El oficialismo coincide en dar por sentada una condena a Cristina Kirchner, pero cree que será revertida en 2024

Las enormes diferencias al interior de la coalición oficialista parecen quedar saldadas, de forma parcial y temporal, en vistas a lo que sucederá este martes, cuando en los tribunales de Comodoro Py se lea el veredicto en el juicio conocido como “vialidad”. La mayoría de los consultados por LA NACIÓN se mostró convencido de que Cristina Kirchner será condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que tiene a su cargo el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en favor de Lázaro Báez. Aunque, creen que eso podría ser revertido por un tribunal de alzada, a partir de 2024.

En ese escenario coinciden kirchneristas y albertistas, en tanto que en las filas del Frente Renovador, de Sergio Massa, tercera facción de la coalición de Gobierno, evitan definiciones. Se amparan en el escenario conflictivo que tienen en materia económica para asegurar que con esos frentes, imposible prestar atención a algo más y poder saber cómo vienen las cosas.

“No se hizo lo que se hizo hasta ahora para no condenarla”, evaluó un funcionario del Ejecutivo, que reporta en la filas de La Cámpora en referencia al proceso judicial al que consideró “político” al igual que el alegato de Diego Luciani, fiscal del caso. Luciani en agosto pasado pidió que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El pedido de inhabilitación están seguros en el oficialismo que no complicará los planes de Kirchner a nivel electoral, sean cuales sean.

En su alegato, Luciani también pidió que la fortuna de la vicepresidenta sea decomisada hasta la suma de al menos 5321 millones de pesos. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, fue la frase con la que el representante del Estado en el juicio interpeló al tribunal, en el marco del debate oral y público que puso bajo la lupa 52 obras públicas otorgadas entre 2003 y 2015.

La acusación de Luciani sostiene que Kirchner, junto a varios exfuncionarios de su administración, tanto nacionales como provinciales, direccionó contratos de 51 obras viales que quedaron incompletas, tenían sobreprecio o que eran innecesarias. Tanto Kirchner como su defensa oficial y sus defensores políticos rechazan de plano esas acusaciones, aunque están quienes admiten entre estos últimos que, de haber responsabilidades, estas deberían quedar acotadas a funcionarios provinciales, encargados de velar por el cumplimiento. Es decir, el eslabón más débil de la cadena.

Desde el ala dura del oficialismo no solo apuntan al “partido judicial” sino también al rol que le asignan al macrismo en el entramado de tribunales para explicar la situación de Kirchner. “Todo se hizo con miras al cronograma electoral. El juicio empezó poco antes de que se inicie el proceso para las elecciones de 2019 mostrando a Cristina en el banquillo de los acusados, la hicieron volver a sentarse en diciembre, unos días antes de asumir y ahora la condenan en la previa a las elecciones de 2023 porque la quieren en campaña condenada”, enlistan al mismo tiempo que admiten que no creen que una eventual condena complique los planes electorales de Kirchner. Enumeran en ese sentido tres variables: el descrédito público que tiene la justicia, la falta de una condena firme para cuando se vote y en cuanto a impacto en la sociedad afirman que la polarización dada hace que los que crean que es inocente lo seguirán haciendo pese a la condena y viceversa.

“Lo que viene es un fallo político, lo que quiero es ver cómo escriben los fundamentos los jueces porque no sé cómo van a fundamentar el veredicto, 1000, 1200 páginas, que aunque después nadie lea, tienen que justificar la condena”, se explayó el mismo hombre del camporismo que asegura haber sido de los pocos que leyó punto a punto lo sucedido con resoluciones como Hotesur o Los Sauces.

“La van a condenar y en 2024 la Cámara de Casación va a mandar a hacer un nuevo juicio porque esto es insostenible”, es otra de las consideraciones que emiten cerca de Kirchner y aluden a que “si una persona no firmó ni un papel cómo la van a condenar como jefa de una asociación ilícita” en referencia a una de las figuras penales que se le imputan a Kirchner.

En esa línea, coinciden con la filas del presidente Alberto Fernández, desde donde también cierran posiciones para defender a la vicepresidenta. “No está acreditada la asociación ilícita, con lo cual de ahí para abajo es todo forzadísimo”, insisten con contundencia.

Las coincidencias se extienden al evaluar como “alegato político y no técnico” lo realizado por Luciani, sobre el que aseguran que “no mostró una prueba, ni aludió consistentemente a ninguna de ellas”. “¿Dónde está la presunción de inocencia? Acá no se demostró lo contrario”, afirman.

En cuanto a Luciani, cerca de Fernández también mencionan el cruce que hubo en febrero cuando el mandatario fue de forma presencial a declarar en la causa como testigo de la vicepresidenta por su rol de jefe de Gabinete durante el período bajo la lupa. Punto al que aluden también para señalar la “consecuencia” del mandatario en el caso, en el que tras las últimas palabras de Kirchner se expresó en Twitter. A la vez que eluden comentarios que apuntan a un guiño de Fernández en pos de una tregua interna. “Él siempre pensó lo mismo, esto es un disparate”, juran.

“Aunque es en el terreno de la especulación, todo indica que va a haber condena”, coincidió un colaborador del mandatario. “La van a condenar y después se verá, porque lo que nadie se puede explica cómo los jueces van a poder escribir para fundamentar lo que digan en la lectura del veredicto”, completan en referencia a los fundamentos del fallo que se conocerá después de la feria de verano, entre febrero y marzo próximo, en coincidencia con el kirchnerismo duro.

La mayoría de los consultados cree que no podrá condenarse a Kirchner como jefa de asociación ilícita, “por más inventiva que pongan los jueces, es inverosímil que la puedan condenar bajo esa figura”, detallan. Algunos consideran incluso que eso sentaría una “peligrosa” jurisprudencia. “Si una persona no firmó ni un papel, cómo se la condena por asociación ilícita”, se preguntan cerca de la vicepresidenta y amplían al “peligro por el precedente que eso podría generar”.

Mientras algunos evalúan que solo se la podrá condenar por administración fraudulenta, otros consideran que la imposibilidad de achacarle el delito de jefa de asociación ilícita forzaría eso.

“La van a condenar y en 2024 la Cámara de Casación o la Corte más adelante, van a mandar a hacer un nuevo juicio”, confían porque insisten, “ahora el partido judicial de la mano de Mauricio Macri, la necesita condenada”.

Por Cecilia Devanna

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