El patrimonio de Ariel Lijo: usa un departamento prestado por un viejo amigo de la política, valuado en 2 millones de dólares

Como forma de vida, el juez federal Ariel Lijo tejió una amplia red de relaciones, no solo en el mundo judicial sino también en la política. Lijo es un hombre fuerte de Comodoro Py que enfrentó denuncias por su patrimonio y por el manejo de causas sensibles para el poder. Ninguna de las acusaciones le trajo mayores consecuencias y, pese a ellas, está cerca de convertirse en juez de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque el magistrado declaró una única vivienda en la localidad de Hudson, en el country Abril, en la Capital Federal Lijo habita el quinto piso de un lujoso edificio de la avenida Alvear, a la altura de la calle Ayacucho. El inmueble, cuya dirección exacta no es incluida en esta nota por tratarse del domicilio de un funcionario judicial, tiene, según fuentes de mercado, un valor aproximado a los US$2.000.000. Un alquiler en ese edificio costaría entre US$5000 y US$ 7000 por mes, calcularon los especialistas inmobiliarios consultados por LA NACION. Y solo las expensas, alrededor de $2.000.000.

La propiedad, sin embargo, no figura en la declaración jurada de bienes presentada por el magistrado, porque le pertenece, según reconstruyó LA NACION, al exembajador argentino en España de los tres gobiernos kirchneristas, Carlos Bettini, amigo de la expresidenta Cristina Kirchner, figura clave para que Lijo obtenga los votos del bloque kircherista en el Senado. Este diario se comunicó con Lijo y con Bettini, pero no obtuvo respuestas. Según reconstruyó LA NACION, el exrepresentante argentino en Madrid, que enfrentó acusaciones por corrupción, mantiene una larga amistad con el juez federal y con su hermano, Alfredo Lijo, conocido por ser un viejo operador judicial en los tribunales federales de Comodoro Py.

En su declaración jurada presentada el año pasado en el Consejo de la Magistratura (sobre el período fiscal 2022) Lijo informó tener inmuebles por un valor fiscal de $10.390.476,52, que incluyen un lote en Hudson, en el country Abril. El lote fue adquirido en 2010 y el juez declaró mejoras realizadas entre 2011 y 2017. En la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2022, que es la ultima informada por el juez, comparte la titularidad de ese inmueble con su expareja Magalí Mazzuca, quien trabaja en la Corte Suprema de Justicia como secretaria letrada.

Por otro lado, declaró un total de $1.503.137 en cajas de ahorro y cuentas corrientes de distintos bancos, 9.580.000 pesos y 40.000 dólares en efectivo. En ese entonces declaró, además, una deuda total de $417.858,74 (incluyó en ese concepto una deuda hipotecaria del Banco Provincia de Buenos Aires por $378.781,5 y deudas de tarjetas de crédito por $39.077,16).

Lijo tiene una fuerte presencia en los tribunales federales de Comodoro Py, donde tiene tres juzgados a cargo: el propio, que es el N° 4; el N° 12, que quedó vacante tras la salida del juez Sergio Torres; y el N° 6, que sigue vacante tras la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral. Según la escala salarial, el sueldo de juez de primera instancia es de $2.818.486 y las suplencias se pagan alrededor de $771.769.

El juez tampoco informó en su última declaración jurada la titularidad de ningún vehículo. Sin embargo, como informó LA NACION en 2018, manejó un Mercedes Benz clase E 350, con una cédula azul emitida por Caledonia Seguros, la compañía que pertenecía a su hermano Alfredo “Freddy” Lijo. Caledonia acumuló autos detrás de los cuales hay una trama delictiva revelada por LA NACION en abril pasado.

Antes de que el Gobierno enviara al Senado el pliego de Lijo, este recibió fuertes impugnaciones, casi todas en torno a su actuación como juez y a su patrimonio. Hay un conjunto de entidades que tiene previsto presentar una nueva impugnación en los próximos días por supuestas violaciones al proceso, según lo establece el decreto 222, respecto de la situación patrimonial que deben acreditar los candidatos propuestos sobre sus hijos, cónyuges, convivientes y su entorno familiar.

El amigo embajador

Cuando Nestor Kirchner eligió y postuló a Bettini para la embajada argentina en España, en 2004, los dirigentes radicales, encabezados por Ángel Rozas, cuestionaron el paso del postulante por el directorio de Aerolíneas Argentinas y su participación en otras empresas de capitales españoles. De hecho, las versiones sobre su rol de lobbista no fueron solo especulaciones, sino que se volcaron en acusaciones concretas que Bettini afrontó en la justicia. Fue sobreseído en los tribunales federales de Comodoro Py al menos tres veces, según reconstruyó este diario.

En 2004, según informó LA NACION, Bettini había refutado los cuestionamientos con el argumento de que fue sobreseído en dos causas en los juzgados federales de los jueces Jorge Urso, en 2002, y de Jorge Ballestero, en 2003.

Urso lo investigó por una denuncia de cohecho iniciada por un anónimo, a causa de declaraciones de Patricia Bullrich en 2000 y Ballestero lo indagó por una denuncia del abogado fallecido Ricardo Monner Sans. La denuncia de Bullrich lo señalaba por haberle insinuado coimas cuando ella se desempeñaba al frente de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La de Monner Sans se apoyaba en una presunta vinculación de Bettini con directivos del español Grupo de Juego Cirsa.

Hacia finales de 2019, durante los últimos días del gobierno de Mauricio Macri, Bettini recibió, una vez más, buenas noticias de la justicia federal argentina. El exjuez Canicoba Corral lo sobreseyó (como subrogante del Juzgado N° 12) en un expediente que lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito, según una nota de Infobae.

Las terminales políticas de Bettini en España, donde vive actualmente, se mantuvieron a lo largo del tiempo y, el año pasado, un conjunto de legisladores de Pro, UCR y la Coalición Cívica enviaron un proyecto de resolución a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para pedir información sobre las funciones que desempeña en la embajada, a partir de trascendidos de que el entonces embajador Ricardo Alfonsín lo tenía contratado allí.

“A pesar de las denuncias en su contra, y con la connivencia de la Cancillería argentina, el señor Bettini fue contratado por el embajador Ricardo Alfonsín en 2022 para desempeñarse en esa embajada en el área empresarial, recibiendo una consistente retribución”, dice el proyecto firmado, entre otros, por Maxiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Y sostiene: “Su nombramiento implica una clara violación a la ley del Servicio Exterior de la Nación, ya que su nombre no figura en la nómina de empleados de esa sede diplomática, motivo por el cual esa contratación está siendo investigada por la Oficina Anticorrupción. Ante lo dicho, resulta imprescindible que se den las explicaciones pertinentes acerca de las funciones que desempeña Bettini en nuestra delegación en España, así como la remuneración que percibe por ella”.

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