El presupuesto 2026 pone a prueba la tregua entre Jorge Macri y Milei en la Legislatura porteña
Pro espera aprobar el proyecto el 27 de noviembre, antes del recambio de diputados; el bloque libertario de Pilar Ramírez condiciona su apoyo a un mayor alivio fiscal, pero no descarta un acuerdo
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La Legislatura porteña dictaminó la semana pasada el proyecto de presupuesto de la ciudad y Jorge Macri apuesta a aprobarlo y anotarse un triunfo antes del recambio de la cámara. Con un peronismo crítico sobre las prioridades de la gestión macrista, el alcalde busca el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), con quien Pro mantiene una tregua desde que sellaron la alianza electoral para los comicios nacionales. Las exigencias del bloque violeta por un mayor alivio fiscal y achicamiento estatal rumbo al debate en el recinto pondrán a prueba la sostenibilidad del vínculo.
Las elecciones locales de mayo dejaron un duro revés para Pro que, con alrededor del 15% de los votos quedó relegado al tercer lugar detrás de La Libertad Avanza (30,1%) y Fuerza Patria (27,3%). A partir del 10 de diciembre, se convertirá en la tercera minoría en el recinto, detrás del peronismo, que se hará con un tercio de la cámara, y La Libertad Avanza, con 11 bancas. Por eso, en el oficialismo apuestan a aprobar el presupuesto antes del recambio legislativo y marcan en el calendario el 27 de noviembre como la fecha decisiva. Ese día también se trataría el Código Fiscal 2026 y la Ley Arancelaria.
Tienen hasta entonces para reunir los votos que aún no tienen garantizados para aprobar el proyecto. El peronismo les ofrece una férrea oposición con el argumento de la baja inversión en materia de vivienda y, en palabras del legislador Matías Barroetaveña, “una falta de apoyo a los inquilinos”. En Pro saben que no contarán con el respaldo de sus 18 diputados y se abocan a conseguir el aval de los libertarios que, el año pasado, rechazaron el proyecto en medio de exigencias por recortes y una reducción impositiva.
Esas mismas demandas persisten ahora y son el motivo por el que, en la reunión de comisión del jueves pasado apoyaron en disidencia el dictamen del oficialismo. “Nosotros vamos a votar el dictamen en disidencia parcial porque de cara al recinto tenemos algunas observaciones que nos gustaría que se siguieran considerando”, advirtió Pilar Ramírez, jefa de la bancada libertaria.
En cambio, la UCR, la Coalición Cívica, Confianza Pública y los sectores alineados con el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, respaldaron el dictamen.
En Pro se muestran confiados no solo en retener ese apoyo, sino también en alcanzar un acuerdo con LLA antes del 27 de noviembre. Reconocen que el pacto electoral en el distrito para los comicios nacionales −que se concretó pese a la resistencia inicial del jefe de gobierno− permitió alcanzar una tregua en el ámbito legislativo y confían en poder mantenerla en la que sería la última sesión de un período ordinario marcado por la baja actividad en el recinto.
En LLA no descartan la posibilidad de llegar a un acuerdo y celebran que en la bancada amarilla hayan aceptado incorporar algunas de sus sugerencias al texto del presupuesto, aunque consideran que aún tienen margen para presionar por mayores reformas. Señalan que el triunfo de la lista encabezada por el jefe de gabinete Manuel Adorni en la contienda local inclinó la balanza a su favor y que, desde entonces, Pro se ha mostrado más abierto a su agenda desregulatoria. El triunfo a nivel nacional en las últimas elecciones habría ratificado ese rumbo, por lo que todavía pujan por mayores cambios.
Según pudo saber LA NACION, impulsan una bonificación del 100% de Ingresos Brutos para las tres categorías más bajas del régimen simplificado y del 75% para las cinco siguientes. Esperan también una reducción de la alícuota que se aplica sobre la herencia y división de bienes (del 0,50% al 0,25%) y las transacciones inmobiliarias (del 3,5% al 1,75%), entre otras bajas impositivas. Además, abogan por un recorte en las dependencias estatales.
El gobierno de Jorge Macri prevé cerrar el próximo año con un superávit de $6000 millones. Estiman gastos por $17,4 billones, con un fuerte foco en educación y obras de infraestructura, como la renovación del autódromo Gálvez −otro de los principales focos de tensión con la oposición− y la construcción de la línea F de subte, e ingresos por $17,3 billones.
Estos últimos son los que podrían verse afectados por las exigencias de La Libertad Avanza, en especial frente a la deuda que Nación mantiene con la ciudad desde agosto y que −según estiman en Uspallata− ya asciende a $274.000 millones. A eso se suman los US$6000 millones que reclama la Ciudad por lo que le dejaron de pagar desde 2020, cuando Alberto Fernández recortó la coparticipación.
La semana pasada, el alcalde porteño se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar los fondos adeudados, pero no lograron llegar a un acuerdo. En el Palacio de Hacienda, sin embargo, se comprometieron a “estudiar” el pedido de Macri. La promesa parece haber sido suficiente para un Pro acorralado en su tradicional bastión: sus dirigentes aseguran que esa disputa no afectará las negociaciones locales y que el reclamo seguirá su curso de forma paralela.
Sus esfuerzos se enfocan en reunir las mayorías necesarias para pasar el presupuesto y las leyes fiscales antes de que la Legislatura se convierta en un territorio incluso más hostil, con un peronismo empoderado y un larretismo que puja por volver a posicionarse rumbo a 2027.
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