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Empresarios mayoristas cuestionaron al Gobierno por la marcha atrás en la reforma laboral
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su rechazo al decreto 612/2026, que reglamenta los aportes obligatorios, y sostuvo que desvirtúa el proyecto original de Federico Sturzenegger
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LA NACION
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) manifestó su profunda “desilusión” y rechazo del Decreto 612/2026 dictado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la normativa representa un retroceso en la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La entidad empresaria, que ratificó su respaldo al rumbo macroeconómico y al ordenamiento de las cuentas públicas, advirtió sin embargo que el nuevo texto desvirtúa un objetivo central de la reforma promovida originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: terminar con la obligación patronal de financiar estructuras corporativas ajenas mediante contribuciones “que aumentan el costo laboral”.
“Las empresas están obligadas a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), aunque el empleado no reciba capacitación. Con ese argumento, se recaudan más de $30.000 millones al año, que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las empresas no quieran asociarse a ellas”, sostuvieron.
Y añadieron: “No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan. Una cosa es que una empresa decida asociarse voluntariamente y aportar a una cámara o institución que defiende sus intereses, y otra muy diferente es imponer una contribución mediante una negociación colectiva en la que no participó”.
Para Cadam, las modificaciones legislativas y la posterior letra chica del decreto presidencial anularon la promesa oficial de una flexibilización de costos.
El proyecto original promovido por la Casa Rosada establecía la estricta voluntariedad de los aportes patronales especiales a cámaras y asociaciones previstos en los convenios colectivos.
Sin embargo, el texto definitivo trocó esa libertad por un tope del 0,5% de las remuneraciones que ahora el Decreto 612/2026 direccionará hacia fines sociales y asistenciales de los trabajadores, sin eliminar la obligatoriedad de la carga.
“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtieron.
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