El plan Qunita, un programa marcado por las irregularidades

"Cuidar la salud de las embarazadas y los recién nacidos, con el fin de garantizarles a los argentinos un inicio de vida equitativo y las mismas oportunidades para crecer con salud". Esa era la razón central de la ex presidenta para presentar, en julio del año pasado, el Programa de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido, conocido como plan Qunita.

Sin embargo, poco después se conocería que, desde su inicio, el programa estaba envuelto en sospechas e irregularidades. La legisladora porteña de ECO Graciela Ocaña denunció penalmente la millonaria licitación a partir de un artículo del sitio Eliminando Variables.

Los kits maternales habían sido fabricados en su mayor parte por una inmobiliaria, Fasano SRL. La razón social de la empresa no se correspondería con el objeto de la contratación. Se trató de un negocio de casi mil millones de pesos con el Estado que es investigado por el juez federal Claudio Bonadio, quien finalmente hoy procesó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández,al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su sucesor en Salud, Daniel Gollán.

La ejecución de la millonaria partida presupuestaria estuvo a cargo de la Secretaría de Salud Comunitaria, que dirigía el militante de La Cámpora Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud, y quien también fue procesado esta mañana.

El plan

El programa estaba destinado a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social que estaban inscriptas en el programa Sumar y para recibir el kit madres e hijos debían realizarse controles médicos obligatorios.

Los kits Qunita se otorgaban en el contexto del Alta Conjunta, y la entrega podía realizarse hasta los siete días posteriores al nacimiento. Para ello, la madre (o quien ella designe) debía concurrir al establecimiento de salud donde se produjo el nacimiento y presentar su DNI y CUIL y el certificado de nacimiento del bebé, tal como se anunció en julio pasado.

Más polémicas

Ayer, finalmente el Gobierno suspendió la entrega de kits por razones de seguridad. La decisión se basó en un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la seguridad de los dispositivos que ofrecía el programa, en particular las cunas y bolsas de dormir.