El oficialismo anuló el concurso para la Defensoría del Niño y reabre la disputa por el perfil ideológico del cargo
La bicameral controlada por LLA dejó sin efecto la postulación de María Paz Bertero, aprobada por Diputados en 2025; el Gobierno impulsa un nuevo proceso para designar a una figura alineada con sectores “celestes”
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El oficialismo apuró en el Congreso la anulación del concurso que había seleccionado a la abogada María Paz Bertero para ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y resolvió abrir un nuevo proceso de selección con otro reglamento.
Fue durante la primera reunión de la Comisión Bicameral encargada de definir ese cargo. Quedó expuesto allí que más allá de una disputa política existe una puja ideológica alrededor del perfil que el Gobierno pretende para ese organismo.
Bertero había sido seleccionada en 2025 tras un concurso público impulsado por la comisión bicameral y su postulación fue aprobada por la Cámara de Diputados con 156 votos positivos, 44 rechazos y seis abstenciones. La acompañaban en la terna Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. La candidatura había reunido apoyos de Unión por la Patria (UP), pero también de sectores dialoguistas como Pro, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el MID. Sin embargo, la ratificación quedó frenada en el Senado.
La ofensiva para dar de baja el proceso fue encabezada por la presidenta de la bicameral, la senadora Vilma Bedia, junto a los diputados Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz. Todos referentes cercanos a sectores religiosos −evangelistas y católicos− que rechazan la legalización del aborto.
Bertero es una abogada especializada en violencia de género y defensora de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un posicionamiento que generó resistencia dentro del oficialismo, que pretende impulsar para el cargo una figura vinculada al denominado movimiento “pañuelo celeste”.
El argumento formal utilizado por La Libertad Avanza (LLA) fue que el concurso perdió vigencia. Bedia sostuvo que la terna “se encuentra vencida” según los artículos 106 y 111 del reglamento de la comisión y planteó la necesidad de iniciar un nuevo proceso “desde cero”.
Mayoraz fue el principal vocero técnico de esa posición. Señaló que el concurso tenía una vigencia de 180 días corridos desde septiembre de 2025 y que ese plazo venció el 22 de marzo de este año. También denunció supuestas irregularidades administrativas durante la gestión anterior, a cargo de la radical Natalia Sarapura: habló de exámenes sin firmas de legisladores, errores en las puntuaciones y falta de transparencia en el acceso a las evaluaciones.
Desde la oposición rechazaron esos argumentos y acusaron al oficialismo de intentar anular una designación ya validada políticamente por Diputados. Legisladores de UP defendieron la legalidad del concurso y señalaron que la interpretación histórica de la comisión siempre consideró los 180 días como hábiles legislativos y no corridos. Esa misma posición tomó Sarapura en diálogo con LA NACION.
El senador peronista Daniel Bensusán recordó que una resolución de 2019 ya había fijado ese criterio, mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio sostuvo que la terna aprobada por la bicameral debía ser tratada por el Senado y no anulada mediante una resolución interna de comisión. En la misma línea, el jefe del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, denunció una “tropelía legislativa”.
El oficialismo, sin embargo, impuso su mayoría de seis firmas y aprobó la Resolución 1/26, que dio por finalizado el concurso de 2025 y habilitó la convocatoria a uno nuevo. Lo hizo con cinco firmas libertarias y una de Pro, la de Victoria Huala, en una decisión que contrastó con la de su partido el año pasado.
Tras la decisión, Bertero cuestionó el cambio de criterio aplicado por la bicameral y vinculó la maniobra con motivos políticos. “El único antecedente que existe determinó que los 180 días eran hábiles legislativos. Cambiar ahora las reglas de juego demuestra que el criterio no es técnico sino político”, afirmó.
La abogada también denunció que durante las últimas semanas hubo “campañas de desprestigio” impulsadas desde sectores oficialistas contra los integrantes de la terna y advirtió que la Defensoría “queda completamente debilitada” en un contexto de recortes presupuestarios y retroceso de políticas públicas vinculadas a la infancia.
Las organizaciones de derechos de la niñez también criticaron la decisión. Francisco Rodríguez, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integrante del colectivo Infancia en Deuda, sostuvo que la anulación del concurso genera “un escenario de enorme incertidumbre jurídica e institucional” y cuestionó que las reglas hayan sido modificadas “con el proceso ya avanzado y después de que incluso la Cámara de Diputados hubiera aprobado la terna”.
Rodríguez también alertó sobre el impacto institucional de mantener vacante la Defensoría. “Las infancias necesitan una Defensoría plenamente operativa. Lo que reclamamos es que se retome un diálogo político serio que permita avanzar con una institución fuerte y funcionando”, afirmó.
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