El sistema penal federal de la Capital, rumbo al colapso

Hace algunos meses adelantamos que el sistema de justicia en lo penal federal y penal económico de la ciudad autónoma de Buenos Aires estaba en riesgo de ser puesto en colapso por una apresurada e improvisada implementación de un nuevo código de procedimientos, sin el trabajo interinstitucional necesario.

Todos los fiscales de esa competencia alertaron, días atrás, al ministro de Justicia. Eso no puede pasar desapercibido, dado que serán los fiscales a quienes se les trasladará la responsabilidad de dirigir las investigaciones con menos de la cuarta parte del personal con el que hoy cuentan esos jueces que hoy llevan a cabo esa tarea.

Se insiste desde las autoridades competentes en avanzar en ello, a pesar de que no hubo aumento alguno en las partidas presupuestarias para el Ministerio Público, lo que no puede en modo alguno ser suplido con lo que la Procuración General asigna rascando hasta el fondo de la olla de su presupuesto, resignando partidas que tenían por fin otros importantes destinos.

Es cierto que resulta relevante un cambio del sistema penal federal de cara a la sociedad, mas también lo es que para ello, al Ministerio Público Fiscal le hacen falta recursos humanos (mayor cantidad de funcionarios, profesionales de cuerpos periciales y empleados), materiales (edificios con espacio suficiente para albergar a las fiscalías, procuradurías y ámbitos periciales) y técnicos (hardware y software) necesarios para investigar los delitos federales y, obviamente, actuar en paridad de condiciones con los estudios jurídicos que suelen intervenir en los intrincados procesos de corrupción propios de esta jurisdicción capitalina.

Además, a ello se suma la existencia de plazos muy estrictos para la actividad investigativa -bajo amenaza de sanción personal- a los que los jueces no se encontraban sometidos.

Es esto último un dato clave para entender que, sin suficientes medios, resultará poco posible combatir y sancionar la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, así como el resto del catálogo de delitos federales.

Por fin, debe tenerse presente que no es posible hacer referencia a aquellos procesos, con rápidos resultados, en causas de otras jurisdicciones a través de un comparativo cuantitativo, pues cualitativamente en CABA se ubica la sede de la administración pública federal, siendo la principal plaza económico-financiera del país, donde se concentra también la administración tributaria y aduanera nacional.

Nuevamente, consideramos atinente alzar la voz para alertar a las autoridades y al soberano acerca de los riesgos de apresurar el cambio de un sistema judicial sin los elementos mínimos y necesarios.

De insistir en esa aventura, la responsabilidad por debilitar a la administración de justicia en esas competencias será de esas autoridades.

El autor es fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal

Por Raúl Omar Pleé

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