El reloj judicial de Comodoro Py adelanta

El presidente Javier Milei conoció cómo funcionan los tribunales federales de Comodoro Py 2002 mucho antes que sus predecesores. Transcurrió apenas un año y monedas en el poder y ya tiene una causa donde está investigado junto a su hermana Karina Milei por supuesto fraude con la criptomoneda $LIBRA.

El escándalo estalló el 14 de febrero pasado, luego de que promovió el memecoin desde su cuenta de X. No pasaron ni dos meses y medio cuando el fiscal federal Eduardo Taiano ya pidió informes para conocer los números de teléfono celular que tiene asignado desde Presidencia. La decisión apunta tanto a Milei como a su hermana, secretaria general de la Presidencia.

Se trató de un primer paso, para luego pedir la sábana con todos los llamados efectuados, recibidos y enviados y para cruzar esas comunicaciones con las que realizaron los otros sospechosos en la misma causa: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

La decisión va a quedar en manos de la jueza federal María Servini, muy allegada al juez federal Ariel Lijo, el frustrado candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Lijo se quedó sin nada, no por errores propios, sino a pesar de sus esfuerzos.

Tampoco hay que esperar que ahora Comodoro Py avance con vértigo, porque las listas de los llamados pueden demorar y para un entrecruzamiento puede pasar mucho tiempo. Pero el reloj judicial de Comodoro Py funciona más rápido que lo habitual.

La mayor especialidad en los tribunales federales no es el derecho procesal, sino la cronoterapia. El manejo del tiempo es una dimensión de la gestión judicial, y más en el fuero federal, donde las causas tramitan al ritmo de los vaivenes de la política.

Cristina Kirchner terminó condenada en 2022 por Vialidad a 6 años de cárcel por una denuncia de 2009, que se activó realmente cuando Mauricio Macri llegó al poder en 2015. Para entonces, Cristina Kirchner ya había dejado la Casa Rosada.

El fallo fue confirmado recién en 2024 cuando su poder estaba disminuido y ahora la Corte Suprema tiene su futuro en sus manos, para mandarla presa e inhabilitarla como modesta candidata a diputada provincial o nacional.

A Cristina Kirchner también le pidieron los teléfonos que usaba. Fue en dos causas: La Ruta del dinero K y la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En el caso de La Ruta del Dinero K, el fiscal Marijuán y el juez Sebastián Casanello fueron los encargados de cruzar esas llamadas.

La causa de La Ruta del Dinero K se inició en 2013. El informe con los cruces recién se incorporó en mayo de 2023 y allí se supo que Báez y Kirchner tenían una “estrecha y directa relación personal”. Hubo que esperar una década. Se analizaron un celular a nombre de Kirchner y otro de Báez, con cuatro llamados, entre octubre de 2010 y abril de 2013. Y además, en 84 líneas adjudicadas a los respectivos colaboradores, hubo 372 comunicaciones.

En el caso de la muerte de Nisman, que también investiga Taiano, aún no se conocen los resultados de los cruces de llamadas al celular de la expresidenta.

Alberto Fernández vivió pelándose con Comodoro Py durante su Gobierno, hasta le promovió juicio político a la Corte Suprema de Justicia, Pero las causas en su contra se activaron cuando dejó la Casa Rosada.

La denuncia por el fraude de los seguros contratados por el Estado en favor de sus empresarios amigos fue motorizado por el gobierno de Milei en 2024 y la justicia federal se movió con velocidad: allanó a unas 30 personas. Ahora estudia procesarlo.

Más rápido fue el caso de violencia de género contra su ex mujer Fabiola Yáñez. En diciembre de 2023 dejó el poder, en agosto de 2024 una publicación de Clarín reveló que había evidencias de que le pegaba a su mujer.

La causa aceleró y en nueve meses Fernández fue procesado. Está a punto de ir a juicio oral y público y con su teléfono abierto y sus llamadas y mensajes expuestos a la luz pública. No estaba en la Casa Rosada.

Ahora, Taiano y Servini avanzaron con el caso $LIBRA, paso a paso y en una misma dirección, a pesar de las dudas de los primera semana cuando el expediente parecía paralizado. Solo falta tiempo para saber si es equiparable, por velocidad y efecto, al allanamiento que dispuso el fiscal Carlos Rívolo al departamento de Amado Boudou en abril de 2012, cuando todavía era vicepresidente.

O si por el contrario, la causa $LIBRA entra en un valle de inmovilidad, desierto, a la espera de que la circunstancias de la política decidan su resurrección.

Por Hernán Cappiello

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