Eliminarían la guarnición en la que fue asesinado el soldado

El Grupo de Artillería 161, donde fue asesinado el soldado Omar Carrasco mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, será trasladado a San Luis.

El Comando de la VI Brigada de Montaña con asiento en la capital de Neuquén, del cual dependía el Grupo de Artillería 161, quedará disuelto.

Al ocurrir el aberrante episodio el jefe de la VI Brigada de Montaña era el general Carlos Díaz quien en los últimos dos días prestó declaración ante el juez federal de Nequén, doctor Guillermo Labate por la causa de encubrimiento en el asesinato del conscripto Carrasco.

Las unidades que estaban subordinadas a la VI Brigada de Montaña, pasarán a depender de la VIII y IX brigadas con asiento en Mendoza y Comodoro Rivadavia, respectivamente.

La información trascendió ayer tras finalizar la reunión de altos mandos del Ejército que presidió el general Martín Balza.

Si bien el desplazamiento de esa unidad de batalla estaba previsto en los planes de reestructuración del Ejército, fuentes militares dijeron que todo se aceleró a partir de la repercusión que produjo en la zona el caso Carrasco.

Oficiales subalternos hicieron saber a sus superiores que sus hijos, menores de edad, estaban teniendo algunos problemas con sus compañeros de la escuela y pidieron ser trasladados a otros destinos.

Además del Grupo de Artillería 161, actualmente con asiento en Zapala, se trasladarán a San Luis los grupos de artillería de La Paz y de Santa Fe. La mudanza quedaría finalizada en el transcurso de este año.

También se disolverá el Regimiento de Infantería de Las Lajas cuyos 400 efectivos pasarán al regimiento instalado en Covunco.

Fuentes militares que participaron de la reunión de generales y coroneles ayer en Campo de Mayo, señalaron que la intención de trasladar o suprimir unidades siempre respondió al objetivo de optimizar gastos y centralizar servicios, aunque reconocieron que este era un caso especial.

En el expediente consta que, aunque le correspondía a la Justicia, el Ejército investigó el crimen; apuros de Balza.

ZAPALA.- Mientras los oficiales indagados hasta ahora en la causa de los encubrimientos del crimen de Omar Carrasco toman distancia del papel desempeñado por Inteligencia, el denominado sumario militar por abuso de autoridad contra el subteniente Ignacio Canevaro, una pieza clave en el precario armado de la historia oficial del caso, se está reduciendo a cenizas.

El general Carlos Díaz, ex jefe de la Brigada de Neuquén, confesó en su indagatoria las adulteraciones o "errores" de ese expediente, atribuyéndolos al apremio debido a una orden que el 21 de abril de 1994 le impartió el comandante, general Martín Balza, para terminarlo en pocas horas.

El Ejército no podía investigar el crimen pues era competencia de la justicia federal.

Para salvar esa traba se usó la pantalla del sumario por abuso de autoridad porque Canevaro bailó a la tropa, y en el cual surgen como máximos sospechosos del homicidio Canevaro y los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar. Los tres terminaron condenados.

De Balza para abajo siempre se dijo que el sumario se limitó al abuso de autoridad y que el Ejército no investigaba el crimen.

Pero en la foja 400 del expediente del homicidio labrado por el juez federal de Zapala, Rubén Caro, el 15 de abril de 1994 el magistrado le pidió al juez castrense teniente coronel Raúl José "copias certificadas de las actuaciones (militares) en la causa en que se investiga la muerte del conscripto Omar Carrasco".

El propio juez Caro, que tiene un pedido de juicio político frenado en Diputados, reconoce allí que el Ejército investigaba lo que debía investigar él: el crimen, no el abuso de autoridad.

Y, tal como informó ayer La Nación, el teniente coronel José le envió el 22 de abril "la información sumarial sobre el fallecimiento del ex soldado" (foja 575). Es decir, la investigación del crimen, no el abuso de autoridad.

El 15 de abril lo pidió Caro, el 21 Balza apremió al general Díaz y el 22 llegaba al juzgado federal.

A partir de entonces, la investigación del juez Caro marchó a paso redoblado por la senda de la historia oficial desechando otras hipótesis, como la del homicidio a manos del personal médico o paramédico.

Lo curioso es que el 21 de abril Caro pidió al cuartel toda la papelería del hospital de la unidad, cuyas fotocopias se incorporaron a la causa. Dos años después, el médico legista Alberto Brailovsky elaboró un informe sobre los papeles del hospital y llegó a la conclusión de que Carrasco no murió el 6 de marzo de 1994 sino que agonizó de 48 a 60 horas, fue mal atendido por médicos militares y se habría salvado con una asistencia adecuada.

Del informe surgen serias imputaciones contra el capitán médico (traumatólogo) Jorge Corvalán, jefe de la guardia médica y asesor del entonces director interino del hospital, el mayor odontólogo Martín Araujo, luego ascendido a teniente coronel.

Por todo esto la discusión sobre el sumario militar no es menor, y cabe preguntarse si se lo usó para desviar la atención del hospital.

Ayer, el juez Guillermo Labate terminó la indagatoria de casi diez horas al teniente coronel (R) Pedro Cerruti, ex jefe de la Guarnición Zapala y responsable del hospital.

Luego se presentó el teniente coronel en actividad Víctor Jordán, jefe de la Agrupación Apoyo de Inteligencia y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia de Neuquén, pero su indagatoria pasó para hoy.

A diferencia de Cerruti, Jordán ingresó de uniforme. Jordán había llegado al cuartel el 6 de abril de 1994, horas antes de que se fraguara el hallazgo del cadáver, oculto durante un mes.

