El rápido final para un presunto soborno judicial

Un caso de supuesto soborno judicial está apunto de morir. El fiscal federal Gerardo Pollicita dijo que nada queda por investigar y pidió el sobreseimiento de otro funcionario de Comodoro Py: el juez federal Luis Rodríguez.

Se trata de una causa que no cumplió un año. Tres arrepentidos del caso de los cuadernos de las coimas habían declarado sobre un supuesto soborno millonario que tenía como destinatario a Rodríguez (el mismo juez que hoy procesó a Juan José Aranguren y Laura Alonso); a cambio, él iba a favorecer a Daniel Muñoz, el secretario privado de los Kirchner que estaba acusado de haber lavado decenas de miles de dólares. Rodríguez investigó ese presunto lavado hasta que la Cámara Federal lo apartó de la causa. Los camaristas lo corrieron después de que el juez les concedió a Muñoz y a su mujer la eximición de prisión. El fiscal Carlos Stornelli le había pedido que los detuviera, los indagara y les congelara las cuentas encontradas en Estados Unidos.

Para el fiscal Pollicita, la investigación de la supuesta coima está agotada y no fue posible probar soborno alguno. Entonces, afirmó, el juez debe ser sobreseído y la causa, archivada. No hay nada más por investigar. Sin acusador no hay causa así que Rodríguez puede dar por terminado el problema. Y ya no podrán volver a investigarlo por este caso.

Además, el cierre definitivo de esta causa ayudará mucho a Rodríguez en otro frente donde pesa sobre él una amenaza: el Consejo de la Magistratura. La mejor defensa frente al pedido de juicio político es el cierre definitivo de la investigación judicial en su contra. No sólo no se probó nada sino que además la Justicia considera que no queda margen para seguir buscando. En nueve meses la investigación está terminada y se archiva.

Las defensas viven quejándose del excesivo valor que jueces y fiscales les dan a los dichos de los arrepentidos; sobre todo en la causa de los cuadernos de las coimas. No va a pasar en este caso. De hecho, se abre un interrogante, ¿cómo va a afectar la suerte de los arrepentidos en cuestión esta declarada imposibilidad de acreditar sus dichos?

Las declaraciones que motivaron la apertura de esta causa contra Rodríguez fueron las de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y Elizabeth Ortiz Municoy, presunta testaferro. A sus dichos se sumó después una declaración en el mismo sentido de Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner.

Pochetti dijo que su marido había pagado diez millones de dólares "para arreglar al juez y a los abogados" y que Muñoz le había dicho que eso incluía que el juez Rodríguez los sobreseyera. Ortiz Municoy dijo que supo de ese pago por una conversación con Pochetti y otra con su exmarido, Sergio Todisco. Ortiz Municoy declaró que Pochetti le había dicho que contratara como abogado a Miguel Angel Plo, que se había ocupado del pago al juez para que la causa no avanzara. "No me sorprendió porque ya me lo había referido mi exmarido", dijo Ortiz.

Manzanares declaró que cuando Muñoz estaba internado –murió en 2016- lo fue a ver al Hospital Alemán y Muñoz le dijo, frente a Pochetti, que se quedara tranquilo, que él le había "puesto ocho millones de dólares al juez", en referencia a Rodríguez.

Después de que la Cámara apartó a Rodríguez del caso (lo apartó sin denunciarlo, alegan en los tribunales en defensa del juez), hoy Pochetti está procesada, lo mismo que Ortiz Municoy.

Esta causa se inició cuando el juez Claudio Bonadio sacó testimonio de las declaraciones de los arrepentidos para que otro juez investigara el presunto soborno. El caso quedó radicado en el juzgado de Sebastián Casanello, con Pollicita como fiscal.

El dictamen de Pollicita que pide cerrar el caso es de la semana pasada. En su escrito, el fiscal dijo que ninguno, ni Pochetti ni Manzanares ni Ortiz Municoy, "presenció, participó o puede dar fe" de que efectivamente se le haya pagado al juez porque "no percibieron directamente los hechos que denuncian a través de sus sentidos" y además la principal fuente de ellos fue Muñoz, que está muerto. Argumentó que tampoco dieron detalles de cómo fue el pago.

Pollicita pidió el sobreseimiento de Rodríguez basado, además, en que no se probó vínculo alguno entre el juez y Plo, y en que no hay en los registros movimientos que dieran cuenta de un posible enriquecimiento de Rodríguez en 2016, cuando habría cobrado la coima. Ahora, Casanello debe resolver, pero sin acusador la suerte de la causa está definida.

Pollicita nada dijo de Miguel Angel Plo, el abogado que habría participado del pago del supuesto soborno. El fiscal pidió el sobreseimiento de Rodríguez, pero no el de él. Casanello le devolvió el expediente para que se expidiera.

Queda pendiente también resolver qué impacto tendrá esta decisión de Pollicita sobre la suerte de los arrepentidos. Que se confirmen sus dichos es condición para que conserven los beneficios que les da el acuerdo; entre ellos, la libertad.

Por Paz Rodríguez Niell

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