Impacto electoral en la Justicia: las causas no se frenan pero hay incertidumbre

Incertidumbre. Así impacta la campaña en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde los jueces federales, funcionarios de alta sensibilidad política, miran con un ojo los expedientes y con el otro el escenario electoral.

En este mar de dudas tienen una sola certeza: gane quien gane la elección presidencial habrá consecuencias sobre la justicia. El argumento de Alberto Fernández sobre algunos magistrados que deberán explicar sus sentencias, en las que aludió a los jueces Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani, fueron tomadas como una velada amenaza. Pero estos jueces, de alto perfil, con decisiones que provocaron estruendo político y motivaron los juicios orales en marcha, ya están jugados. Ya no van a dar marcha atrás.

Los jueces de menor perfil, en cambio, siguen prefiriendo que mejor nadie se acuerde de ellos.

Causó alarma también entre los jueces federales la definición del exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni sobre la politización judicial o los deseos del intelectual kirchnerista Mempo Giardinelli de prescindir del Poder Judicial. Después de estas declaraciones, uno de los jueces federales de primera instancia reconoció a LA NACION: "Si entramos en un esquema de jueces militantes, me voy del país".

Saben que su destino no es independiente de los resultados que arrojen las elecciones: si gana el binomio Fernández Fernández, una nube negra se proyecta –imaginan algunos de los magistrados consultados– sobre aquellos que avanzaron contra los exfuncionarios.

Si gana Cambiemos, sospechan ellos, también habrá cambios en el Poder Judicial. El Gobierno no quiere jueces fuertes que se planten como un factor de poder capaz de condicionar sus decisiones, sobre todo cuando tienen a tiro de procesamiento a funcionarios y empresarios en causas sensibles para el macrismo.

En un eventual segundo mandato de Mauricio Macri, y con Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente, reconocen los jueces que un paquete de medidas –en carpeta y nunca ejecutadas– podría licuar su poder. Son los mismos jueces que señalan que desde el Gobierno les transmiten cierto descontento por su desempeño.

Causas sensibles

Ya no se ve más el "modo elecciones" que adoptaba Comodoro Py antes de cada comicio. Las causas judiciales más resonantes y de contenido político que están en instrucción siguen avanzando, excepto que rocen a algún interés económico. En el caso del Correo, donde Ariel Lijo rechazó pedidos de nulidad y decidió seguir investigando el expediente, apunta al corazón de la familia presidencial.

Los procesamientos se suceden en el juzgado de Claudio Bonadio en causas conexas con el caso de los cuadernos y Julián Ercolini sigue avanzando contra Ernesto Clarens, quien fue el arquitecto financiero de Néstor Kirchner y ahora está a punto de ser procesado por lavado de dinero.

Los casos de las obras de Odebrecht avanzan hacia el juicio, excepto el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento donde se demora la puesta en práctica del acuerdo con Brasil para que lleguen los datos de las coimas. El fiscal Franco Picardi trabaja en eso.

Pero la contienda electoral está atravesada principalmente por dos causas: la de los cuadernos de la corrupción -a cargo del juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli- y la que está en manos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde se los investiga a ambos y busca comprobar la existencia de una presunta red de espionaje ilegal. Los procesados kirchneristas de Bonadio y Stornelli se trasformaron en víctimas que querellan en Dolores.

Bonadio y Stornelli mantienen un enfrentamiento con Ramos Padilla, que los tiene a ambos imputados, y al fiscal en estado de rebeldía. El juez de Retiro desafió a Ramos Padilla a que lo citara a declarar si considera que hay elementos para indagarlo en la causa donde se investiga una presunta red de espionaje político judicial. Los querellantes en el expediente que tiene Ramos Padilla aspiran a que esa causa desarme las acusaciones de corrupción contra Cristina Kirchner y sus funcionarios presos. Creen poder probar allí que las pruebas que aportaron los arrepentidos (funcionarios y empresarios) se lograron a fuerza de extorsiones.

Por otro lado, el Gobierno aspira probar que el caso de Dolores es un armado político que busca la impunidad de los kirchneristas en proceso. Desde el oficialismo respaldaron a los magistrados de Retiro a cargo de la causa de los cuadernos y pidieron el juicio político de Ramos Padilla por mal desempeño.

La grieta concentra este enfrentamiento donde hasta el papa Francisco opinó, cuando condenó el lawfare, la guerra judicial, que dijo es usada para minar "procesos políticos emergentes". Cristina Kirchner retuiteó estas palabras. Las palabras del papa cayeron entre algunos camaristas peor que las de Zaffaroni.

