El oficialismo ajusta los gastos de campaña por la escasez de aportes empresarios

"Apoyo en las redes sociales sí, cómo no. Capacitación y equipos técnicos, con mucho gusto. Pero plata..., no hay un centavo".

Esta es, palabras más o menos, la respuesta que vienen recibiendo los candidatos de Cambiemos a gobernadores e intendentes en los distintos territorios electorales. A algunos de ellos, incluso el jefe de Gabinete, Marcos Peña , fue el encargado de comunicarles las malas nuevas, la inexistencia de fondos para solventar gastos de publicidad, logística y todo lo relacionado con la pelea (desigual en la mayoría de las provincias) contra gobernadores que "sí están poniendo todo lo que tienen".

Así se sinceraron algunas de las espadas de Cambiemos en cuanto al armado electoral, que ya consumió su primer capítulo en Neuquén, y que tendrá una seguidilla de batallas en los meses que vendrán.

La "pobreza franciscana" a la que el Gobierno condena a sus postulantes tiene una razón muy concreta: la nueva ley de financiamiento de campañas políticas, diseñada en el Ministerio del Interior e impulsada por la Casa Rosada, y que incluye el "blanqueo" de los aportes de empresas, está trabada en el Congreso. Y hasta miembros de la coalición oficialista, como el bloque presidido por Elisa Carrió , se resisten a avalar este artículo por considerar que viola los "principios" que la CC-ARI viene sosteniendo desde su formación como partido, y que rechaza los aportes electorales de empresas y empresarios.

"Este año está complicadísimo. Los empresarios tienen miedo de aparecer en una lista apoyándonos, porque si ganara Cristina los crucifica y, por otro lado, pueden quedar involucrados en algo ilegal si la ley no sale a tiempo. No van a poner un mango", se sinceró ante LA NACION un funcionario con varias campañas en sus espaldas. En 2015, Pro declaró gastos por $30 millones en la campaña de Macri en las PASO, y en 2017 $70 millones por la campaña legislativa ($40 millones declarados fueron recaudados en concepto de donaciones).

El escándalo de los aportantes "truchos" en las dos últimas campañas de Cambiemos bonaerenses, que comenzó el año pasado y actualmente investiga el juez federal Ariel Lijo, persuadió a la Casa Rosada de intentar cambios en la ley y permitir los aportes privados con un tope. Mientras en Balcarce 50 no descartan aún del todo que la norma sea convertida en ley para ser aplicada en las próximas elecciones nacionales, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta impulsará en breve el aporte empresario a través de una ley, pero que regiría recién en 2021.

Cerca de Peña intentan ver el lado bueno del problema. "No hay más punteros, ni bolsones ni guita negra. De manera silenciosa cambiamos la lógica de la política", celebraba uno de sus incondicionales en las últimas horas. La novedad causa poca gracia en los candidatos, sobre todo en la UCR, que habrá tenido a fines de año al menos 14 provincias en las que encabezará las listas a gobernador. "A los radicales les resulta difícil entender todo esto", aguijoneaba otro referente. Como ya ocurrió con Neuquén, los candidatos de Cambiemos tendrán a disposición los equipos de comunicación de Pro y técnicos con sede en Balcarce al 400, una red muy afianzada que ayudó mucho al triunfo de Mauricio Macri en 2015 y que ya había dado resultados positivos en las elecciones porteñas. Además del apoyo logístico, la "contención" de los candidatos provinciales es tarea de Peña, pero también del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y de las autoridades partidarias que provienen del macrismo.

La prioridad número uno, claro está, es la elección nacional, en la que el gobierno del presidente Mauricio Macri se jugará la reelección. Allí irán todos los recursos disponibles, pero habrá una excepción: la provincia de Buenos Aires. "El criterio aplica para todas las provincias que desdoblan las elecciones. Provincia de Buenos Aires no aplica", ironizó una autoridad de Pro, que a nivel nacional encabezan Humberto Schiavoni y Francisco Quintana. "No hablamos de plata para la campaña", afirmaron a LA NACION cerca de María Eugenia Vidal , quien tendrá sí -al igual que Rodríguez Larreta- relativa "autonomía" discursiva con el objetivo de retener el poder en el distrito más poblado del país, de incidencia decisiva en las elecciones a presidente.

"Va a ser una situación nueva para todos", reflexionan en Balcarce al 400, pensando en la pelea por la presidencia e incluyendo a la oposición en este nuevo esquema de temor empresarial a realizar aportes "en negro" a los candidatos electorales. "Pero esta vez tenemos ventaja nosotros, porque siempre desde el Estado es más sencilla la visibilidad que siendo oposición", se esperanzó el dirigente partidario, centrado en la catarata de obras que estarán listas en breve y que servirán (junto a temas claves como el narcotráfico y la corrupción) de plataforma para la búsqueda de la reelección.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, prepara para las próximas semanas un nuevo "retiro espiritual" con su gabinete para analizar el escenario político y trazar los ejes de cara a la campaña electoral, confirmaron ayer fuentes de gobernación a la agencia Télam.

Pese a no estar confirmados el lugar ni la fecha exacta, el encuentro de la gobernadora con su equipo sería, como las dos veces anteriores, en el chalet oficial de Chapadmalal, a 35 kilómetros de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, durante la última semana de marzo. Será el tercer encuentro de este tipo que realiza Vidal, que durante dos días combinan reuniones y debates vinculados a la gestión y a los objetivos de cada ministerio, pero también para reforzar los lazos entre los miembros del gabinete.

Por Jaime Rosemberg

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