Presupuesto: el kirchnerismo presiona para ampliar el gasto

Expansión del gasto de aquí hasta las elecciones con posterior ajuste en 2023. Con esta frágil ecuación el Ministerio de Economía intentará satisfacer las demandas de Cristina Kirchner y acercar posiciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige un plan “creíble y sólido” para renegociar la deuda. Ambas premisas están contenidas en el proyecto de presupuesto 2022 que el kirchnerismo –que puso en su mira al ministro de Economía, Martín Guzmán-, comenzó a revisar con lupa.

La expansión del gasto vendría de la mano de la martingala contable que a última hora del viernes pasado tuvo que echar mano Guzmán para frenar la presión de la vicepresidenta y contar con recursos frescos hasta fin de año. Se trata del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que incorpora como ingresos al presupuesto 2021 los DEG (derechos especiales de giro) que el FMI giró a la Argentina semanas atrás con motivo de la ayuda extra que el organismo brindó por la pandemia. Son US$4334 millones, equivalentes en moneda argentina a $422.174 millones.

Los DEG se utilizarán dos veces: el Tesoro venderá los DEG al Banco Central haciéndose de esos pesos. En un segundo paso, el DNU le autoriza al al Tesoro a pedirle esos DEG al Banco Central para pagar parte de la deuda con el FMI transfiriéndole a cambio una Letra Intransferible (LI).

Está claro que este DNU, que se dictó de apuro y a última hora, busca neutralizar las presiones de Cristina Kirchner para que Guzmán abra el grifo del gasto público en los próximos tres meses del año. Fue más que explícita en la carta pública que difundió el jueves pasado: “A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando solo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social”, arremetió la vicepresidenta.

En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto de ley de presupuesto 2022, Guzmán fijó un déficit fiscal primario para el presente ejercicio de 4 puntos del PBI. Según fuentes del Ministerio de Economía que pidieron resguardar su anonimato, el déficit hasta ahora no alcanza los dos puntos del PBI. Ergo, según la lógica de la vicepresidenta, el Tesoro tendría rienda suelta para gastar unos $862.000 millones de aquí hasta fin de año. Dinero contante y sonante para intentar revertir la derrota de las primarias del domingo pasado.

Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), para cumplir con el resultado fiscal presupuestado para 2021 (4% del PIB), el gasto debería acelerarse de manera importante en los próximos meses. Por ejemplo, el gasto en personal en los últimos cinco meses del año debiera mostrar un crecimiento del 29% real, y el gasto en bienes y servicios casi duplicarse en términos reales.

“El caso más notable es el del gasto de capital, que vino creciendo entre enero y julio a un 55% real contra igual período del 2020, pero en los últimos cinco meses del 2021 tendría que crecer al 224% real para cumplir la pauta presupuestaria”, señala el informe de IARAF, dirigido por Nadin Argañaraz.

Ahora bien, ¿sería factible avanzar en semejante aceleración del gasto? Rafael Flores, de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), no lo cree nada conveniente.

“En primer lugar, habría que aclarar que, en toda ejecución presupuestaria, el mayor gasto se produce sobre el final del ejercicio; las erogaciones por obras públicas y los aumentos salariales de los empleados públicos y de las jubilaciones tienen su mayor impacto sobre el último trimestre –explicó–. Guzmán procuró contener el gasto durante el primer semestre para luego, conforme el avance del año electoral, soltar la rienda. Pero plantear ahora un aumento desmedido de las partidas o, como sugieren algunos, restablecer el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), sería una locura, máxime en un contexto de inflación alta y suba desmedida de la deuda en pesos.”

Guzmán, por de pronto, optó por una salida salomónica con el DNU de emergencia para el uso de las DEG provistos por el FMI. La oposición ya encendió una luz de alarma.

“El DNU que autoriza a pagar al FMI con los DEGs establece un mecanismo contable para poder sacarle más pesos al Banco Central. Unos $420.000 millones. La señal es pésima. Están jugando con fuego en un polvorín”, advirtió Luciano Laspina (Pro), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

También el economista José Luis Espert, de Avanza Libertad, alertó sobre la maniobra oficialista. “Primer y grave consecuencia del avance de Cristina sobre el gobierno de Alberto Fernández. Los DEG que emitió el FMI se usarán para inflar más el gasto público en vez de aumentar reservas del BCRA. De mal en peor.”

¿Ajuste en 2023?

Según el proyecto de presupuesto 2022 que presentó el Poder Ejecutivo, el déficit fiscal primario para el año próximo será de 3,3 puntos del PIB. Es decir, menor a los 4 puntos del PBI previsto para el cierre de este año.

Esta mejoría en el resultado de las cuentas públicas (0,7%) obedecería un mejor desempeño en la recaudación tributaria, asevera el Ministerio de Economía en su mensaje al Congreso. Sin embargo, lo que no explicita el documento es que también se instrumentaría una fuerte poda en algunas partidas, por ejemplo, en los subsidios energéticos, que este año alcanzaron casi el billón de pesos.

El Gobierno proyecta subsidios energéticos por $964.000 millones para 2022. Para cumplir con estas metas, debería disponer incrementos en las tarifas de luz y gas superiores a los de este año.

Este es uno de los puntos que mayor rispidez podría desatar entre el ministro Guzmán y el kirchnerismo. Este año el jefe de la cartera de Hacienda debió aplazar una suba en las tarifas de luz y de gas ante tras la presión de la vicepresidenta, que ordenó mantener los valores planchados para no generar malestar social en plena campaña electoral.

En el Poder Ejecutivo aclaran que la intención es instrumentar en 2022 un plan para segmentar las tarifas -que se aplicará después de las elecciones- por la cual el nivel de incremento sería diferente según el ingreso de los usuarios. Sin embargo, el proyecto de presupuesto no da pistas sobre cómo se cristalizará en los hechos esta segmentación.

Habría otros rubros en donde también se operaría un ajuste. Por lo pronto, una de las partidas más suculentas del presupuesto, la de seguridad social –jubilaciones y pensiones– tendrá un aumento nominal del 38% según el proyecto de presupuesto. Si bien es un porcentaje mayor a la de la inflación pautada (33%) para el año próximo, las consultoras privadas estiman que esta será mayor y rondará el 40%.

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