El líder mapuche apelará y la decisión final será de la Corte

Es el único camino que le queda para evitar ser juzgado en Chile; mientras, seguirá detenido en Esquel
Germán de los Santos
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6 de marzo de 2018  

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un extenso fallo de 66 páginas, el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva expuso los argumentos para habilitar la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala, cuya defensa apelará ante la Corte Suprema, el único camino legal que queda para evitar que el lonko sea enviado a la cárcel de Valdivia para ser juzgado por un tribunal trasandino.

Villanueva permitió que Jones Huala sea juzgado en Chile por dos de los cuatro delitos que le imputaban. Está acusado del incendio de la casa del puestero mapuche Alberto Riquelme Paillan el 9 de enero de 2013 y de portación ilegal de armas de guerra, que fueron secuestradas en la habitación de una casa en la que estaba alojado el lonko cuya propietaria es la machi Millaray Huichalaf, que fue condenada en octubre de 2014 a 61 días de prisión por encubrimiento.

Como el trámite de extradición debe ser un proceso breve -no se juzga el delito-, la Corte Suprema no tendría que tardar mucho tiempo en tomar una decisión, luego de que la abogada Sonia Ivanoff, defensora del líder mapuche, presente la apelación. Mientras tanto, Jones Huala seguirá detenido en el pabellón Nº 6 de la cárcel de Esquel. Allí está alojado desde el 27 de junio pasado.

Tras conocerse el fallo, el fiscal chileno Sergio Fuentes Paredes, quien está a cargo de la causa, explicó que "el juicio contra el lonko se realizará 60 días después de que sea extraditado". El funcionario pedirá que Jones Huala permanezca detenido hasta que se lleve adelante el debate en el tribunal oral. Fuentes Paredes anticipó que pedirá la pena máxima, que es de diez años, pero que -según la legislación chilena- el líder mapuche podría cumplir la condena en libertad.

La estrategia de la defensa de Jones Huala apuntó a plantear en los alegatos, que se llevaron adelante en la maratónica audiencia del miércoles pasado, que el lonko es "un perseguido político" por su condición de líder mapuche. Y que su extradición a Chile tenía que ver con un proceso de criminalización contra esa comunidad.

El fiscal federal Jorge Bagur Creta desestimó en el juicio de extradición ese planteo. Y el juez Villanueva también lo rechazó, al advertir que "la supuesta calidad de perseguido político de Jones Huala en Chile no puede ser atendida porque se sustentan, únicamente, en meras alegaciones, hipótesis y apreciaciones subjetivas del acusado, que no tienen correlato en el expediente".

El juez recordó que en Chile se realizó un juicio en 2014 "con todas las garantías" y que el propio Jones Huala gozó de los "beneficios" de la Justicia trasandina cuando accedió a la prisión domiciliaria y el arresto nocturno (debía volver a la cárcel a dormir), que "terminó incumpliendo". Tampoco se presentó al juicio que se llevó adelante en Valdivia el 27 de octubre de 2014.

El juez Villanueva consideró que "el proceso judicial contra Jones Huala en Chile reúne todos los recaudos exigidos por ser considerado un debido proceso legal". Hizo hincapié en otra especie de mito que circunda la comunidad mapuche de que al lonko lo acusan bajo la ley antiterrorista. "A todos los acusados les imputaron delitos comunes", aclaró.

En el fallo, el juez recordó que el tribunal chileno rechazó en el juicio que la única condenada, la machi Huichalaf, haya sido detenida -como alegó el defensor oficial- en el marco de un proceso de "criminalización del movimiento mapuche". La Sala Penal de Valdivia respondió que la líder espiritual fue imputada porque se encontraron en su casa las armas y las herramientas que se habrían usado en el atentado contra el puestero en Pisu Pisué.

Pero no todas fueron malas para Jones Huala. El juez dijo que por doctrina de la Corte, sobre la base de "razones de equidad", pedirá a las autoridades chilenas que le computen el tiempo que estuvo detenido en la Argentina. El líder mapuche está preso desde hace más de siete meses. En Chile la expectativa de pena por los delitos que se le imputan tiene un máximo de diez años.

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