El primer trimestre del año cerró con una suba del 90% en los subsidios energéticos respecto de 2021

Contra la resistencia del kirchnerismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, decidió avanzar en un segundo aumento en las tarifas de luz y de gas en un intento por frenar la escalada de subsidios energéticos que, según datos oficiales del primer trimestre del año, se incrementaron en un 90% en términos reales respecto de igual período de 2021. Esta suba impactó de lleno en el gasto público, que exhibió una marcada aceleración en los primeros tres meses del año.

Así lo advierte el último informe de ejecución presupuestaria que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Allí se da cuenta que los subsidios a la energía durante el primer trimestre de 2022 totalizaron $305.428 millones –el 0,4% del PBI-, lo que representa una suba del 90,1% en términos reales respecto del primer trimestre del año pasado. Según explica la OPC en su informe, el aumento se explica principalmente por la brecha creciente entre los precios de generación de la electricidad y las tarifas que paga la demanda.

Sobre este punto, la OPC detalla que en febrero de este año las tarifas que pagan los usuarios sólo alcanzan a cubrir el 33% del costo de generación de la energía eléctrica. En febrero del año pasado, esa cobertura alcanzaba al 43%.

Esta brecha es la que, precisamente, procura acortar el Ministerio de Economía con un nuevo aumento en las tarifas de gas y energía eléctrica. Se trata de uno de los compromisos que asumió el Gobierno en el acuerdo que suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI): allí se estableció como meta una reducción de 0,6% del PBI de los subsidios energéticos este año. En función de ello, la secretaría de Energía, conducida por Darío Martínez, convocó a audiencias públicas a realizarse el 10, 11 y 12 del mes próximo para discutir el nuevo cuadro tarifario.

Lo cierto es que esta bola de nieve en la que se han transformado los subsidios energéticos impacta de lleno en el gasto público. Según el informe de la OPC, durante el primer trimestre de este año los gastos primarios registraron un aumento del 16,5% en términos reales respecto de igual período de 2021, mientras que los ingresos tuvieron una expansión del 3,6%. Este desequilibrio se tradujo en un incremento interanual del 409% del déficit primario ($392.842 millones) y del 142% del déficit financiero ($659.926 millones).

El peso de los planes sociales

La suba del gasto primario se explica no sólo por el impacto de los subsidios energéticos sino también por el incremento que tuvieron las prestaciones sociales durante este primer trimestre. Esta suba alcanzó el 9% en términos reales debido a la movilidad de los haberes y la expansión de la cobertura de los principales programas sociales: Potenciar Trabajo; Políticas Alimentarias y Progresar, los cuales tuvieron variaciones interanuales reales de 68,1%, 33,8% y 265% respectivamente.

Según se destaca en el informe de la OPC, entre el primer trimestre de 2021 e igual período de este año, el universo de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo aumentó un 52% (de 855.344 titulares activos a 1,3 millones), mientras que la prestación alimentaria otorgada con la tarjeta Alimentar subió un 56% (de 1,6 millones a 2,5 millones).

Sobre este punto, la OPC destaca un dato llamativo: si se toma como base el primer trimestre de 2018, las transferencias en programas sociales tuvieron una suba significativa, del 130,7% en términos reales. Por el contrario, advierte, las jubilaciones y pensiones tuvieron un retroceso del 14,9% en igual período y su participación cayó de 73,3 a 66,7% dentro de las prestaciones sociales.

En este contexto, consciente de los compromisos que asumió el Gobierno con el FMI para reducir el déficit fiscal primario (del 3 al 2,5% este año), el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta ratificó que no se darán de alta más planes sociales y que se priorizarán aquellos programas que se vinculen a la generación de empleo formal y la producción. La negativa del Gobierno de ampliar la cantidad de beneficiarios de la asistencia social tuvo su correlato en las calles con dos acampes y más de cuatro movilizaciones protagonizadas por las distintas organizaciones sociales de izquierda que forman parte de la Unidad Piquetera.

Otro dato por demás llamativo tiene que ver con las transferencias corrientes a las provincias. El acuerdo con el FMI prevé recortes en este rubro para ajustar el gasto a la pauta del déficit acordado; sin embargo, durante el primer trimestre de este año, esos ajustes aún no fueron visibles. Por el contrario, según el informe de la OPC, durante este primer trimestre las transferencias corrientes a provincias exhibieron una expansión del 17,5%, suba que se explica por dos motivos: las sumas giradas al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y, además, por las transferencias giradas al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron un incremento del 27,5% interanual.

Con semejante suba de transferencias a su provincia, el gobernador bonaerense y delfín de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Axel Kicillof, no tendría motivo para la queja, muy por el contrario. En cambio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se tuvo que contentar con una suba más módica, del 7,1% interanual, en los giros del Tesoro para atender la transferencia progresiva de las funciones de seguridad a la Capital. Peor suerte tuvieron los gobernadores a cargo de las cajas previsionales, que vieron reducidas sus transferencias en un 10,7% interanual por parte de la Nación.