El oficialismo atribuye el fallo a una "justicia corporativa"

En la Casa Rosada se respiró ayer un clima enrarecido. La presidenta Cristina Kirchner evitó referirse al fallo judicial que suspendió por inconstitucional la elección por el voto popular de consejeros de la Magistratura, pero les dio luz verde a todos sus funcionarios para que denuncien que el Poder Judicial responde a "un sistema corporativo" que alienta "maniobras destituyentes".

La sentencia de la jueza electoral María Servini de Cubría era esperada desde hacía varios días en Olivos. De hecho, la Presidenta había atacado el lunes último al Poder Judicial para condicionar el eventual fallo de la Corte Suprema, que podría invalidar la reforma judicial.

El más duro fue el senador Marcelo Fuentes, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Comparó la sentencia con la revolución de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón. "Cuando la democracia los afecta, automáticamente antes era el golpe de Estado y ahora es a través de las sentencias judiciales", equiparó.

Consultado por La Red sobre si existe un clima destituyente, según la agencia DyN, Fuentes señaló tajantemente: "Creo que sí; todo empieza con la exacerbación del odio y la descalificación".

Mientras tanto, las suspicacias ganaron fuerza en la Casa Rosada. "Este fallo refuerza el diagnóstico de una Justicia corporativa que intenta inviabilizar la gestión de Cristina", dijo a LA NACION un allegado a la mandataria. "El Gobierno dirá que los jueces, que no son votados, obstruyen políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que sí son elegidos por el voto popular."

Es más, la Presidenta podría hacer propio en los próximos días el argumento de Fuentes. Esto es: denunciar que la Corte Suprema prepara un golpe de Estado.

"No le fallen al pueblo"

La primera línea del Gobierno, con la venia de la Presidenta, atacó a la jueza Servini de Cubría. Así lo hicieron el vicepresidente, Amado Boudou, y los ministros de Justicia, Julio Alak, y del Interior y Transportes, Florencio Randazzo, entre otros. Pero la propia Cristina Kirchner, que encabezó una inauguración de una planta de YPF en Mendoza, pronunció un discurso de 33 minutos en el que no mencionó al fallo, ni a la Corte Suprema, ni la reforma judicial.

Sólo suplicó a viva voz: "Yo quiero que no le fallen a la Argentina. No le fallen al pueblo". Se lo decía a sus militantes, pero algunos interpretaron, por el énfasis, que la exclamación tenía un segundo destinatario: la Corte Suprema, que deberá ratificar o revocar el fallo de Servini de Cubría luego de que el Poder Ejecutivo lo apele con un recurso de per saltum .

"Yo soy circunstancial y temporal. La Argentina es lo permanente", exclamó la Presidenta. "No me extraña el fallo, pero sí es una barbaridad. Nunca que el pueblo vote puede ser inconstitucional. Me parece una locura", dijo Fuentes. Opinó que la Justicia es "una corporación que funciona con negocios e intereses concretos, y cada vez que se intenta democratizar se abroquelan políticamente y corporativamente sin ningún tipo de pudor".

Por su parte, Alak advirtió que el Poder Judicial es "un poder corporativo, aristocrático y predemocrático". Y que "no es un poder de los jueces ni de los abogados, sino del pueblo".

Con el mismo discurso uniforme, Boudou agregó: "Debemos salir del sistema de democracias tuteladas y enfrentar a las corporaciones". Randazzo aseguró que la de Servini de Cubría fue "una decisión absolutamente corporativa, que cercena la posibilidad de un derecho elemental: a poder participar, a votar".

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez (FPV), sostuvo que "la Justicia debe perder su temor frente al pueblo".

También el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, defendió el derecho a votar los consejeros y dijo que el fallo "no es la mejor medida desde el punto de vista judicial".

Al coro de voces se sumó el senador Aníbal Fernández: "Salió [el fallo] con una celeridad fenomenal a una hora importante para que los diarios lo pudieran levantar". Y la jefa del bloque Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, aseguró que "es la reafirmación de la pertenencia a una corporación".