar.

De ese modo, con una iniciativa general que bloqueó las acusaciones de favoritismo, las autoridades de la IGJ les permitieron a los Kirchner acomodar los papeles de su hotel Alto Calafate. Pero los creadores del REI nunca imaginaron con qué se toparían: ahora tienen que impulsar la muerte jurídica de seis empresas de Lázaro Báez, entre ellas, la constructora Gotti Hermanos y Epelco, la firma con la que el ex empleado bancario compró la casa de los Kirchner en Río Gallegos.

Sin embargo, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, hasta ahora no dio orden alguna para proceder al cierre de las empresas en las cuales encontró irregularidades.

La lista de firmas afectadas es por demás sensible, según pudo corroborar LA NACION durante las últimas semanas. Incluye también las financieras Invernes y Credisol, de Ernesto Clarens, uno de los operadores de los "fondos de Santa Cruz". Y aparece Austral Agro SA, con la que Báez, que comparte negocios con la familia presidencial, escrituró estancias que quedarán bajo el agua con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. O sus hermanas Austral Desarrollos Inmobiliarios SA y Austral Atlántica SA, con las que pagó alquileres a los Kirchner por varios inmuebles situados en la capital santacruceña.

A esas sociedades inactivas -y a los problemas de la nave insignia de Báez, Austral Construcciones con otra usina más de facturas truchas (ver aparte)-, se suma una sexta firma del empresario de renombre público. Se trata de Top Air SA, la empresa de taxis aéreos cuyos pilotos declararon ante la Justicia que llevaron al "valijero" Leonardo Fariña al menos una vez hasta Río Gallegos.

En el caso de la financiera Invernes de Clarens, en tanto, figura en el Registro de Entidades Inactivas porque no presenta balances desde 2004 y su última inscripción también es de ese año, mientras que tampoco hay antecedentes de sus accionistas ni de directores de los últimos 11 años.

Por su parte, las seis sociedades de Báez que constan en el REI, según verificó LA NACION, continúan a la espera de que las autoridades de la IGJ cumplan con el siguiente paso que ellas mismas establecieron en la resolución 4/2014. La emitieron a mediados de diciembre y establece la aplicación de multas, y la presentación ante la Justicia para pedir "la disolución y liquidación" de esas sociedades.

Sin embargo, transcurridos más de dos meses y medio desde la fecha límite que fijó la IGJ para que Báez y Clarens -y los dueños de cualquier otra firma incluida en el REI- presentaran los documentos requeridos para reactivar sus sociedades, no hay constancias de que el organismo haya aplicado multas o acudido a la Justicia para solicitar la muerte de esas sociedades.

Del mismo modo, tampoco hay constancias de que las seis sociedades de Báez o las financieras de Clarens hayan intentado salir del REI con la presentación de una nota de un apoderado o representante legal más un formulario que la IGJ denominó "Procedimiento Cumplimiento". "Recuerde", indicó la IGJ al ofrecer esa última vía de escape, "que las entidades incluidas en el Registro de Entidades Inactivas no podrán concluir ningún trámite ante el organismo". Pero ni Báez ni Clarens lo hicieron.

¿Cuántas sociedades inscriptas en la IGJ se encuentran en la misma situación que las seis empresas de Báez o Invernes? Se desconoce, y según respondió la IGJ ante un amparo judicial que presentó la ex titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez, carece de los medios necesarios para determinarlo.

"Para la ley vigente, esas sociedades inactivas son empresas «fantasmas», ya que sus legajos dentro de la IGJ no tienen movimientos desde hace años, por lo que legalmente ya no deben existir", indicó Martínez, quien sostiene que el organismo aplica "distintos parámetros para las empresas 'amigas' o 'enemigas'".

Sociedades sensibles

Según esa resolución 4/2014, que firmó el titular de la IGJ, Diego Cormick, para crear el "Registro de Sociedades Inactivas", el organismo también debió informarles a la AFIP, la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras áreas de la administración pública nacional y porteña.

¿Qué tienen de especial las firmas de Báez que figuran en el REI?

Gotti Hermanos es una de las grandes constructoras patagónicas que crecieron durante la última década, aunque acumuló problemas desde que la AFIP detectó que acumuló facturas truchas por cientos de millones de pesos.

Los sabuesos -Norman Williams, Jaime Mecicovsky y Horacio Castagnola- terminaron desplazados, y la constructora se acogió a la moratoria que impulsó el Gobierno en 2009 y que le permitió suspender la acción penal.

Epelco SA, por su parte, adquirió la casa familiar de los Kirchner en Río Gallegos por $ 3,1 millones, es decir, seis veces más de lo que la familia presidencial había pagado por esa vivienda cinco años antes, aunque el sellado en la Dirección de Rentas provincial arrojó que la operación se escrituró por $ 1,8 millones.

En tanto, otras dos empresas, Austral Desarrollos Inmobiliarios (ADI) y Austral Atlántica, se combinaron con la nave insignia, Austral Construcciones, para alquilarles departamentos a los Kirchner en las calles Mitre al 500, Mariano Moreno al 800 y Alvear, situadas en Río Gallegos, según consta en los registros contables del grupo Báez a los que accedió LA NACION.

Mientras participaba en esa operatoria, sin embargo, Austral Atlántica sólo figuraba en la IGJ con un movimiento: su inscripción y constitución. De hecho, esa empresa continúa hasta el cierre de esta edición en la misma situación: nunca presentó balances ni cumplió con el régimen informativo.

La ruta de las empresas de Báez

Alto Calafate

Austral Agro SA.

El empresario