El kirchnerismo en alerta: las implicancias del empoderamiento del Tribunal Supremo de la Ciudad tras la decisión de la Corte

En una decisión de fuerte peso jurídico y enormes implicancias prácticas, la Corte Suprema resolvió por mayoría terminar de encumbrar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires, al ampliar sus competencias hacia fueros que le eran desconocidos, equiparándolo con el resto de los máximos tribunales de las provincias y rompiendo así con la “anómala” situación judicial en el territorio porteño.

Las consecuencias prácticas y políticas de la decisión la convierten en una de las más trascendentes que tomó el máximo tribunal en el último tiempo, coinciden distintas fuentes del universo judicial, en parte porque empodera a un tribunal en cuya conformación tuvo una fuerte incidencia el macrismo porteño.

“Arden los grupos de WhatsApp judiciales con la decisión de la Corte en el caso ‘Levinas’”, graficó el jurista y profesor Gustavo Arballo en su cuenta de X (anteriormente Twitter), en referencia al litigio en el que se apalancó la Corte –un caso entre los herederos del artista León Ferrari y el periodista Gabriel Levinas– para terminar de asentar este nuevo camino jurídico sobre la huella que dejaron las sentencias previas en ese sentido. ”Esto es un cambio de juego profundo”, valoró Arballo en las redes.

La decisión del máximo tribunal amplifica al máximo el rango de acción del TSJ y lo coloca como tribunal de alzada frente a las Cámaras de Apelaciones. “En la práctica significa que todos los fallos de la justicia nacional de sus distintas Cámaras Nacionales de Apelaciones (penal, laboral, civil, comercial) serán revisados por ese Tribunal”, dice a LA NACION el presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, Mariano Borinsky. “Al igual que los superiores tribunales del resto de las provincias, debe concentrar las facultades jurisdiccionales en torno al derecho local y común, y erigirse como el superior tribunal de las causas cuando exista una cuestión federal”, completa.

Significa también que el TSJ se convierte en una nueva estación en el camino que lleva a la Corte, lo que casi con seguridad, subrayan otras fuentes, dilatará los tiempos en la Justicia. “Te la regalo tener que litigar en la Justicia Nacional Criminal Correccional: primera instancia, cámara, casación, TSJ, CSJN”, publicó en sus redes el constitucionalista Pedro Caminos.

La decisión puso en alerta al kirchnerismo, que identifica a la Corte con los intereses del Pro, y generó resistencias en algunas de las Cámaras que quedaron definitivamente supeditadas a la Corte porteña.

“Hasta ahora [el TSJ] bajaba muy poca línea. Ahora interviene en muchísimos más casos”, dimensionaba una fuente judicial, que anticipa un fuerte impacto en el ámbito laboral, donde gravitan los gremios y el justicialismo a través de la influencia que ejercen en el fuero los apellidos Recalde y Moyano. “Siempre fue un fuero complicado para las empresas”, define la misma voz.

Ahora, el empoderado TSJ debería fijar un criterio uniforme, por ejemplo, para calcular los intereses en las sentencias ligadas a despidos y barrer con las diferencias que existen entre las distintas salas de la Cámara de Trabajo. En marzo, la Corte revocó un fallo por el cual una de las Salas avaló en 2023 una suba del 7734% en la indemnización de un trabajador despedido en 2015. La Corte pidió hacer los números de nuevo. La Cámara Civil tampoco vería con agrado que sus decisiones sean revisadas por el TSJ.

Detrás de los tecnicismos asoma el empoderamiento de los cinco miembros del tribunal, de los cuales tres pueden asociarse al macrismo. Son quienes tendrán entre sus manos todo este nuevo margen jurídico.

Marcela de Langhe y Santiago Otamendi son los miembros más recientes del tribunal. Llenaron las vacantes que hace seis años dejaron las partidas de José Casas y Ana María Conde, cuyas designaciones, en 1998, fueron el resultado de las negociaciones entre las distintas fuerzas porteñas, cuando todavía faltaban varios años para la creación de Pro.

Antes de convertirse en miembro del TSJ, De Longhe fue jueza de la Cámara de Apelaciones y rectora del instituto de formación de la policía de la Ciudad, cargo al que llegó tras ser nombrada por el exministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro, a quien todavía se la vincula.

Por su parte, Otamendi fue secretario de Justicia de la Nación, concejero de la magistratura, y presidente del Gadif, entre otros cargos. Su candidatura al TSJ fue impulsada por el exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, con quien guarda un estrechísimo vínculo. “Es algo así como su mejor amigo”, dimensiona alguien que lo conoce de su paso por el Ministerio de Justicia.

Antes de convertirse en miembro del tribunal en 2013, Inés Weinberg de Roca ocupó distintos cargos en el ámbito internacional y fue camarista en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. Su vínculo con el macrismo se asocia a que fue la primera opción del expresidente Macri para reemplazar a Alejandra Gils Carbo en la Procuraduría General y convertirse en jefa de todos los fiscales.

Sin vínculos con Pro, Luis Lozano y Alicia Ruiz completan el tribunal. Ruiz es la única de perfil progresista dentro del tribunal y suele fallar en disidencia. Por ejemplo, se pronunció en soledad en contra de la candidatura de Jorge Macri para competir por la jefatura de la ciudad, que fue impugnada desde la izquierda por no contar presuntamente con los cinco años de residencia que reclama la Constitución porteña para aspirar a ser jefe porteño. Actúa como jueza en el TSJ desde su creación en 1998.

El fallo de la Corte, todavía bajo estudio de los miembros del TSJ, apunta a desenredar la madeja jurídica que rueda desde la reforma constitucional de 1994, que le otorgó a Caba autonomía provincial. El traspaso de la Justicia nacional a la ciudad porteña, sin embargo, quedó siempre inconcluso, generando la “anomalía” a la que se refirió la Corte.

Contó con la disidencia del juez Carlos Rosenkratz, quien remarcó que establecer al TSJ, un tribunal local, como alzada de juzgados y cámaras nacionales significa un rediseño institucional que no registra precedentes y, aunque sea de manera temporal hasta tanto se culmine el proceso de traslado, supone una distorsión en la división de poderes.

Tras el fallo, la exvicepresidenta Cristina Kirchner, hizo propio el argumento de Rosenkratz y cargó contra la Corte en un extenso tuit, en el que no nombró al cortesano. “El fallo es inédito, escandaloso e inconstitucional porque transforma, sin ley del Congreso, un tribunal local en alzada de tribunales nacionales. Insólito”, escribió en su cuenta de X.

Todo, agregó la exvicepresidente, con el objetivo de “salvar a Macri a su familia y a la empresa Socma de pagar cifras multimillonarias que adeudan al Estado en concepto de canon”. Es que uno de los casos que recalarán en el TSJ es la deuda de SOCMA, la empresa de la familia Macri, por la quiebra de Correo Argentino.

Por Federico González del Solar

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