El informe reservado que encendió las alertas antes de que estallara el escándalo

La situación del suministro de gas en la Argentina es crítica. El abastecimiento interno se encuentra “en riesgo” por la caída del suministro. La imposibilidad de acceder al combustible de Vaca Muerta impide un ahorro de unos mil millones de dólares por año. Y la solución para evitar la emergencia, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, quedó demorada por la contienda interna entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Este crudo diagnóstico de la realidad gasífera de la Argentina fue detallado por un informe técnico de la empresa pública Energía Argentina, que dirige el kirchnerista Agustín Gerez, y al cual tuvo acceso LA NACION. Lejos del relato, el documento es un reconocimiento interno de la situación que se había mantenido en reserva por parte del oficialismo energético, un área que reporta directamente a la vicepresidenta.

El texto fue elaborado en los primeros meses del año, antes de que detonara la confrontación en torno al gasoducto. El grave panorama que describe el informe advertía que su construcción “no admite demoras en razón de los tiempos requeridos para planificar y ejecutar una obra de tal magnitud y cuyo retraso podría poner en riesgo el abastecimiento interno de nuestro país”, en sintonía con el decreto de necesidad y urgencia que había firmado en febrero el presidente Alberto Fernández.

El documento también reconoce que “los compromisos de transporte” de gas “en las rutas entre Salta y el Gran Buenos Aires se han ido reduciendo” y “las capacidades del Gasoducto Norte están actualmente subutilizadas por la falta de inyección de gas”. A la vez avisa que la caída del transporte de gas “se irá acentuando conforme las proyecciones de abastecimiento futuro”.

A la vez, el informe revela que la Transportadora de Gas del Norte SA alertó sobre esta situación al Energas, en una nota reservada con copia a la empresa Energía Argentina, que conduce Gerez.

Todo el cuadro que describe el documento muestra el nivel de fragilidad de la provisión de gas.

A la vez, el informe técnico llega a la conclusión de que los caños debían ser de 36 pulgadas de diámetro para transportar el volumen suficiente, porque de lo contrario serían necesarios “dos caños de 30″. La explicación de los técnicos era que optar por los caños de 30′ “implicaría, aproximadamente, duplicar el costo de instalación y cañería”. Con una extensa explicación física, el documento es el fundamento central de la determinación de la medida del diámetro, que fue el centro de la disparatada controversia sobre el gasoducto que atravesó las últimas dos semanas.

La empresa Techint fue la elegida para la provisión de caños, que debe traer las chapas desde la firma Usiminas, en Brasil. Pero bajo la conducción del kirchnerismo las licitaciones se demoraron y la compra de válvulas debió anularse. Las dilaciones terminaron por provocar la renuncia de Antonio Pronsato, quien tenía a su cargo la unidad ejecutora.

La situación terminaría por estallar públicamente cuando, en el último acto que compartieron, Cristina Kirchner le reclamó a Alberto Fernández que le exigiera a Techint fabricar las chapas en la Argentina. No se lo dijo a los funcionarios de Energía Argentina, quienes llevaron adelante la licitación y responden a la vicepresidenta. Se lo dijo al Presidente, molesta porque se había reunido con Paolo Rocca, de Techint, antes de la gira por Europa. La respuesta del sector presidencial partió de Kulfas, que acusó a los funcionarios de la vicepresidenta de delinear una licitación a la medida de Techint, con una respuesta que confundió el grosor de los caños con el diámetro. La reyerta sumó a su paso elementos caricaturescos. Fernández echó a Kulfas, pero la acusación motivó una investigación judicial. El viernes pasado, cuando debía ratificar su denuncia en el juzgado, Kulfas retrocedió apresurado: negó que tuviera información sobre un delito y dijo que sus dichos no fueron más que “discrepancias y discusiones políticas”.

El informe de los técnicos de Energía Argentina incluye otras revelaciones inquietantes. Advierte, por ejemplo, que la empresa estatal boliviana (YPFB) estableció “volúmenes con garantía de entrega mucho menores que los 20 millones de metros cúbicos diarios garantizados para los inviernos de estos años”, según una adenda incorporada al contrato de 2010. “Los exiguos volúmenes entregados por el mencionado contrato de compra y venta de gas hacen que el riesgo de desabastecimiento aludido en el DNU 76/2022 sea considerable”, alertaban los técnicos, meses antes de que los planes para solucionar la emergencia con el gasoducto Néstor Kirchner volaran por el aire por el enfrentamiento interno.

Por entonces, los técnicos también advertían que era “fundamental” tener “los permisos ambientales en las provincias en las cuales se desarrollará la primera etapa”. Esta semana, LA NACION reveló que Buenos Aires, el mayor territorio que atravesará el gasoducto, todavía no gestionó el permiso ambiental.

La Cámpora, el sector que controla el área de energía en el fraccionamiento interno de la administración, apuesta ahora a dos caminos para salir del lodazal. Por un lado, según anticiparon a LA NACION, preparan la creación de un organismo que supervise la construcción de la obra. Es un intento por devolverle transparencia a una licitación que quedó cubierta por las sospechas, en especial desde que trascendió la intención de la constructora de Cristóbal López de sentarse a la mesa para compartir el menú.

El segundo camino es la convicción de que la velocidad investigativa del juez Daniel Rafecas responde a su intención de cerrar rápidamente la causa. Sería un favor inesperado para el juez a quien Cristina Kirchner le cerró las puertas de la procuración general. Pero en el kirchnerismo la clausura inminente de la causa se instaló con la fuerza de una certeza.

Con la necesidad de mantener vivo el gasoducto, en La Cámpora también monitorean diariamente el estado de ánimo de Gerez, que luego del estallido del escándalo amagó con renunciar, según reconstruyeron a la nacion funcionarios de Energía Argentina. En el kirchnerismo lo desmienten. La salida de Gerez terminaría por asestarle un golpe de gracia. La situación obliga al kirchnerismo a cerrarle con candado todas las puertas de salida.