Jordán también se desempeñó como secretario en el sumario militar que labraba José, un papel extraño para un jefe de Inteligencia, especialmente si, como sostienen los altos mandos, el sumario versaba sobre un simple abuso de autoridad. Es decir, el jefe de Inteligencia escribía a máquina.

Jordán y José eran asiduos visitantes del despcho del juez Caro.

En cuanto a Cerruti, según Gabriel Rouret, su defensor oficial, no recordó haber visitado el hospital en la noche del 7 de marzo de 1994 durante cuarenta minutos. Cerruti concurría siempre a la mañana y por escasos minutos.

También negó haberle ordenado al mayor médico José Carmona que firmara la ficha médica de Carrasco. Carmona sostiene que obedeció la orden de Cerruti. Y, al igual que el general Díaz, tomó distancia del papel desempeñado en el caso por el personal al mando del general Jorge Miná, jefe de Inteligencia del Estado Mayor.

En el caso Carrasco, Cerruti desempeñó un papel que cada vez se revela como más importante. Por ejemplo, el documento que el general Díaz reconoció no haber firmado en Neuquén el 6 de abril de 1994 sino el 21 en Zapala, se imprimió con la impresora de Cerruti.

Según algunas fuentes, la indagatoria de Cerruti tuvo ribetes de pugilato verbal.

Lo que pueda decir hoy el teniente coronel Jordán será decisivo, pues si bien dependía orgánicamente del general Díaz su dependencia más importante era respecto de la Jefatura II de Inteligencia a cargo del general Jorge Miná.

En un comunicado de prensa del Estado Mayor General del Ejército, el auditor general de las Fuerzas Armadas, José Reilly, desmiente la información publicada por este diario el 14 del corriente. En aquella publicación se informó que el juez Guillermo Labate consideró falso el sumario militar realizado al soldado Omar Carrasco.

A continuación se publica la totalidad del comunicado emitido: "En mi carácter de Auditor General de las Fuerzas Armadas, atento a las obligaciones que me impone el artículo 63 de la ley 14.029, no puedo soslayar referirme a la noticia divulgada por el diario La Nación, el día viernes 14 del mes en curso.

"En dicha oportunidad, el medio de prensa mencionado, en su primera plana y en letra de molde -en un artículo atribuido al periodista Jorge Urien Berri-, afirma que "Es falso el sumario militar por el caso Carrasco".

"Siendo que, conforme al procedimiento de justicia militar, corresponde a esta Auditoría General de las Fuerzas Armadas revisar todos los sumarios que eleven los jueces de instrucción militar, debiendo indicar los vicios o defectos que pudieran aquejarlos, debo manifestar que el sumario militar referido en el título de la publicación periodística de marras, en ocasión de su revisión por este organismo, no presentaba signos o indicios por cuya virtud pudiera reputárselo de falso.

"Efectuada la petinente verificación de los extremos procesales y con el asesoramiento de esta Auditoría, el expediente fue elevado sucesivamente al Consejo de Guerra Permanente para Jefes y Oficiales y a la Cámara Nacional de Casación Penal, sin que, en ningún caso, fuese objetada la verosimilitud o autenticidad de sus partes.

"Con lo procedentemente expresado cumplo con la obligación institucional de salvaguardar la legitimidad y transparencia propia de los procedimientos de justicia militar, que la publicación de referencia ha puesto inargumentadamente en dudas, afectando, además, la credibilidad de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Al pie del comunicado firma el contralmirante auditor, José Agustín Reilly.

El Ejército debe estar tranquilo y aguardar el fallo de la Justicia, fue el mensaje final del jefe del Ejército, teniente general Martín Balza a todos los generales que finalizaron ayer dos días de reuniones en Campo de Mayo.

Los altos mandos analizaron prioritariamente la marcha del juicio por el asesinato del soldado Omar Carrasco y sus implicancias para el Ejército.

Contrariamente a lo que se había dejado trascender, la reunión no estaba prevista por el calendario militar sino que fue organizada la semana última "al tomar temperatura el caso Carrasco", según señaló una alta fuente castrense que participó de las deliberaciones.

Se supo que fueron invitados unos 15 coroneles con mando de tropa y los que están a cargo de las jefaturas del Estado Mayor General.

La mayoría de los generales regresaron ayer mismo a sus unidades en el interior del país.

Después de la reunión con todos los mandos, el teniente general Balza conversó con los generales de división, pero nada se informó acerca de ese encuentro más reservado.

Por otra parte, trascendió que se disolverá en el transcurso de este año el comando de la Brigada de Montaña VI con asiento en la capital de Neuquén que comandaba el general Carlos Díaz. Esta medida estaba prevista en los planes de reestructuración , pero será acelerada a partir de las derivaciones del caso Carrasco.

El general Díaz, actualmente en disponibilidad, acaba de declarar extensamente ante el juez que investiga los encubrimientos del crimen, de lo que se informa por separado.

El jefe de Personal, general Alejandro Carullo presentó un informe en el que se indica que hasta diciembre último el 78 por ciento de los oficiales y el 62 por ciento de los suboficiales allí destinados habían pedido el paso.

El informe agregó que las solicitudes de personal que quiere ser trasladado a esa unidad alcanzan sólo al 7 por ciento de los que quieren abandonar sus actuales destinos.

Otro informe presentado ante los altos mandos señalaba que se contestaron más de 200 oficios judiciales "algunos de los cuales fueron requeridos con un plazo de 30 minutos", señaló otra fuente.

Por Jorge Urien Berri

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