La Corte, por su lado, ya decidió bajar el tono de sus diferencias internas y desensillar hasta que aclare el escenario político. De todos modos dictará antes de la feria una sentencia de impacto económico sobre ajustes de haberes.

En tanto, muchas decisiones de los jueces de primera instancia, con fuerte efecto político, deberán ser confirmadas o revocadas en fallos que se avecinan antes de las PASO de agosto. Un síntoma de que, a diferencia de lo que ocurrió en otras etapas previas a las elecciones, esta vez los jueces no frenaron. Antes de la feria judicial la Sala IV de la Cámara de Casación decidirá si confirma la condena a 5 años y medio de cárcel contra Amado Boudou por quedarse con el 70 % de las acciones de la empresa Ciccone, que fabrica el papel moneda. Boudou está preso y todo hace pensar que seguirá así al menos por este fallo, que se conocerá antes de las elecciones.

Asimismo, 92 intendentes del conurbano sabrán si quedan o no procesados por el manejo presuntamente irregular de 600 millones de pesos destinados al tratamiento de residuos urbanos. Este fallo inquieta al PJ bonaerense y con razón.

También se espera que la Cámara Federal resuelva la situación de primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, en la causa por sobornos de Odebrecht para el soterramiento del tren Sarmiento, donde el juez Marcelo Martínez De Giorgi le dictó la falta de mérito.

Otro caso que recibirá una resolución en los próximos días es el del juicio por Oil Combustibles, por el que actualmente enfrentan el juicio oral los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa junto al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En ese expediente -cuya primera etapa está en juicio- la Cámara Federal debe resolver si quedan procesados los exfuncionarios de la AFIP. La causa Ciccone II también tendrá una definición importante: la cámara debe resolver si el banquero Jorge Brito queda procesado como partícipe en las maniobras delictivas que le permitieron a Boudou , quedarse con la imprenta. El Presidente -que mantiene una mala relación con Brito- está pendiente de esta definición.

Estas elecciones están dominadas en Comodoro Py por el efecto "bola de nieve". Los juicios orales en marcha no paran. Los tribunales orales federales pasaron al frente y hoy son la vidriera de la justicia federal. Mal que les pese a estos jueces de tribunal oral, de bajo perfil, a los que nadie les conoce el nombre ni el rostro, a diferencia de Bonadio o María Servini, que nunca pasan inadvertidos.

En los tribunales orales, si hay algo que caracteriza a los juicios, es que una vez que comienzan son imparables. El propio Código Procesal lo impide bajo pena de nulidad. No pueden detenerse más de 10 días hábiles sino deben comenzar todo de nuevo, con el riesgo de que las partes hagan cuestionamientos que pueden fulminar todo el proceso.

Tal es el protagonismo de los tribunales orales que este año fue condenado el exsecretario de obras Públicas José López a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito y están siendo juzgados Cristina Kirchner, Julio de Vido, José López (nuevamente) Roberto Baratta, Lázaro Báez en un proceso capital por el direccionamiento de la obra pública santacruceña. En un juicio paralelo está siendo juzgado Báez por el lavado de parte del dinero que embolsó producto de la evasión fiscal y de esas obras.

También comenzó el mes pasado el juicio contra Cristóbal López por fraude al no pagar impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos, dinero con el que amplió su imperio económico. Fue clave el comienzo de estos procesos para alejar las asospechas de que los tiempos electorales iban a condicionar los tiempos judiciales.

Aún no comienza el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces, que son los que van a ahondar sobre las maniobras de lavado de dinero que permitieron que retorne a las arcas de la familia Kirchner dinero de los empresarios López y Báez favorecidos por contratos con el Estado. Se cree que arrancará a fin de año.

En paralelo avanzó hasta llegar a la etapa de la elevación a juicio oral la primera parte del caso de los cuadernos de la corrupción donde Cristina Kirchner está acusada de comandar una banda que recaudada dinero de empresarios, pero también están acusados los mismos hombres de negocios amigos del Gobierno o al menos que comulgan con sus políticas, terminaron procesados por cohecho después de confesar pagos indebidos. El combustible político aceleró la instrucción y elevación a juicio el caso de los cuadernos amenazado desde Dolores.

Cuando falta menos de un mes para las PASO, la contienda electoral impacta de lleno en los tribunales federales, esta vez más activos, a pesar de la incertidumbre política.