Elisa Carrió presentará un informe en la ONU para denunciar los ataques del kirchnerismo a la Justicia

Elisa Carrió y la Coalición Cívica presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, un informe en el que denunciarán “los reiterados quiebres del Estado de derecho y los embates contra las instituciones de la República cometidos en la Argentina por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández”, según indicaron en un comunicado.

El anuncio se conoció un día después de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, advirtiera ante el Consejo de Derechos Humanos que en la Argentina opera una persecución judicial contra Cristina Kirchner, con la supuesta finalidad de proscribirla, y solicitara apoyo al pedido de juicio político contra la Corte Suprema,

El informe de Carrió y su bloque de diputados se presentará también ante la Relatoría especial sobre independencia de magistrados y abogados. “Tenemos que dejar claro en la ONU la voluntad del kirchnerismo de apropiarse de la Justicia”, señalaron, para agregar que el informe alcanzará también “hechos ocurridos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner”.

Tras definir como “grotesca” la presentación de Pietragalla, desde la Coalición Cívica apuntaron a la respuesta que el funcionario recibió de algunos países que integran el Consejo de Derechos Humanos, solicitando a la Casa Rosada que asegure la independencia del Poder Judicial y los investigadores. “Debido a este planteo, Carrió y la Coalición Cívica tomaron la decisión de darle a conocer al Consejo de DD.HH. de la ONU sus reiteradas denuncias y señalamiento acerca del golpe institucional y las reiteradas violaciones de los derechos humanos en nuestro país”, enfatiza el comunicado.

“Enceguecido en la búsqueda de impunidad de la vicepresidenta, el gobierno argentino atropella al Parlamento e intenta apropiarse del Poder Judicial”, advirtieron, para apuntar contra Pietragalla y el Gobierno: “El papelón que hizo ayer Pietragalla ante el Consejo de DD.HH. de la ONU es una expresión de un gobierno extraviado ante el reclamo de la Justicia”, agregaron.

“El gobierno que se jacta de su amistad con dictadores como Nicolás Maduro y Daniel Ortega, se presenta ante la ONU con un texto de ficción que el mismo organismo desmintió en su respuesta”, señalaron Carrió y la Coalición Cívica.

Ayer, Juntos por el Cambio había salido a denunciar la inusual presentación de Pietragalla, denunciando a su propio país como funcionario del Gobierno. “Repudiamos la acción de los representantes del gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, advirtió la coalición opositora en un comunicado.

“Expresamos a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregaron, en alusión a las causas en trámite contra la vicepresidenta y contra la dirigente jujeña Milagro Sala, que también fue mencionada por Pietragalla como otro caso de persecución judicial.

La presentación de Pietragalla

En el comienzo de su discurso, en el marco del 42º Período de Sesiones del Examen Periódico Universal, Pietragalla puso sobre la mesa los cuestionamientos del Gobierno a la Justicia. Según indicó, “el caso emblemático de lawfare en la Argentina es el que tiene por víctima a la actual vicepresidenta” que, dijo, “ha enfrentado un sinfín de procesos judiciales carentes de toda racionalidad jurídica”.

El secretario de Derechos Humanos indicó que Cristina Kirchner “ha sido condenada en primera instancia por el manejo de obras públicas, sin tener en cuenta que tales obras fueron dispuestas por una ley emanada del Congreso nacional y ejecutadas por funcionarios” y que “se vulneró su derecho a la defensa, al rechazarse la prueba por ella propuesta”.

“Se la sometió a juicio por hechos que ya habían sido juzgados y se la condenó por la responsabilidad objetiva que tenía por su sola condición de presidenta. Es claro que, bajo la excusa de sanción de hechos delictivos, se siguen violando garantías fundamentales del estado de derecho, porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, remarcó Pietragalla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, Suiza.

En paralelo, el secretario de Derechos Humanos reprochó que “se garantiza la impunidad a personas vinculadas al poder económico que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que han condicionado al país y generado pobreza e indigencia”.

Sala -a quien visitó en varias oportunidades en Jujuy- fue la segunda persona defendida por Pietragalla en su exposición. Tras el apoyo a Cristina, dijo que “el Estado Federal debe responder intencionalmente por la detención arbitraria sufrida en la provincia de Jujuy por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. La dirigente jujeña cumple prisión domiciliaria y, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena en su contra a 13 años de prisión por asociación ilícita, en el caso conocido como “Pibes Villeros”.

Pietragalla cerró con un pedido de apoyo internacional para los objetivos locales del Gobierno en materia judicial, tras denunciar que “la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente” y apuntar contra la Corte Suprema. “La pérdida de credibilidad del actual máximo tribunal de justicia de la Argentina implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuren fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y el estado de derecho de nuestro país”, argumentó.