El kirchnerismo avaló la presión a la jueza que detuvo a dos dirigentes camioneros

El bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) respaldó ayer a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, presidida por Leopoldo Moreau, que pidió informes sobre las causas judiciales donde están presos dos dirigentes del sindicato de camioneros, acusados de extorsionar a empresarios, para presionar a la jueza de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui.

Tras el pedido de Moreau, con el argumento de saber si se había violado la ley de Inteligencia, Maiztegui pidió licencia médica por 15 días por estrés y dejó la causa en manos del juez Román Parodi.

Los legisladores kirchneristas argumentaron que hay “operaciones mediáticas” para desacreditar a la bicameral y avalaron las maniobras de Moreau.

Los funcionarios judiciales que investigan a los camioneros, por su parte, entendieron que la acción de Moreau fue una intromisión indebida y sin fundamentos en la causa. Y la oposición dijo que se trata de “un apriete”.

Cristian Ritondo y Gerardo Milman, referentes opositores en esa comisión, calificaron de “arbitraria y autoritaria” esta decisión y pidieron informes. No habría ninguna facultad de la Comisión Bicameral para pedir el expediente de una causa en trámite, según confiaron fuentes judiciales a LA NACION. En la causa no participa ningún organismo de inteligencia. Se hizo solo un legajo, a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema. El trabajo no dio ningún resultado y por eso se suspendió, según dijeron las fuentes judiciales.

El kirchnerismo remarcó que la bicameral busca “consolidar la protección de la privacidad de los ciudadanos para que ejerzan sus derechos” y así justificó el pedido a la jueza.

Tras las detenciones por la presiones las empresas, el gremio activó un paro que dejó sin recolección de residuos durante un fin de semana a la ciudad de San Nicolás y bloqueó los accesos.

Los dirigentes detenidos son Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro, el año pasado. El gremio protagonizó disturbios frente al juzgado.