En el Senado, el kirchnerista Soria acusó a la Corte de “poner en jaque” la división de poderes

En un debate tenso y lleno de críticas cruzadas entre la oposición y el oficialismo, el ministro de Justicia, Martín Soria, cargó en duros términos contra la Corte Suprema, a la que acusó de haber perpetrado “un acto político extorsivo” cuando declaró inconstitucional la ley de 2006 que reformó el Consejo de la Magistratura.

“Este fallo es sin lugar a dudas una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país”, sentenció Soria en el inicio de su exposición ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta.

El discurso de neto corte político le mereció a Soria las quejas de la oposición. “No hace más que sumar más grieta en su forma y en su fondo”, lo reprendió la radical mendocina Mariana Juri.

Decidido a llevar a fondo su ofensiva contra la Corte, el funcionario fue más allá y les pidió a los senadores que se rebelen contra el máximo tribunal, al reclamarles que no avalen un fallo que calificó como un “gravísimo hecho jurídico”.

Tal como anticipó LA NACION, la tribuna elegida por el funcionario para embestir contra la Corte fue el inicio del debate del proyecto del Poder Ejecutivo de reforma del Consejo de la Magistratura. Soria concurrió acompañado por su segundo en el Ministerio, el kirchnerista Martín Mena. También fue invitado Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura.

El debate continuará este miércoles, a partir de las 10, con una nueva reunión de las comisiones con siete nuevos invitados. Según fuentes oficialistas, la intención del Frente de Todos es emitir dictamen al término del encuentro.

Según el ministro, el fallo del máximo tribunal “pone en jaque la división de poderes” y obliga al Congreso “a legislar bajo presión” al haber establecido un plazo de 120 días, que vence el próximo 15 de abril, para que el parlamento dicte una nueva norma que regule el funcionamiento del Consejo.

“El fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político. Pero, además, es un acto político extorsivo porque estableció un plazo prácticamente incumplible”. En ese sentido, Soria destacó que “faltan menos de cuatros semanas para que se paralice un organismo de la Constitución, como es el Consejo de la Magistratura”.

Por último, Soria sostuvo que “el único fin del fallo es meter a la Corte por la ventana” en el Consejo de la Magistratura. Se refirió, así, a la posibilidad de que, en caso de volver a la ley de 1997, el organismo sea presidido por el titular del tribunal.

La réplica opositora no tardó en llegar. A la hora de las preguntas, tanto la radical Juri como Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) le recordaron al ministro que si el proyecto no se discutió antes fue por las divisiones en el oficialismo.

“El fallo es del 16 de diciembre y los senadores de Juntos por el Cambio estuvimos todo enero y febrero esperando que se tratara este tema”, dio Tagliaferri.

La mendocina Juri fue más a fondo y le recordó que la reforma del Consejo de la Magistratura había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del año pasado, pero que el proyecto recién ingresó en diciembre último. “La interna del Gobierno no les permitió convocarnos a extraordinarias”, remató la senadora radical.

La tucumana Beatriz Avila (Pro) también criticó a Soria. “Los fallos de la Corte hay que cumplirlos; se nota un tonito antirrepublicano en su discurso”, lo reprendió. Además, la senadora criticó el proyecto del Poder Ejecutivo, del que dijo que “tiene preponderancia del poder político oficialista” porque “deja de lado la visión federalista”.

A lo largo de su exposición el ministro habló muy poco sobre la iniciativa. De hecho, cuando tuvo que enfrentar una pregunta técnica, sobre la integración de la comisión de enjuiciamiento de magistrados, le pidió a Mena que se hiciera cargo de la respuesta.

El oficialismo salió en apoyo de Soria. Una de las que secundó sus críticas a la Corte fue Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). Disimuladas como preguntas, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos calificó como “una intromisión del Poder Judicial” en las facultades del Congreso el plazo de 120 que fijó el tribunal para la sanción de una nueva ley. “Coincido que sería antidemocrático que la Corte presida el Consejo de la Magistratura”, agrego Fernández Sagasti.