El juez Marcelo Aguinsky cuestionó las amnistías tributarias y dijo que el Estado usa a los jueces de "asustadores legales"

Un juez federal del fuero penal económico, obligado por la ley a sobreseer a dos acusados de contrabando que se acogieron a una nueva moratoria, cuestionó en su fallo las leyes que perdonan los delitos tributarios y dijo que los jueces son usados como "asustadores legales".

El juez Marcelo Aguinsky declaró la extinción de la acción penal "por pago" y el sobreseimiento de los acusados en un caso que tenía desde hacía años bajo investigación, pero en su fallo fue muy crítico de las "amnistías tributarias" que, según afirmó, configuran un "terreno minado" para los jueces y hacen que llegar a una sentencia sea una "tarea casi milagrosa".

"Por un lado, se cantan loas a la lucha contra la criminalidad económica y, por el otro, se ofrece a sus responsables una promoción tributaria con perdón de penas incluido. Una suerte de derecho penal del miedo en el que los jueces trabajan de 'asustadores legales", se quejó Aguinsky.

"Ante esas contramarchas -afirmó-, quienes verdaderamente quedan en emergencia son los propios jueces, que son cuestionados por la ineficiencia del sistema. En ese contexto, es lógico que la gente piense que los magistrados no sirven para nada y que además les cuestan mucho dinero a los contribuyentes."

La causa que cerró Aguinsky era un caso contra dos empresarios textiles que el 11 de marzo de 2018 habían sido procesados como "coautores penalmente responsables del delito de tentativa de contrabando agravado" por una operación de importación. Esos procesamientos habían sido confirmados por la Cámara.

Como los acusados no tenían todavía sentencia y pagaron "toda la deuda" lograron acogerse a la moratoria de la ley 27.541, que creó además una causal de extinción de la acción penal respecto de ciertos delitos tributarios y aduaneros. Consiguieron así el cierre de la causa.

El Congreso, advirtió Aguinsky en su fallo, puede dictar amnistías como es esta. "El legislador decidió privilegiar la recaudación tributaria por sobre la persecución del delito", dijo el juez, que recordó los "esfuerzos invertidos" en este caso, cuya causa madre se inició en 2016 . "Se recolectaron una considerable cantidad de elementos documentales y se incautaron cientos de contenedores que ingresaron al territorio nacional de manera irregular", recordó.

"Este tipo de expedientes, donde deben esclarecerse delitos complejos y maniobras estructuradas, deparan una tarea extremadamente ardua para los investigadores", dijo. Y cuestionó las "moratorias y amnistías fiscales que impactan decididamente" en investigaciones como esta. "Así, los recursos invertidos en los tribunales para que hagan su trabajo se ven desaprovechados y, peor aún, los procesos terminan en la nada. Un contrasentido que solo encuentra fundamento en la consagración legal de emergencias permanentes", afirmó.

Pero Aguinsky fue todavía más lejos. Dijo este tipo de amnistías termina "desalentando a los buenos contribuyentes, por cuanto es razonable prever que tarde o temprano habrá una nueva invitación fiscal que neutralizará las consecuencias penales de la criminalidad económica". Puso en duda, además, el éxito de medidas como esta. "Los preceptos del derecho Penal Económico se ven desautorizados y relativizados en pos de un salvataje que, a decir verdad, tampoco se logra alcanzar", afirmó.