El nido de espías que se disputan Pro y el kirchnerismo

En un fallo que pasó casi desapercibido, la Corte Suprema de Justicia anuló hace unos meses la intervención de un sindicato que había dispuesto la gestión de Mauricio Macri en 2016. Se trata de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), un gremio que tiene particular interés para el poder porque reúne a vigiladores privados, policías exonerados, patovicas y en menor medida a personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La Upsra estuvo intervenida desde fines de 2016. Por entonces, el ministro de Trabajo Jorge Triaca no avaló el proceso electoral interno y desbancó de la conducción a Ángel Alberto García, un exaliado de Luis Barrionuevo. Triaca ubicó a Patricio Lombilla como interventor. Lombilla, que vive hoy en el exterior y trabaja como representante de futbolistas, denunció un millonario desvío de fondos que fue desestimado en la Justicia federal por Julián Ercolini. En 2019, con Triaca desplazado, el entonces ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica reemplazó a Lombilla por Rodolfo Alonso, un dirigente a quien en los pasillos sindicales y en la justicia laboral lo identifican cercano al radical Enrique “Coti” Nosiglia. Alonso y Sica desconocieron un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que reponía a García al frente del gremio.

Tres semanas antes de finalizar la gestión de Cambiemos, Sica levantó la intervención y habilitó como lista única a la agrupación que impulsaba a Leónidas Requelme como secretario general. Requelme, otro alfil de Barrionuevo, murió recientemente y dejó al jefe gastronómico sin un hombre clave en uno de sus gremios favoritos. “Hay gente de la AFI en algunas empresas, como en todos los rubros, como en el periodismo”, naturalizó las tareas de espionaje Requelme en una vieja charla con LA NACION antes de su paso fugaz al frente de la Upsra.

Con apenas 19 días en la Casa Rosada, Alberto Fernández repuso finalmente a García al frente de la Upsra. A través de Claudio Moroni le dio la certificación de autoridades y el viejo líder volvió a tomar el control. La medida reciente de la Corte Suprema ratificó de algún modo la legalidad de su mandato. Si bien el gremio estuvo intervenido por tramos, García no perdió jamás su influencia. Celeste Ferrara, su expareja, estuvo siempre a cargo de las finanzas y de la obra social, a la que administraría en tándem con la hija de Barrionuevo, según fuentes de la Upsra. En el entorno del gastronómico, sin embargo, lo desmienten. Hay todavía una herida abierta entre Barrionuevo y García.

Políticamente, García y Ferrara jugaron con Pro, pero también con el kirchnerismo. Ahora, están con Sergio Massa. Ambos tienen el desafío de normalizar el proceso electoral de la Upsra, que se proyecta caótico y tenso, con padrones cuestionados y una convocatoria a una asamblea extraordinaria en la que se teme un enfrentamiento entre barrabravas. Será el 22 del mes actual, tres días después del balotaje presidencial. El control de la asamblea recae en manos de Mónica Risotto, directora del departamento de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo. Pasó algo curioso esta semana: las agrupaciones que impugnaron la nómina de afiliados que presentó García no se volvieron a presentar en el piso 7 de la sede de la cartera laboral donde se definen las internas sindicales. Hay quienes sospechan que su ausencia es una estrategia para intentar forzar una nueva intervención o que se ubique a un delegado normalizador cuando en la Argentina ya haya sido elegido otro gobierno. “Hoy trabajo para normalizar el gremio acorde a lo que me pide el ministerio. Ya me reuní tres veces con Kelly Olmos”, dijo García a LA NACION.

Además de García, que pretende extender su liderazgo que ya lleva más de dos décadas, se presentarían entre dos y tres listas opositoras. Una de ellas será encabezada por Christian López, un dirigente formado en seguridad en los Estados Unidos y que fue apadrinado por el moyanismo. De hecho, Hugo Moyano (h.) es uno de sus asesores legales. López está, además, al frente del Sindicato de Custodios. Otra lista disidente sería la de Julio Gutiérrez, un gremialista vinculado a la seguridad privada en la Patagonia, con raíz en Santa Cruz. Por sus orígenes, en el mundillo sindical lo identifican con el kirchnerismo. Gutiérrez mantiene el perfil bajo porque podría ser designado ministro de Trabajo de Claudio Vidal, el sindicalista petrolero que sucederá a Alicia Kirchner en la gobernación santacruceña.

El atractivo político del gremio de los vigiladores no es la recaudación de la cuota sindical ni la caja de aportes a la obra social. Cuenta hoy con 8300 afiliados activos, aunque sus directivos y opositores reconocen que podría tener muchísimos más porque hay “180.000 trabajadores en la actividad” que están en la informalidad, sin sindicalizar o agrupados en otros gremios. Es decir, la potencialidad es enorme: podría tener más poder y más recaudación. Pero el verdadero interés es la información que recolectan sus afiliados, muchos de ellos diseminados en sitios oscuros y secretos. “Tenemos ojos y oídos en todos lados”, se jactaron de su influencia dentro del gremio. Un funcionario nacional lo explicó de otra forma: “Estás en un country y saben a qué hora entrás y a qué hora salís. Es un gremio muy importante”. El artículo 3 del estatuto de la Upsra muestra la variedad de tareas de sus representados: desde patovicas a espías.

“Hay sectores que lo usan al gremio para el espionaje, pero al verdadero lobby lo tienen las empresas de seguridad privada”, dijo un dirigente sindical que conoce la actividad. Entre las cámaras que negocian salarios y condiciones laborales con la Upsra hay empresarios que tienen nexos con la policía federal y la bonaerense, y con el Ejército, según fuentes del sector. Las habilitaciones y regulaciones de empresas de seguridad dependen de los ministerios de cada distrito. García, por ejemplo, además de tener vínculo con las cámaras empresarias también lo tiene periódicamente con Aníbal Fernández y Sergio Berni. Con Fernández, además, lo unen años de militancia política en Quilmes, donde compartieron una unidad básica por la zona de Solano.

La pelea por el control de la Upsra no sería ajena al escándalo de espionaje ilegal que involucra por estos días al kirchnerismo. Tampoco lo fue cuando denuncias similares salpicaron al macrismo, con la denominada “mesa judicial”. Es decir, la pulseada por el control de la Upsra es mucho más que una disputa sindical por afiliados y dinero. En medio de esta barahúnda, siembra más incertidumbre la indefinición electoral. Massa, que tiene nexos fuertes con la CGT y la justicia, o Milei, un outsider al que muchos sindicalistas miran de reojo.

Massa corrió a los gremios del tramo final de la campaña por un consejo del asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien cree que los sindicalistas pueden espantar al votante independiente que necesita captar el ministro de Economía para ganar el balotaje. El desplazamiento no cayó del todo bien en la CGT, donde más de un dirigente se sintió acusado de ser “pianta votos”. Massa, sin embargo, calmó a los gremios con dos nuevos gestos a futuro, en caso de ganar la elección. El primero es que les dio la garantía que el Ministerio de Trabajo sería controlado por alguien que tenga el aval sindical, sobre todo del sector de “los Gordos”. El segundo, y más trascendente, es que la cartera laboral absorberá las partidas presupuestarias y el control de 1.200.000 planes sociales. Lo dispuso Massa, pero lo ejecutó el presidente Alberto Fernández, con un decreto. Pero de la letra chica surge una salvedad: la normativa entra en vigencia a partir del 10 de diciembre, cuando Massa tal vez ya no esté en el Gobierno.

Por Nicolás Balinotti

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