El representante de la CGT en el Consejo de Mayo se opone a la reforma laboral

La eventual reforma de la legislación laboral se coló como tema de debate en la campaña electoral. El presidente Javier Milei asegura que impulsará el año próximo un proyecto de ley que surgiría del intercambio periódico del Consejo de Mayo, un órgano colegiado consultivo creado por el Gobierno con el objetivo de debatir y elaborar iniciativas y actos administrativos necesarios para implementar los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo.

Integran el Consejo de Mayo referentes de diferentes sectores. En representación de la Confederación General del Trabajo (CGT) está Gerardo Martínez, el jefe de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) desde hace 35 años.

“La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”, planteó Martínez en una suerte de carta abierta para fijar la postura de la central obrera.

Y agregó: “En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23″.

El capítulo IV del DNU 70/23 fue suspendido por la justicia laboral y está pendiente de una definición de la Corte Suprema. En ese megadecreto, que no está vigente, Milei incluyó modificaciones en los cálculos indemnizatorios hasta propuso avanzar contra la caja y el poder sindical. También buscó limitar el derecho a huelga.

“La evidencia muestra que ningún país crece y se desarrolla empobreciendo a sus trabajadores. Cada vez que se intentó avanzar contra los derechos laborales el resultado fue el mismo: más precariedad, desigualdad y más exclusión”, expuso Martínez, de buen diálogo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien además preside el Consejo de Mayo.

Martínez planteó que no es el “exceso de regulaciones laborales” el causante de la crisis económica, sino la ausencia de una política económica que brinde condiciones reales de inversión productiva y rentabilidad sostenible. “El tan mentado costo argentino se debe al mal manejo de la política económica, tributaria y cambiaria. El salario no tiene incumbencia en el costo argentino. El libre ejercicio de la negociación colectiva como garantía de un diálogo social efectivo e institucionalizado es la llave maestra para lograr el desarrollo”, dijo el sindicalista.

El proyecto de reforma laboral que presentó La Libertad Avanza al cierre de 2024 es la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei. La intención del Gobierno es sumarle a ese proyecto lo que se acuerde en el Consejo de Mayo, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. A priori, la iniciativa oficial no afecta intereses gremiales ni generó por el momento resistencias en la CGT.

La iniciativa, cuyo título es “ley de promoción de inversiones y empleo” no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos, ejes de otrosproyectos de ley impulsados por los aliados de Pro y la UCR. La propuesta libertaria apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos.

“Los gobiernos hablan de garantía jurídica para el patrimonio y las utilidades del empresariado, pero esta garantía desaparece cuando los destinatarios son los derechos del trabajo y los trabajadores. Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo informal", señaló Martínez.

LA NACION

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