El regreso de Vino Caliente: crece la tensión en los puertos de Rosario por una interna gremial

ROSARIO.- La tensión sindical va en aumento en los puertos del Gran Rosario, desde donde se exporta casi el 80 por ciento de la soja que produce la Argentina. El retorno de Herme Juárez al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), autorizado por la Justicia, desató una interna gremial que el jueves se hizo visible con un paro de seis horas que paralizó la carga de granos, llevado adelante por un sector opositor a Juárez, conocido como Vino Caliente.

Los rivales del sindicalista se nuclearon en la lista Celeste y Blanca, que reclama un llamado a elecciones en el gremio, que es un engranaje clave para el sector agroexportador ya que también controla la cooperativa de estibadores que perdió peso tras la detención de Juárez, pero aún mantiene una porción importante de los trabajos de carga de los buques.

Para evitar que la "sangre llegue al río" –como amenazan los opositores al histórico líder del SUPA–, en momentos en que crecen las exportaciones del sector, alentados por un incremento del precio de la soja y la baja de las retenciones, el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a representantes de los dos sectores a una reunión por separado el próximo lunes.

Las empresas agroexportadoras expresaron su preocupación ante esta situación. Temen que si no se encuentra una salida pacífica en lo inmediato, la tensión pueda terminar en un conflicto que paralice las terminales portuarias, en momentos en que las exportaciones del sector agroindustrial crecieron. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante octubre las compañías del sector liquidaron 1.715.520.147 dólares, lo que representa un 71% de aumento en toneladas exportadas del complejo sojero.

Fuentes del sector agroexportador consultadas por LA NACION mostraron su preocupación por los conflictos que puede desatar la interna sindical en el SUPA, donde el posible retorno de Juárez, quien condujo el gremio durante más de 50 años, a la par de manejar la cooperativa de estibadores, disparó un alto nivel de conflictividad.

La cooperativa que manejaba Juárez –actualmente intervenida- perdió terreno en un negocio que con Vino Caliente tenía el monopolio total, con el cobro de tarifas en dólares. Tras la detención del sindicalista, la empresa Milisenda ganó terreno en la carga de los barcos. Las terminales agroexportadoras pretenden que haya una mayor competencia en el sector.

"Queremos que el Ministerio de Trabajo llame a elecciones cuanto antes porque el regreso de Juárez al gremio va a terminar en violencia", afirmó Marcelo Vergara, sobrino de Juárez y líder de la lista Celeste y Blanca. "Él decía que el gremio era una gran familia, pero en realidad lo justo sería decir que era de su familia", aseguró el dirigente gremial.

La mayoría de los dirigentes de la comisión directiva del sindicato presentó su renuncia en setiembre pasado, todos aquellos que se oponen a Vino Caliente, según señaló el abogado Federico Jolly. "Solo quedaron Herme Juárez, su hijo Oscar y su nieta Ivana", apuntó.

Con esa estrategia, este sector gremial pretende meter presión para que se convoque a elecciones y desplazar definitivamente a Juárez, de 78 años, que –según fuentes de su entorno- está con las ganas intactas para regresar a conducir el gremio, que estuvo hasta agosto intervenido por orden del juez federal de Campana Adrián González Charvay. La cooperativa de estibadores aún sigue intervenida.

Desde el entorno de Juárez señalaron a LA NACION que el dirigente tiene mandato en el gremio hasta octubre de 2021 y que no están dispuestos a adelantar las elecciones. "Es un intento de golpe de Estado", describieron. "Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Trabajo, pero nuestra posición es que el sindicato no se entrega a nadie", afirmaron.

El regreso de Juárez, un hombre al que ni la Justicia ni la pandemia pudieron domar, a la conducción de un gremio clave en el sector agroexportador comenzó a tomar más fuerza luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejara "sin efecto" la medida cautelar que derivó en la intervención del sindicato, después de que el dirigente fuera detenido el 1º de agosto de 2019 en su mansión en San Lorenzo, acusado y luego procesado como organizador de una asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos por el juez federal de Zárate Campana Adrián González Charvay.

Luego, en setiembre pasado, siete meses después de que Juárez fue excarcelado, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del empresario y dirigente sindical por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín. En ese fallo retiraron las imputaciones por asociación ilícita y coacción agravada y acotaron los posibles delitos solo al manejo de la cooperativa.

Este fallo de la Cámara de San Martín motorizó al fiscal general Juan Manuel Domínguez a pedir que se levantara la medida cautelar de intervención del gremio. "No obran elementos probatorios que permitiesen tener por acreditado que las personas humanas se hayan valido de su condición sindical para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de su estructura para fines ajenos a los meramente gremiales", puntualizó el fiscal en un dictamen el 15 de octubre pasado.

Cinco días después, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Manuel Selva y Héctor Guisado, le dio la razón al fiscal. Ahora, Juárez prepara el desembarco al gremio que conduce desde la década del '70, cuando comenzó a montar un imperio en el rubro al llegar a tener el monopolio de la estiba de los buques y cobrar tarifas en dólares a través de la cooperativa, de la que era presidente, integrada por trabajadores afiliados al SUPA, gremio que también conducía.

Javier Rabadé, abogado del sindicalista, opinó que la causa en la que está procesado Juárez "es cien por ciento política y armada por el macrismo". El letrado afirmó que el regreso de Juárez al gremio "va a ser tranquilo, sin ningún ánimo de revancha" contra los dirigentes que continuaron en el gremio cuando estaba intervenido. Hasta mediados de octubre, la entidad gremial estuvo intervenida por la dupla designada por el gobierno nacional a través de la resolución 526/2020, encabezada por Fabián Echeverría y José Ramón Castro.

La cooperativa de estibadores sigue bajo la intervención de Roberto Pascualino, un hombre de perfil técnico de la Universidad de Buenos Aires, que a causa de la pandemia, según señalaron fuentes del gremio, viajó muy pocas veces a Puerto General San Martín, donde está la sede de la cooperativa. Le endilgan que la cooperativa perdió presencia en el mercado al no presentarse a varias licitaciones en las que estaban en juego sumas millonarias.